Comentarios a los Lineamientos para la “supuesta” producción sostenible del cultivo de aguacate (Hass) en Colombia

 Circasia, Quindío, 12 de noviembre de 2025                                                          Oficio 2025-106

 

 

 

 

 

Señora

IRENE VÉLEZ

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible

República de Colombia

 

Asunto: Comentarios a los Lineamientos para la “supuesta” producción sostenible del cultivo de aguacate (Hass) en Colombia

 

En mi calidad de ciudadano y veedor ambiental —y con fundamento en los artículos 23 y 74 de la Constitución, la Ley 1755 de 2015, la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, la Ley 2ª de 1959 y el Acuerdo de Escazú— me permito elevar respetuosa solicitud de intervención para corregir brechas críticas en la implementación de los “Lineamientos finales para la producción sostenible de aguacate (Hass)”, particularmente en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC) y cuencas altoandinas adyacentes.

De paso radicar este documento como solicitud de medidas urgentes para garantizar la protección hídrica, ambiental y cultural del PCCC frente a la expansión del monocultivo de aguacate Hass. Aplicación efectiva de los lineamientos, el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresión.

 

Contexto breve

De nuestro análisis técnico y ciudadano (adjunto) se desprende que, aunque los lineamientos reconocen compatibilidades de uso del suelo, POT/POMCA/PORH, y condicionantes en reservas de la Ley 2ª, no operan con reglas verificables en territorios donde la discrecionalidad, la captura regulatoria y la presión sobre el agua son estructurales.

Persisten: i) déficit de saneamiento y metas PORH incumplidas, ii) solicitudes de siembras y vías en alta montaña y zonas de recarga, iii) sustracciones con evaluación acumulativa débil, iv) cierre de caminos veredales y conflictos sociales, v) controles no incidentes sobre agroquímicos, y vi) participación e información declarativas (sin efectos habilitantes vinculantes).

 

Solicitudes (derecho de petición – Ley 1755/2015)

1. Moratoria hídrica por cuencas críticas

Que el MADS, en coordinación con las CAR, decrete suspensión temporal de nuevas habilitaciones y ampliaciones de caudal para Hass en subcuencas con PTAR inoperantes o metas PORH incumplidas (dos periodos de reporte consecutivos), hasta tanto no se acredite recuperación de indicadores de calidad/caudal ambiental.

2. Cláusula de exclusión fuerte

Que adopte, vía acto administrativo, exclusión taxativa para establecimiento/expansión en: páramos, nacimientos, rondas y zonas de recarga, Zonas de la Ley 2ª, áreas de conservación de POMCA/PORH, PNNN y conectividades estratégicas. En Zonas B/C de Ley 2ª, solo bajo sistemas agroforestales certificados, sin reducción neta de bosque y con restauración ≥1.5:1 en el mismo micro-paisaje.

3. Criterios operativos y medibles a escala predial

Que se fijen estándares mínimos verificables: % de cobertura arbórea nativa, ancho de corredores riparios, radios de exclusión a nacimientos/quebradas, límites de pendiente y diseños obligatorios de conservación de suelos (curvas de nivel, terrazas, drenajes), con verificación anual.

4. Protocolo Escazú vinculante

Que toda decisión (permisiva o sancionatoria) quede condicionada a: publicación proactiva del expediente completo en datos abiertos; audiencia previa con actas y respuestas motivadas; y ruta de protección a personas defensoras con plazos perentorios (medidas cautelares inmediatas cuando haya riesgo).

5. Listas negativas y “gatillos” sancionatorios

Que se expida lista negra de moléculas de alta peligrosidad y umbrales de residuos en agua/suelo, con suspensión automática del predio ante superación y caducidad del permiso a la tercera infracción (Ley 1333/2009).

6. Tablero público trimestral por predio y cuenca

Que el MADS lidere un tablero con: permisos, caudales concesionados/medidos (telemetría), PQRS, sanciones, restauración ejecutada, calidad del agua por punto y cumplimiento de metas PORH; con interoperabilidad RUNAP/SIAC y reportes descargables.

7. Protocolo minería–Hass y caminos veredales

Que se declare incompatibilidad ex ante en superposición con títulos/solicitudes mineras dentro del PCCC y que se exija, como requisito habilitante, acuerdos de servidumbre y protección de caminos (placa-huella patrimonial y libre tránsito comunitario).

8. Definición de “gran escala” y antifragmentación

Que se precise “gran escala” (por hectáreas continuas y por beneficiario real) y se adopten reglas antifraccionamiento societario para evitar elusión de topes.

9. Certificación POT–PCCC y arquitectura fiscal

Que se exija certificación de armonización con el POT–PCCC para trámites ambientales y se promuevan instrumentos de plusvalía/predial diferenciado con destinación específica a PTAR, restauración, monitoreo y salvaguarda patrimonial.

 

Información y copia de soportes

Solicito, además, se me informe en medio digital: i) el plan de implementación de los lineamientos Hass con indicadores, ii) la línea base de cumplimiento PORH y PTAR por cuenca prioritaria, iii) el estado de sustracciones de Ley 2ª en el Eje Cafetero–Tolima–Valle (últimos 5 años), y iv) el cronograma para la adopción de las medidas solicitadas.

Plazo de respuesta: Conforme al artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, agradezco respuesta de fondo, clara y completa dentro de los términos legales.

Quedo atento para ampliar información técnica, participar en mesas de trabajo y aportar insumos de monitoreo comunitario.

Atentamente,

 

LUIS ALBERTO VARGAS BALLEN

Presidente

Consejo de Cuenca del Pomca del Río La Vieja

 

Copias: a Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios; Defensoría del Pueblo; CVC, CORTOLIMA, CARDER, CORPOCALDAS, CRQ; Parques Nacionales Naturales; Ministerio de Cultura; Delegación UNESCO – Centro de Patrimonio Mundial.

Comentarios a los documentos (proyecto de resolución, lineamientos y soporte técnico).

Presentación

En mi calidad de presidente del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja (sin comprometer a sus integrantes), presento los siguientes comentarios técnicos y ciudadanos sobre el proyecto de resolución y sus lineamientos para el cultivo de aguacate Hass. Este documento contrasta, punto por punto, las disposiciones propuestas con los hallazgos del territorio PCCC y con las obligaciones de protección patrimonial y ambiental. Nuestro objetivo es contribuir —en clave del Acuerdo de Escazú— a decisiones informadas, transparentes y verificables que garanticen la primacía del agua, los ecosistemas altoandinos y la integridad cultural del paisaje cafetero.

La conclusión general es clara: la resolución promueve el cultivo apoyándose en condicionantes genéricos, lugares comunes, sin conocer ni incorporar a detalle las problemáticas del territorio cafetero, lo que a corto y mediano plazo agravará la crisis del PCCC y la completa desaparición del cultivo del café sustituido por un monocultivo que podrá sembrarse (ahora con permisos) incluso en las zonas de protección forestal protegidas por la Ley 2 de 1959.

Resumen

El texto compila y contrasta los “Lineamientos finales para la producción sostenible del aguacate (Hass)” con la realidad del PCCC. Señala que la resolución promueve el cultivo con condicionantes genéricos (POT, POMCA, “buenas prácticas”) que no incorporan los problemas concretos del territorio: déficit de saneamiento y tratamiento de aguas, presión hídrica, apertura en reservas de Ley 2ª con exclusiones débiles, manejo permisivo de agroquímicos, participación ciudadana formal pero no incidente, monitoreo sin consecuencias y omisiones sobre gentrificación, patrimonio, servidumbres y conflictos con la minería. Propone un giro: exclusiones fuertes (páramos, nacimientos, rondas, Zona A Ley 2ª), “gatillos” de moratoria por cuenca cuando fallen metas PORH/PTAR, listas negativas de plaguicidas con suspensión automática, tablero público por predio/cuenca, protocolo Escazú vinculante y arquitectura fiscal para internalizar costos. En síntesis, pide pasar del marco declarativo a reglas verificables que protejan agua, bosque, patrimonio y comunidades del PCCC.

Executive summary

The document cross-checks Colombia’s “final guidelines” for Hass avocado against the on-the-ground conditions of the Coffee Cultural Landscape (PCCC). It finds that the resolution effectively enables expansion through generic conditions (land-use plans, basin plans, “good practices”) that ignore territorial realities: wastewater deficits, water stress, permissive openings in Law 2 forest reserves, weak pesticide controls, merely formal participation, monitoring without teeth, and blind spots on rural gentrification, heritage, easements and overlaps with mining. It calls for a shift to enforceable rules: hard exclusions (paramos, springs, riparian buffers, Law 2 “A” zones), automatic basin-level moratoria when PORH/PTAR targets fail, negative lists of agrochemicals with immediate suspension, a public compliance dashboard per farm/basin, a binding Escazú protocol, and fiscal tools to internalize externalities. Bottom line: move from declaratory language to verifiable safeguards for water, forests, heritage, and communities in the PCCC.

Introducción

Los lineamientos revisados asumen capacidades institucionales y condiciones ambientales que hoy no se cumplen de manera generalizada en los municipios del PCCC. A partir de evidencias de campo y diagnósticos recientes, este documento identifica brechas críticas entre lo que el texto propone y lo que la cuenca puede soportar.

Se evalúan:

(i)                       Agua y saneamiento (pomca/porh, caudal ambiental, PTAR),

(ii)                    Reservas de ley 2ª y conectividad de alta montaña,

(iii)                  Agroquímicos y biodiversidad,

(iv)                   Participación y protección de personas defensoras (Escazú),

(v)                     Monitoreo, sanciones y transparencia,

(vi)                   Conflictos con minería,

(vii)                Gentrificación rural, patrimonio y servidumbres, y

(viii)              Capacidad de carga en residuos.

Sobre cada eje se formulan medidas operativas inmediatas (exclusiones, moratorias, listas negativas, tableros públicos, cláusula Escazú vinculante y ajustes fiscales) para pasar del papel a la protección efectiva del agua, los bosques y la cultura cafetera.

 

¿Pero qué dicen los Lineamientos para la “supuesta” producción sostenible del cultivo de aguacate (Hass) en Colombia?

Los puntos operativos clave tal como aparecen en el documento “Lineamientos revisado Final limpio” (versión 3, 20/10/2025) y su soporte técnico, son los siguientes:

1) Objeto, alcance y principios

• Objeto y versión: Lineamientos ambientales para orientar a autoridades y productores en el establecimiento y manejo del cultivo, versión 3 del 20/10/2025.
• Principios rectores / ámbito: se organizan en torno a ordenamiento ambiental-territorial, control y vigilancia, prevención de impactos y articulación con políticas (agua, suelo, biodiversidad, cambio climático).

2) Ordenamiento territorial y compatibilidad del uso del suelo

• Compatibilidad previa y certificado de uso del suelo: antes de licencias, permisos o concesiones, la autoridad ambiental debe exigir la verificación de compatibilidad con el POT (uso principal/compatible/condicionado/restringido) y considerar determinantes ambientales vigentes. Si el uso resulta condicionado o restringido, la autoridad fija condiciones para controlar impactos.
• Cultivos ya establecidos: verificar compatibilidad; si no lo son, reconversión / sustitución y, de no cumplirse, procesos sancionatorios.
• POMCA/PORH: si la cuenca está en conservación y protección, la autoridad debe evaluar compatibilidad con sus lineamientos/planes de manejo y usarlo como fundamento de decisión.

3) Producción en reservas de Ley 2ª de 1959 (zonificación A–B–C)

• Zonas tipo A, B, C:
• A: mantenimiento de procesos ecológicos básicos.
• B: manejo sostenible del recurso forestal.
• C: actividades agroforestales/silvopastoriles con componente forestal y sin reducción de bosque natural.
• Reserva Forestal Central (Res. 1922/2013): la resolución permite cultivos en zona C siempre que incorporen componente forestal.
• Reglas para alianzas productivas en B y C: sin ampliar frontera agrícola, sin reducir bosque, con componente forestal, sin afectar recurso hídrico y bajo buenas prácticas.
• Sustracción previa obligatoria cuando se requiera cambio de uso, remoción de bosque o aprovechamiento único en reservas de Ley 2ª (antes de intervenir).

4) Áreas protegidas (SINAP) y otras figuras

• AP del SINAP (DMI, DCS, AR, RNSC): pueden contener usos agropecuarios condicionados a planes de manejo/objetivos de declaratoria; deben respetarse como determinante ambiental de jerarquía superior en POT.
• Zonificaciones adicionales (Res. 1608/2021 – posacuerdo): preservación, restauración, uso sostenible para aprovechamiento de biodiversidad y uso sostenible para el desarrollo (con componente forestal). Deben considerarse cuando apliquen.

5) Verificación de zonas aptas y exclusiones/condicionamientos

• Chequeo integral previo: determinantes ambientales, uso del suelo, POMCA/PORH, cuerpos de agua dentro del predio y su régimen de protección; con base en ello, la autoridad emite concepto para continuar o detener. Puede pedir estudios de mayor detalle como términos de referencia.
• Compatibilidad en SINAP/Reservas: si el predio está en AP o reservas Ley 2ª, verificar si el régimen permite la actividad y en qué condiciones.

6) Agua: concesiones, prioridad técnica y huella hídrica

• Criterios para nuevas concesiones: disponibilidad actual y proyectada, preservación ambiental, reservas suficientes, orden de prioridades, y obligaciones de drenaje/desagüe para prevenir erosión, salinización, etc.
• POMCA/PORH obligatorios en la evaluación: agotamientos, oferta/demanda y objetivos de calidad, impactos aguas abajo y subzona hidrográfica del predio.
• Cumplimiento estricto del volumen otorgado y permisos para cada fuente usada; mantener caudal ambiental.
• Huella hídrica y precipitación recomendada: solicitar al interesado definición de huella hídrica; ubicación preferente donde la precipitación anual sea 1.200–1.800 mm bien distribuida para reducir presión sobre fuentes.
• Contexto de presión hídrica: la demanda del sector agro y el crecimiento proyectado del Hass (+182% a 2040) justifican mayor rigor en permisos y seguimiento.

7) Frontera agrícola y prioridad social

• Frontera agrícola condiciona Ley 2ª: en zonas donde se permite condicionado, se da prioridad a economía campesina, familiar y comunitaria; prohibida la gran escala.

8) Rol de las CAR (control, seguimiento y sanción)

• Competencias (Ley 99/1993): evaluación, control y seguimiento de usos de agua, aire, suelo, vertimientos, emisiones; apertura de sancionatorios por incumplimientos o afectaciones.
• Acciones frente a ilícitos/omisiones: tala para establecer cultivos, invasión de rondas, zonas de riesgo o cambios de uso sin sustracción ⇒ procesos sancionatorios; ordenamiento ambiental territorial prima y su omisión acarrea sanciones.
• Seguimiento a permisos y articulación con ordenamiento ambiental territorial.

9) Participación, información y justicia ambiental (Escazú)

• Cap. 2.7.3: refuerza participación ciudadana, acceso a información y justicia ambiental; pide eficiencia en procesos permisivos y sancionatorios, educación y buenas prácticas; alineado con el Acuerdo de Escazú.
• Proceso participativo 2024–2025: mesas/talleres con CAR, Min Agricultura, gremios, comunidades, veedurías; socialización territorial (Aránzazu, Pijao, etc.).

10) Enfoques por conflicto socioambiental

• Conflictos por agua y agroquímicos: preocupación de organizaciones locales por priorización de riego sobre consumo humano, calidad del agua y ubicación en áreas de regulación hídrica; retos para CAR en control y vigilancia.
• Síntesis operativa (figura): el soporte técnico resume exclusiones y condicionamientos previos al establecimiento y criterios para negar/otorgar permisos con compensaciones/condiciones ligadas a conectividad, biodiversidad y agua.

11) Referentes normativos y de política (selección)

• Ley 2/1959, D. 2811/1974, D. 1076/2015, D. 1077/2015, Res. 261/2018 (frontera agrícola), entre otros; además de políticas de agua/suelo y metas climáticas (–51% GEI a 2030 y carbono neutralidad 2050) que enmarcan los lineamientos.

 

¿Y cuáles son los hallazgos del contraste entre las propuestas de las Corporaciones Autónomas Regionales para proteger y preservar el PCCC (Ley 2323 de 2023) y el texto del proyecto de resolución y los lineamientos?

1. Existe total desconexión con el PCCC y los POT reales

Los lineamientos asumen que el ordenamiento municipal y departamental “ya” integra los atributos y determinantes del PCCC. Se ha demostrado ampliamente que la armonización es inexistente en la mayoría de los municipios por lo que la resolución descansa sobre un piso normativo que no existe en la práctica.

Es resultado: es una puerta abierta a autorizaciones ambientales en contextos que no protegen ni preservan el paisaje, arrasando pronto la memoria y los oficios cafeteros.

2. Entrega el agua: sin “gatillos” de cierre cuando el sistema está rebasado

Aunque la resolución habla del POMCA, los PORH y el caudal ambiental, no establece reglas claras de prioridad y moratorias operativas por cuenca (p. ej., no prioriza el consumo humano ni la función ecológica primero; aunque anuncia que si la PTAR no funciona o la meta de calidad no se cumple, se suspenden nuevas concesiones) esto en la realidad no ocurre en el territorio donde sólo el 4% de las aguas residuales es tratada.

Estamos en un territorio con déficits de saneamiento y captaciones informales, el papel aguanta todo; la fuente no.

3. Acaso se legaliza la siembra de monocultivos en las reservas de Ley 2ª, páramos y alta montaña: con condicionamientos vagos, y exclusiones poco claras

La zonificación A–B–C se traduce en “condiciones de manejo” que permiten actividad agroforestal, pero no cierran de manera taxativa los polígonos más sensibles (nacimientos, rondas, recarga hídrica, páramo, conectividad con PNN).

En el PCCC, donde la provisión hídrica depende de la alta montaña, la regla debería ser de no regresión y exclusión fuerte, no de “compensación”.

Es nuestro criterio esta resolución debería rezar así en el artículo 6. Cultivos de aguacate en reservas forestales de Ley 2° de 1959. Se prohíbe cualquier tipo de cultivo industrializado en reservas forestales de Ley 2ª de 1959.

4. Aparenta proteger la biodiversidad, pero permite agroquímicos: buenas intenciones de dientes para afuera

Se invocan “buenas prácticas” pero no hay listas negativas de moléculas prohibidas, ni un umbral de residuos en agua/suelo que dispare la suspensión automática de predios, ni vigilancia con participación comunitaria. En zonas con reportes de contaminación y pérdida de conectividad, esto equivale a una autorregulación y una total permisividad de las autoridades.

5. Aparenta promover la participación: es un reconocimiento formal sin garantías reales

El texto de la resolución propuesta menciona acceso a la información, audiencias y protección a defensores, pero no exige pruebas habilitantes (publicación proactiva de expedientes, actas y respuestas motivadas) ni fija plazos perentorios de protección cuando hay riesgo.

En un territorio con graves conflictos sociales, cierre de caminos y presión sobre los líderes e incluso asesinatos, la distancia entre el discurso y la realidad deja totalmente desprotegida a las comunidades y en especial a los veedores.

6. Pide monitoreo y sanción sin dientes: indicadores sin consecuencias

Se anuncian seguimientos e indicadores, pero no hay régimen de caducidad del permiso por incumplimientos reiterados (tres faltas graves ⇒ pérdida del derecho), ni tablero público por predio/cuenca con sanciones efectivas.

Resultado: captura regulatoria probable y reincidencia impune, como es lo que siempre ha ocurrido en la región.

7. Permite la superposición de cultivas con títulos mineros y otras presiones ambientales

No existe un protocolo vinculante para resolver incompatibilidades entre títulos/solicitudes mineros y siembras de Hass en áreas del PCCC.

Se ha demostrado desde el Consejo de Cuenca que existe superposición de títulos mineros y solicitudes con las áreas ambientales protegidas, como fuente de conflicto; la resolución la ignora, delegando el problema a un “caso a caso” que suele resolverse tarde y mal.

8. Omite referirse a la gentrificación rural y deja indefenso el patrimonio cultural

Los lineamientos no abordan el grave problema de la gentrificación, el acaparamiento de tierra ni la protección de las viviendas cafeteras y mucho menos el tejido social. En un bien patrimonial vivo como el PCCC, autorizar siembras masivas y monocultivos sin instrumentos de gestión y protección del suelo, la vivienda y el paisaje terminará por acelerar el vaciamiento cultural que se dice proteger.

9. No garantiza el acceso real a los caminos, veredas y no establece servidumbres

Ante las graves denuncias de cierre de vías veredales y peajes “privados”, la resolución no condiciona licencias a acuerdos de servidumbre, protección de caminos de herradura, ni caminos nacionales y mucho menos establece mecanismos de verificación. El resultado es la fragmentación del territorio y la pérdida de acceso comunitario.

10. No determina la capacidad de carga en manejo de residuos y en saneamiento

Hay menciones a residuos, pero no se conecta la capacidad real (rellenos, lixiviados, disposición de orgánicos) con la decisión de habilitar nuevos polígonos productivos.

Un territorio con rellenos sanitarios al límite de su cierre no puede soportar más presión sin colapsar.

11. No crea una arquitectura fiscal para internalizar los costos: siendo una oportunidad desperdiciada

La resolución no activa herramientas de plusvalía, predial diferenciado, cargas y contribuciones dirigidas a tratamiento y potabilización de agua para consumo humano, PTAR, restauración, monitoreo y preservación del patrimonio. En un boom exportador con externalidades locales, el que contamina (o impacta) no paga y es el propio Minambiente el que lo promueve y patrocina con esta resolución.

En suma

La resolución normaliza, promueve y legitima el avance a tierra arrasada del monocultivo de aguacate Hass con un kit de condicionantes genéricos totalmente inoperantes (POT, POMCA, PORH, “buenas prácticas”) que no conversa con las fallas estructurales y los graves conflictos ya probados en el PCCC: déficit hídrico y de saneamiento, fragilidad de alta montaña, superposición con minería, presión sobre caminos y cultura, y débil protección de defensores.

En clave Escazú, sin datos abiertos verificables, sin exclusiones fuertes, sin moratorias por cuenca y sin sanciones con dientes, el modelo se vuelve de alto riesgo para el agua, el paisaje y la gente que hace posible el paisaje cultural.

Presentamos un comparativo que cruza, punto por punto, los lineamientos finales para la producción del aguacate (Hass) vs. LOS HALLAZGOS Y PROPUESTAS DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA PRESERVAR EL PCCC, expedidas en cumplimiento de la Ley 2323 de 2023.

Tabla 01. Comparativo crítico Recomendaciones CARs vs Proyecto de Resolución

Tema	Lo que dicen los Lineamientos	Lo que denuncia las CARs sobre el (PCCC)	Brecha crítica	Recomendación operativa (Escazú primero)
Armonización con el PCCC y POT	Ordenan incorporar adaptación/mitigación en el ordenamiento y articular con POT (2.4) y PIGCCS-AG; estructura capítulos sobre áreas de exclusión/condicionantes y participación (índice y apartados 2.7)	90% de municipios del PCCC no han armonizado atributos/determinantes en sus POT; desinterés institucional sostenido desde 2011.	Lineamientos confían en que la armonización ocurrirá; realidad muestra incumplimiento crónico.	Condicionar trámites ambientales y comerciales del Hass en PCCC a certificación de armonización POT–PCCC (acto administrativo verificable) con veeduría social activa.
Agua: concesiones, PORH y caudal ambiental	Exige revisar agotamientos, PORH, impactos aguas abajo, subzona del POMCA; cumplimiento estricto de volúmenes y caudal ambiental.	PTAR inexistentes o incumplidas (Salento, Filandia, Montenegro, La Tebaida, etc.); concesiones con 35% de informalidad; sólo 4% de aguas servidas tratadas.	No hay “gatillo” de cierre de permisos cuando el sistema hídrico local está rebasado.	Moratoria hídrica por cuenca crítica: sin PTAR operativas y sin cumplir PORH → no hay nuevas áreas Hass ni aumentos de caudal concesionado. Publicar auditorías hídricas trimestrales.
Reservas de Ley 2ª y cordillera	Incluye mapas/consideraciones sobre Ley 2ª y aptitud, bajo lógica de manejo y condicionantes.	Intervención “sin contemplación” en áreas protegidas por Ley 2ª para sembrar monocultivos; riesgo directo al PNN de los Nevados (fuente principal de agua).	Falta regla de “no regresión” clara: si hay superposición con Ley 2ª/PNN/Zonas de Protección → exclusión absoluta.	Blindaje normativo: declarar “Áreas de Exclusión Fuerte” donde la sola superposición con Ley 2ª/PNN/Páramo/POMCA–Conservación cierre el trámite sin “compensaciones”.
Biodiversidad y manejo de plaguicidas	Capítulos dedicados a protección de biodiversidad y manejo de plaguicidas (2.5.3 y 2.7.2.3).	Contaminación aguas/suelos/aire por agroquímicos sin control; metales pesados río arriba de bocatomas.	Lineamientos prescriben “buenas prácticas” pero no fijan listas negativas ni umbrales sancionatorios inmediatos.	Lista negativa obligatoria y monitoreo comunitario: prohibición de moléculas de alta peligrosidad; umbrales de residuos en agua/suelo con suspensión automática de predios.
RSU y rellenos sanitarios	Lineamientos mencionan residuos, pero sin enlace a capacidad real del territorio. (2.7.2.4)	Capacidad del relleno Andalucía en agotamiento acelerado; lixiviados sin tratamiento adecuado hasta 11/2023.	Ausencia de “capacidad de carga territorial” como condicionante productivo.	Condicionar nuevas habilitaciones Hass a plan municipal de RSU: reducción, compostaje agrícola y trazabilidad; sin eso, no hay expansión.
Minería superpuesta	No hay protocolo específico para títulos/solicitudes mineras superpuestas a áreas del PCCC.	Tolerancia a títulos mineros superpuestos a áreas de protección; desarticulación institucional.	Vacío de coordinación anti–conflictos de uso del suelo.	Criterio de exclusión por superposición minería–Hass en PCCC; comité interinstitucional con decisión vinculante previa a cualquier licencia.
Participación, información y justicia (Escazú)	Se reconoce Escazú, acceso a información, participación y rutas de protección a defensores; canales de PQR y reparación comunitaria.	Falta de consultas reales; autoridades omiten informar y consultar en concesiones y obras viales; “laissez faire, laissez passer”.	Lo declarativo no se traduce en garantías operativas (protección efectiva a defensores, suspensión de actos por falta de información).	Cláusula Escazú vinculante: sin prueba de publicación proactiva, audiencias y actas, se suspenden actos; protocolo de protección a defensores con tiempos perentorios.
Monitoreo y seguimiento	Plantea indicadores y seguimiento por CAR; negocios verdes, ferias y plataformas.	Veedurías evidencian incumplimientos reiterados (PTAR, IVC, rellenos, agua).	Indicadores sin consecuencias no corrigen capturas regulatorias.	Tablero público trimestral con sanciones automáticas (semáforo por predio/cuenca) y suspensión de exportación desde predios en rojo.
Gentrificación, desplazamiento y patrimonio cultural	No hay medidas urbanas/agrarias para frenar gentrificación ni para proteger vivienda cafetera en el marco Hass.	Gentrificación, acumulación de tierras, demolición de casas cafeteras; pérdida de oficios y paisaje.	Falta eje sociocultural en lineamientos agrarios.	Exigir a municipios instrumentos de suelo (VIS/VIP, cargas–beneficios, plusvalía) y planes de manejo del patrimonio antes de habilitar nuevos polos Hass.
Acceso a caminos y movilidad rural	Sin protocolo específico de accesos veredales y derechos de paso.	Cierre de caminos y prácticas de exclusión (denunciadas en contexto de expansión). (Ver bloque de conflictos y “deber de información y consulta”)	Vacío de garantías de servidumbres de tránsito y uso comunitario.	Condicionar licencias a actas de concertación de servidumbres y protección de caminos de herradura; restauración de placa-huella con enfoque patrimonial.
Instrumentos fiscales y financiamiento local	No desarrollan arquitectura fiscal local específica ligada al control del modelo Hass.	Propuestas de elevar delineación, predial diferenciado, plusvalía; destinar a agua/RSU/patrimonio.	Oportunidad para internalizar costos ambientales y sociales.	Adoptar ya ajustes tributarios con destinación específica a PTAR, monitoreo hídrico y restauración; publicar recaudo y ejecución.
Asentamientos y riesgo	Lineamientos tratan clima y riesgo de forma técnica (zonificación agroclimática).	389 asentamientos en riesgo; falta de caracterización y gestión.	No conectan habilitación productiva con reducción de riesgo urbano-rural.	Condicionar nuevos polígonos Hass a metas anuales de reasentamiento/mitigación y obras de riesgo en las mismas cuencas.

Fuente: Carta Recomendaciones protección PCCC Abr 2024 Vr 1.1

 

Veamos en detalle con un análisis benevolente (lo bueno) y crítico (lo que falta o puede fallar), aterrizado a un territorio donde “todo se negocia” y prima la conveniencia.

Lo que está bien encaminado (lectura benevolente)

• Reconoce el problema de escala: admitir que la zonificación Ley 2ª está a 1:100.000 y que las decisiones deben bajarse a escala predial es correcto y realista, pero así mismo peligroso ya que la Ley fue clara al establecer una zona de 15 km a lado y lado de la divisoria de las aguas sin importar las características prediales particulares.
• Exige “agroforestalidad” y conectividad: pedir arreglos agroforestales, cercas vivas, restauración y protección de rondas hídricas es la ruta técnica adecuada para no romper los flujos ecológicos, sin embargo permite el desarrollo predio a predio.
• Pone el peso en la autoridad ambiental: establece que las CAR deben definir dónde es viable y ejercer control y sanción (Ley 1333) pero ni establece un marco lógico para hacerlo.
• Hidrología en el centro: recuerda disponibilidad, demanda presente/proyectada, prioridades y caudales, y que las concesiones pueden obligar drenajes/ desagües para evitar erosión/salinización.
• Pide sustracción previa en bosque natural: cierra un atajo común (aprovechamiento único sin sustracción).
• Manda atender POT y POMCA: aunque lo menciona como apoyo, es un anclaje técnico valioso, pero totalmente inoperante por cuanto ningún municipio ha incorporado las determinantes ambientales del Pomca en sus POTs.
• Establece una aparente prioridad a la economía campesina y prohibición de gran escala en zonas condicionadas: en el papel protege la estructura de pequeña empresa pero no controla la presión del monocultivo en grandes extensiones, las empresas han comprado a las buenas o a las malas cientos de fincas vecinas.

Donde cojea (lectura crítica, punto por punto).

1)                 Párrafo de contexto predial y “agroforestalidad”.

Riesgo: es declarativo. No define estándares verificables: % de cobertura arbórea, ancho de corredores, especies nativas mínimas, densidad de árboles por ha, distancias a nacimientos/rondas.  Mejora: debe fijar criterios medibles: p.ej., “≥20% de cobertura arbórea con nativas; corredores ≥20 m conectando fragmentos; radio de exclusión de 100 m a nacimientos/30 m a quebradas; pendiente máxima intervenible; terrazas/curvas a nivel obligatorias.”

2)                 Trámite de permisos y discrecionalidad de la CAR.

Riesgo: “la CAR define” sin matriz técnica pública ⇒ discrecionalidad, captura y decisiones por conveniencia. Mejora: publicar criterios de viabilidad (checklist con puntajes), plazos perentorios, y motivos de negación obligatoria (p.ej., meta PORH incumplida, superposición con zona A, déficit de saneamiento).

3)                 Control y sanción (Ley 1333)

Riesgo: en la práctica hay déficit de IVC (inspección, vigilancia y control). Sanciones tardías se vuelven costo del negocio y resultan hilarantes. Mejora: incorporar caducidad del permiso por 2 faltas graves; tablero público trimestral por predio; medidas cautelares automáticas (suspensión inmediata ante tala/vertimiento).

4)                 Concesiones de agua y prioridades

Riesgo: no explicita orden de prioridad operacional (1. consumo humano / 2. función ecológica > riego). Falta gatillo de moratoria por cuenca cuando el PORH no cumple metas o la PTAR no opera. Mejora: cláusula: “si meta de calidad PORH falla dos periodos consecutivos o PTAR no opera → no se otorgan concesiones ni ampliaciones; medidores obligatorios con telemetría y huella hídrica auditada.”

5)                 Drenajes y suelos

Riesgo: “podrán incluir” = potestativo. No define normas de diseño (curvas a nivel, terrazas, manejo de escorrentía, límites de pendiente, prácticas anti-compactación). Mejora: volver obligatorio el paquete de conservación de suelos con NTC/guía técnica y verificación anual.

6)                 Sustracción previa para aprovechamiento único

Riesgo: la sustracción puede volverse un boquete si no hay criterios estrictos y evaluación acumulativa. Mejora: negar sustracción cuando implique pérdida de conectividad o impacto acumulado; exigir restauración ≥1.5:1 en el mismo micro-paisaje; audiencia pública previa y dictamen técnico independiente.

7)                 Apoyarse en POT/POMCA para sancionar

Riesgo: lo deja como “se podrá apoyar”, no como obligación; y no menciona servidumbres y caminos (cierre de accesos). Mejora: volver vinculante POT/POMCA; incluir protección de caminos veredales y servidumbres como condición de permiso; plan anual de operativos de campo con metas de inspección.

8)                 Frontera agrícola y prohibición de gran escala

Riesgo: no define qué es “gran escala” (ha, número de árboles, % de cuenca), ni evita la fragmentación societaria (varios NIT para un mismo grupo). Mejora: tipificar “gran escala” (p.ej. >50 ha continuas o >150 ha por NIT/beneficiario en la cuenca), límite de concentración, reglas anti-fraccionamiento y prioridad efectiva a economía campesina (cupos/ventanilla preferente).

9)                 Sustracciones para infraestructura

Riesgo: abre la puerta a nuevas vías e infraestructura con sustracción; el “mantenimiento” puede disfrazar ampliaciones. Mejora: prohibir nuevos trazados en reservas; si hay excepciones, exigir EIA completa, bono de cumplimiento ambiental y cero aumentos de accesos que induzcan expansión.

10)            Ordenamiento ambiental prima y reconversión

Riesgo: dice “deberá facilitarse la reconversión”, pero sin plazo, ni presupuesto, ni quién paga. Mejora: plan de reconversión con cronograma (≤12 meses), fondo de transición (aportes del exportador), asistencia técnica y convenios de conservación productiva.

11)            Sostenibilidad y restauración

Riesgo: enunciativo. No fija metas de restauración, especies nativas, supervisión ni indicadores. Mejora: metas: restaurar ≥1.5:1, ≥80% nativas, éxito ≥70% al año 2, conectividad medida (índices de paisaje), y reporte público georreferenciado.

Factibilidad en un contexto “a conveniencia”

Riesgos estructurales: discrecionalidad, captura de las CAR, baja capacidad de acción y respuesta de IVC, presiones políticas, “sustracciones exprés”, fragmentación de predios para evadir “gran escala”, cierres de caminos y hostigamiento a veedurías.

Salvaguardas para que sí sea cumplible:

1. Criterios públicos y puntuables por predio (checklist de exclusiones/condiciones) y motivos de negación obligatoria.
2. Portal de datos abiertos: permisos, caudales concesionados/medidos (telemetría), mapas de exclusión, actas de inspección, sanciones.
3. Gatillos automáticos: moratoria por cuenca (fallo PORH/PTAR), suspensión inmediata por tala/vertimiento, caducidad a la 2da falta.
4. Monitoreo mixto: CAR + universidades + veedurías con sensores/RS (imágenes satelitales) y aforos comunitarios.
5. Bono/garantía ambiental: caución previa para restauración y cierre; se ejecuta si incumple.
6. Protección a defensores y servicios de queja con respuesta en días, no meses; y garantías de servidumbre para caminos veredales.
7. Definición legal de “gran escala” y antifragmentación (beneficiario real).
8. Audiencias previas obligatorias en microcuencas sensibles, con actas y respuestas motivadas.

Mini-checklist operativo (antes de autorizar un predio)

• ¿Está fuera de zonas A Ley 2ª, páramo, nacimientos, recargas, rondas y conectividades críticas (mapa + buffers)?
• ¿El POT y el plan de manejo aplicables están actualizados y lo permiten sin ambigüedad?
• ¿La meta PORH de la subcuenca está en cumplimiento y la PTAR opera? (si no, no va).
• ¿Concesión con telemetría, caudal ecológico garantizado y huella hídrica auditada?
• ¿Arreglo agroforestal medible (≥% de cobertura arbórea, corredores, nativas)?
• ¿Plan de suelos y drenajes conforme a norma técnica?
• ¿Plan de restauración (≥1.5:1), especies nativas y cronograma?
• ¿Acuerdos de servidumbres/caminos y plan de manejo de tránsito rural?
• ¿Bono de cumplimiento ambiental y seguro por daños?
• ¿Mecanismo de quejas y protección a denunciantes activo?

Veredicto

El texto aparenta apuntar bien en la arquitectura (escala predial, agroforestalidad, agua, sustracción, POT/POMCA, prioridad campesina), pero, en estos territorios donde prima la conveniencia, el amiguismo, la intervención de las cámaras de comercio con sus programas “Invest In”, sin reglas medibles, sin gatillos automáticos, sin transparencia y consecuencias (de caducidad, moratorias por cuenca), lo cumplible se vuelve negociable y la discrecionalidad se impondrá al final.

Los ajustes propuestos, pueden convertir de marco declarativo en un sistema ejecutable y verificable que protege agua, bosque y gente, aunque conociendo el nivel de trámite y aceptación del Minvivienda ante los comentarios de la comunidad, lo más seguro es que ninguna propuesta sea atendida y terminemos como en Chile, México y Perú.

 

¿Porque se NO se puede permitir el monocultivo en las áreas protegidas del RUNAP?

Al analizar las principales áreas en el RUNAP con mayor sensibilidad frente a la expansión del aguacate Hass en Colombia y en especial en el Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda) y en Tolima y Valle del Cauca, usando las fuentes oficiales RUNAP/SIDAP de las CAR (CRQ, CARDER, CORPOCALDAS, CORTOLIMA, CVC), surge la duda de porque sólo se mencionan las montañas de la zona de reserva forestal central y no las demás existentes.

La lectura de los lineamientos y la mención expresa a la ZRFC abre el temor a la permisividad legalización de los monocultivos que de forma ilegal ya se han adelantado en nuestras montañas y abre la puerta de par en par a que se terminen de expandir en todo el territorio terminando las fuentes de agua y acabando finalmente el PCCC.

Dado que el RUNAP incluye decenas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC) y otras figuras dinámicas, aquí se priorizan los PNN/PNR/DMI/DCS/RFP/AR y otros instrumentos departamentales con trazabilidad pública.  Todas aparecen “No se menciona” porque el proyecto de resolución no cita ninguna por nombre/categoría, salvo que promueve y patrocina en el artículo 6 del proyecto de resolución el cultivo de aguacate Hass en la ZRFC (Ley 2° de 1959).

Tabla 02. Áreas protegidas RUNAP.

Área protegida	Categoría RUNAP	Dpto. / Municipio(s) (referencia)	Autoridad ambiental	¿Se menciona en el proyecto?	Notas sobre conflictos socioambientales por Hass (referencias clave):
Ley 2° de 1959, Zona de Reserva Forestal Central	ZRF	Zona de 15 km al Oeste y Este del divorcio de aguas de la Cordillera Central, desde Cerro Bordoncillo, aprox. a 20 km al Este de Pasto, Nariño, hasta el Cerro de Los Prados al Norte de Sonsón, Antioquia.	Parques Nacionales	Si	Agua, suelos y ecosistemas ·    Denuncias por deterioro del agua en Caldas (veedurías reportan impactos y alertas por captaciones y calidad). (La Patria) ·    Informe/nota sobre riesgos hídricos y ambientales del boom del Hass (visión general y casos en varios departamentos). (Caracol Radio) ·    Casos en Quindío (Salento/Navarco): reportes de afectaciones por siembras y movimiento de tierras. (RCN Radio) ·    Panorama climático reciente: riesgos para zonas de Caldas/Antioquia por estrés hídrico y temperaturas (contexto para conflicto por agua). (El Tiempo) Cierre de caminos, peajes “privados” y acceso al territorio ·    Reportaje de Semana (y eco local en 180grados): peajes ilegales, cierre de caminos veredales, desvío de ríos y presión sobre comunidades y turistas en Quindío. (Semana)   Palma de cera, alta montaña y límites ecológicos ·    Caracol Radio: advertencias por expansión hacia rangos >2.500 m s. n. m. en Tolima, riesgo a bosques de palma de cera. (Caracol Radio) ·    CORTOLIMA (oficial): acciones para proteger bosques de palma de cera (hábitat del loro orejiamarillo) frente a cultivos agrícolas. (Cortolima) ·    El Tiempo: CRQ ordena erradicación de siembras Hass que afectaban palma de cera en Pijao (Quindío). (El Tiempo)   Comunidades, conflicto social y “oro verde” ·    Investigación de Vorágine / Liga Contra el Silencio: acumulación de tierras, deforestación, captación/contaminación de aguas y presión a campesinos en Eje Cafetero. (Voragine) ·    Infobae (síntesis nacional): denuncias por afectación de ecosistemas, alto consumo de agua y presión sobre cultivos tradicionales. (infobae) ·    Diálogo Democrático (opinión/documentación local): compra masiva de tierras, desplazamiento y subordinación económica de pequeños productores en Quindío. (dialogodemocratico.org)   Cruce Hass–minería (Cajamarca/Anaime) ·    Cerosetenta (Universidad de los Andes): “Los aguacates de Anglo Gold dividen a Cajamarca”; monocultivo promovido por la multinacional, acaparamiento de tierras y amenazas ambientales tras frenar el proyecto La Colosa. (Cerosetenta) ·    Compilaciones/seguimiento (Business & Human Rights): denuncias por quema de palma de cera, escasez de agua y venta forzada de predios en Cajamarca/Anaime. (Business & Human Rights Resource Centre)   Casos locales “calientes” ·    Quindío (Salento, Pijao, Génova): crónicas y notas con testimonios sobre deforestación, cambios de cobertura, deterioro de suelos y conflictividad social. (Caracol Radio) ·    Risaralda/Caldas (Guática y cordillera): denuncias por daños ambientales en zonas cafeteras y de conservación. (El Tiempo)
Los Nevados	Parque Nacional Natural (PNN)	Caldas–Quindío–Risaralda–Tolima	Parques Nacionales	No	Complejo de alta montaña; presión hídrica aguas abajo. Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda): análisis comparados de conflictividad y acaparamiento de tierras. (Censat Agua Viva) https://censat.org/el-aguacate-desata-conflictos-en-el-eje-cafetero
Selva de Florencia	Parque Nacional Natural (PNN)	Caldas	Parques Nacionales	No	Reportes públicos sobre presión hídrica y expansión agro; Caldas investiga impactos del Hass.
Cuenca Alta del Río Quindío	Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)	Quindío (Salento)	CRQ	No	Zona foco de denuncias por Hass (Navarco/Salento). Quindío (Salento–Génova–Pijao): denuncias por deforestación, agua y suelos; fricciones sociales. (Caracol Radio)
Inventario Quindío (SIDAP)	AP (mix)	Quindío (departamental)	CRQ	No	Síntesis de “Tesoros Naturales Protegidos del Quindío”.
Barbas–Bremen	Distrito de Conservación de Suelos (DCS)	Quindío–Risaralda (Filandia, Quimbaya, Pereira)	CRQ / CARDER	No	Conflictos documentados (infraestructura y uso del suelo); sensible por captaciones y conectividad boscosa.
Alto del Nudo	DCS	Risaralda (Dosquebradas–Pereira)	CARDER	No	Nodo ecológico; expansión agro y cambio de uso circundante.
La Marcada	DRMI	Risaralda (Dosquebradas–Santa Rosa)	CARDER	No	Área de uso sostenible; conexión con cuencas cafeteras.
Agualinda	DRMI	Risaralda	CARDER	No	Sitio de manejo integrado; cercanías con mosaicos agro.
Anaime–Chilí	Parque Natural Regional (PNR)	Tolima (Cajamarca–Anaime)	CORTOLIMA	No	Epicentro del debate por Hass; riesgo a palma de cera en altitudes altas; múltiples estudios y prensa.
Bellavista (y otras RFP regionales)	RFP Regional	Tolima	CORTOLIMA	No	Conjunto de RFP listadas por CORTOLIMA; presiones agroindustriales.
Portafolio AP Tolima (varias)	AP (mix)	Tolima	CORTOLIMA	No	Inventario departamental con capas y listados oficiales. Tolima (Cajamarca–Anaime): caso emblemático; tensiones por altitud y palma de cera; cobertura periodística y académica. (Caracol Radio)
Serranía de los Paraguas	DRMI	Valle del Cauca (múltiples municipios)	CVC	No	Hotspot andino; presión por frontera agro y conectividad.
Isla Ají	DRMI	Valle del Cauca (Buenaventura)	CVC	No	Manglar y transición; no asociada a Hass pero parte del portafolio DRMI.
La Corcova	Área de Recreación (AR)	Valle del Cauca	CVC	No	Figura recreativa departamental oficial.
Bitaco	Reserva Forestal Protectora (RFP)	Valle del Cauca (La Cumbre, etc.)	CVC	No	Bosque nublado; regulación hídrica; RFP con acuerdo formal.
La Elvira	RFP Nacional	Valle del Cauca (Cali–Yumbo)	MADS/CVC	No	RFPN listada en RUNAP para Valle.
DMI/PNR departamentales (Caldas)	DRMI/PNR (varios)	Caldas (v. SIDAP)	CORPOCALDAS	No	Inventario departamental y planes de manejo; conflictos por agua asociados al Hass. Caldas: estudios 2024–2025 sobre calidad de agua y conflictos emergentes por Hass. (La Patria)

Fuente: runap.parquesnacionales.gov.co, medios de comunicación.

 

Lo que aparenta estar bien encaminado

• Escazú… en el papel, no en la práctica.

Se invocan el acceso a la información, participación y justicia ambiental; hay difusión, PQRS, rutas para defensores y hasta “reparación comunitaria”. Pero los mecanismos reales para obtener la información clave (expedientes completos, bases de datos descargables, trazabilidad de decisiones y monitoreo en tiempo real) no existen o no son obligatorios. Resultado: sin datos, no hay participación incidente.

• Reservas de Ley 2ª: semáforo encendido, pero sin policía.

Sí, se distingue A/B/C y se condiciona B y C; incluso se exige sustracción previa ante cambio de uso o aprovechamiento único. Sin embargo, faltan reglas automáticas de negación cuando hay pérdida de conectividad, recarga hídrica o metas de calidad incumplidas. Así, la puerta queda entreabierta para decisiones “caso a caso” que normalizan el riesgo.

• Palma de cera y relictos: prohibir cerca… no basta.

Se ordena evitar siembras de Hass cerca de Ceroxylon quindiuense y promover restauración. Pero no hay radios de exclusión obligatorios, ancho mínimo de corredores, ni restauración 1.5:1 en el mismo paisaje. Sin métricas y vigilancia, la “protección” se vuelve declarativa.

• Cambio climático: metas nobles, herramientas débiles.

La alineación con el PIGCCS-AG y los objetivos nacionales (–51% GEI a 2030 / carbono neutralidad 2050) es positiva. Aun así, los lineamientos no atan permisos y reconversiones a presupuestos de carbono, ni exigen huella de GEI por predio/cadena ni planes de adaptación medibles. Sin contabilidad climática, la promesa se diluye.

• Huella hídrica y PUEAA: buena idea, poca exigencia.

Pedir módulos de consumo, huella hídrica y PUEAA es un avance. Pero no se exige medición por telemetría obligatoria, auditoría social de caudales, prioridad operativa del consumo humano ni moratorias por cuenca cuando fallan las metas del PORH o no operan las PTAR. Con el agua bajo estrés, la salvaguarda sin “gatillos” es insuficiente.

 

Vacíos y alertas (Escazú en serio, con lupa ciudadana)

• Divulgación proactiva que no sirve para decidir.

Se “ordena publicar”, pero no existen plataformas con datos descargables y trazables por predio–permiso–caudal–monitoreo. Sin expedientes completos y series temporales, no hay control social ni evaluación acumulativa.

• El agua para la gente no es prioridad operativa.

Se calcula oferta–demanda, pero falta una regla explícita y automática: en estrés hídrico o microcuencas críticas, que dé prioridad al consumo humano y a la función ecológica > usos agroindustriales. Con una demanda del Hass proyectada +182% al 2040, sin “gatillos” esta norma es decorativa.

• Zonificación sin exclusiones = permiso encubierto.

Urgen zonas de exclusión taxativas: nacimientos, rondas, zonas de Ley 2ª, áreas de recarga y conectividades. “Verificar y condicionar” no protege: se debe prohibir.

• Justicia ambiental sin reloj ni llaves.

Hay rutas y mecanismos, pero sin plazos perentorios, estándares probatorios diferenciales ni gratuidad real para comunidades rurales. Resultado: la puerta existe, pero está cerrada para quien más la necesita que son las comunidades vulnerables.

• Seguimiento y sanción sin dientes.

Se habla de control, pero faltan indicadores públicos trimestrales y un régimen de caducidad: tres incumplimientos graves → pérdida del permiso. Sin consecuencias, la reincidencia es modelo de negocio.

• Zonas B y C de Ley 2ª: condicionadas… a nada verificable.

Se permite con “condicionantes”, pero no se exige un modelo agroforestal obligatorio ni métricas de “no reducción neta de bosque” (línea base + verificación independiente). Sin números, no hay bosque, hay discurso.

• Participación que no decide.

Existen canales, pero faltan momentos deliberativos vinculantes (p. ej., audiencias previas obligatorias antes de concesiones en microcuencas sensibles) y acuerdos de uso del agua con veeduría social. Participar sin incidencia es simular.

12 mejoras concretas para blindar lo ambiental y honrar el Acuerdo de Escazú

1)        Portal de Datos Abiertos por Predio (obligatorio y vivo).

Publicación mensual y descargable de: solicitudes y actos de permiso, volúmenes concesionados vs. medidos (telemetría), PUEAA, huella hídrica, resultados de calidad por punto y fecha, y actas de inspección con fotos y coordenadas. Sin portal, no hay trámite.

2)        Regla dura de Prioridad del Agua.

Cláusula automática: en estrés hídrico o microcuenca crítica, consumo humano y función ecológica > riego. Se niegan nuevas concesiones y no hay ampliaciones hasta recuperar metas.

3)        Zonas de Exclusión que no admiten “peros”.

Prohibición taxativa en: nacimientos, rondas, Zonas Ley 2ª, áreas de recarga y páramos. En B/C, solo sistemas agroforestales certificados y sin pérdida neta de cobertura nativa.

4)        Audiencias públicas (Cabildo abierto) previas y vinculantes.

Antes de concesiones o sustracciones en cuencas con POMCA/PORH: se debe celebrar una audiencia pública obligatoria (cabildo abierto), actas y respuestas motivadas publicadas en 10 días. Sin esto, el acto es inoponible.

5)        Protocolo Escazú de protección a defensores (con reloj).

Activación automática y confidencial ante riesgo; medidas cautelares en 72 horas, responsables designados y plazos en el acto administrativo.

6)        Caducidad por reincidencia (tres strikes).

Tres incumplimientos graves verificados (vertimientos sin tratamiento, captaciones ilegales, deforestación) ⇒ caducidad del permiso. Todo el proceso debe ser publicado.

7)        No Deforestación Neta medible.

Línea base georreferenciada + monitoreo satelital y de campo. Cualquier disminución de bosque exige restauración ≥1.5:1 en el mismo micro–paisaje y con nativas.

8)        Regla Palma de Cera (Ceroxylon) in negociable.

Radio de exclusión obligatorio y plan de restauración del bosque asociado; reportes semestrales de supervivencia y conectividad.

9)        PUEAA + Huella Hídrica como llave de paso.

Sin PUEAA aprobado y huella hídrica auditada, no se otorga ni renueva concesión. Medición de consumo con telemetría y verificación independiente.

10)   Polinización y conectividad en cada predio.

Apicultura sin agroquímicos y corredores ecológicos funcionales (ancho mínimo, especies nativas) con seguimiento de la autoridad.

11)   Tablero público trimestral con sanciones visibles.

KPIs por predio y cuenca: PQRS, tiempos de respuesta, multas y cierres, restituciones hídricas, hectáreas restauradas, calidad del agua por punto. En rojo dos trimestres seguidos ⇒ suspensión.

KPIs por predio (Indicadores Clave de Desempeño para cada predio (finca/parcela) específico).

Sirven para medir, comparar y exigir resultados concretos en cada unidad productiva. Ejemplos útiles para el Hass:

·        Agua: concesionado vs. medido (telemetría), cumplimiento del PUEAA, caudal ecológico respetado.

·        Calidad ambiental: resultados de calidad de agua por punto/fecha, detección de agroquímicos, manejo de residuos.

·        Bosque y suelo: cobertura boscosa neta, restauración ejecutada (ha y % de supervivencia), control de erosión.

·        Conectividad y biodiversidad: corredores ecológicos funcionales (ancho/continuidad), polinización/apicultura sin químicos.

·        Cumplimiento normativo: número de inspecciones, sanciones, tiempos de cierre de hallazgos.

·        Relación con la comunidad: PQRS recibidas y tiempo de respuesta, acuerdos de servidumbre/caminos.

Con esos KPIs por predio puedes armar un tablero tipo semáforo (verde/amarillo/rojo) para decisiones: mejora, suspensión o caducidad.

 

12)   Negación por impacto acumulado (no es opcional).

Si el balance hídrico o las metas PORH están en riesgo o incumplidas, el permiso se niega. La motivación técnica se publica con mapas y series de datos.

 

Cierre (en clave Escazú, sin barniz)

La “arquitectura” normativa ya existe; lo que falta es músculo: datos abiertos verificables, exclusiones taxativas, participación que decide, agua primero y sanciones con dientes.

Solo así el Hass que salga de nuestros territorios podrá llamarse, sin rubor y con pruebas, verdaderamente sostenible.

 

 

ANEXO 01. El "Oro Verde" y su Costo: Análisis del Avance del Monocultivo de Aguacate Hass y sus Impactos Socioambientales en América Latina

1.0 Introducción: De Fruto Ancestral a Commodity Global

El aguacate, un fruto originario de Mesoamérica con una historia que se remonta a más de 10,000 años, ha experimentado una transformación radical. De ser un pilar en la dieta de comunidades ancestrales, se ha convertido en un commodity global de alto valor, el "oro verde" cuya demanda parece insaciable. La popularidad del guacamole en eventos de consumo masivo como el Súper Bowl en Estados Unidos —donde un solo anuncio publicitario puede costar siete millones de dólares— simboliza un auge que oculta una compleja y a menudo violenta realidad en los territorios donde se produce.

Este fruto, que alguna vez fue considerado sagrado y se plantaba en entierros de ancestros, ha sido reconfigurado por las dinámicas del mercado global. El informe de Grain.org lo describe acertadamente como un:

“...fruto pre-histórico con millones de años registrados que hoy se ha transformado por estas dinámicas en commodity impertinente. Su actualidad rezuma violencia y el furor de un consumismo impulsado por los medios”

Esta transición no ha sido inocua. Detrás del éxito comercial se esconde un modelo agroindustrial expansivo, sustentado en la deforestación, la sobreexplotación de recursos hídricos y la profundización de conflictos sociales.

Analizamos la expansión y los graves impactos socioambientales que ha desencadenado en los principales países productores de América Latina.

2.0 La Expansión del Monocultivo en Cifras: Un Mercado en Pleno "Boom"

Para dimensionar la presión que el auge del aguacate ejerce sobre los ecosistemas y las comunidades locales, es fundamental comprender la escala de su crecimiento. Las cifras revelan una industria en plena ebullición, con una expansión acelerada que responde a una demanda global cada vez mayor, pero que a su vez impone desafíos insostenibles para los territorios productores.

Los datos clave del crecimiento de la industria global del aguacate son contundentes:

• Producción Global: La producción mundial alcanzó un máximo histórico de 8.98 millones de toneladas en 2022 (FIRA, 2024).
• Proyecciones Futuras: La OCDE y la FAO proyectan que la producción global alcanzará los 12 millones de toneladas para el año 2030 (Grain.org, 2023).
• Superficie Cultivada: El área dedicada al cultivo en los 10 principales países productores se duplicó en la última década (2011-2021). En naciones como Colombia, esta superficie se multiplicó por cuatro en el mismo período (Grain.org, 2023).
• Valor del Mercado: El valor del mercado global pasó de 14 mil millones de dólares en 2021 y se proyecta que alcance los 30 mil millones para 2030 (Grain.org, 2023).

Este "boom" no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de una sofisticada arquitectura corporativa y financiera. Un puñado de corporaciones multinacionales, como las estadounidenses Mission Produce y Calavo Growers, y la sudafricana Westfalia Fruits, dominan la cadena de suministro global. Mediante una estrategia de integración vertical, controlan desde las plantaciones en América Latina hasta la distribución en los supermercados de Europa y Estados Unidos, capturando valor en cada eslabón.

Este modelo expansivo es impulsado por gigantes financieros como BlackRock y Vanguard Group, y fondos de pensiones y de dotación —incluyendo el de la Universidad de Harvard y el del profesorado de Ontario—, que han apostado de forma creciente por el "oro verde", financiando la expansión del monocultivo a expensas de los ecosistemas y comunidades locales (Grain.org, 2023).

La siguiente tabla desglosa la producción en los principales países, evidenciando la concentración del cultivo en América Latina y el alto porcentaje destinado a la exportación en los países líderes.

Tabla 01: Principales Productores de Aguacate en 2021

País	Producción (miles de toneladas)	Porcentaje de la producción mundial	Extensión (hectáreas)	Porcentaje de la producción que se exporta
México	2,443	28%	226,534	50%
Colombia	980	11%	94,111	10%
Perú	777	9%	51,800	70%
Indonesia	669	8%	50,510	0.07%
República Dominicana	634	7%	37,468	9%
Kenia	417	5%	25,919	23%
Brasil	301	3%	18,106	3%
Haití	248	3%	42,723
Vietnam	213	2%	16,538	0.02%
Chile	169	2%	32,364	58%

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT y UN Comtrade, citado en Grain.org (2023). *Nota: Los aguacates haitianos no son oficialmente exportados, sino mezclados con los dominicanos. Las cifras de producción son para el año 2021; datos más recientes de FIRA (2024) indican que la participación de México en la producción global alcanzó el 28.2% en 2022.

 

Detrás de estas cifras globales, cada país productor ha desarrollado un modelo de negocio con estrategias y consecuencias locales específicas.

A continuación, se analizarán los casos más representativos de América Latina para desentrañar sus conflictos inherentes.

3.0 Modelos de Producción y sus Conflictos: Un Análisis por País

Para comprender la compleja red de impactos del "oro verde", es indispensable analizar los modelos de producción de los principales países latinoamericanos. Sus estrategias comerciales y productivas no son uniformes; por el contrario, cada modelo se correlaciona directamente con conflictos socioambientales específicos en sus territorios, desde la violencia del narcotráfico en México y Colombia hasta la grave crisis hídrica en Chile.

3.1 México: El Laboratorio del Lucro y la Devastación

México es el epicentro global del aguacate. Como principal productor y exportador mundial, aportó el 28.2% de la producción global en 2022, con el estado de Michoacán concentrando el 75.8% de la producción nacional en 2023 (FIRA, 2024). Este dominio se ha construido sobre un modelo de expansión agresivo que sirve como laboratorio de los efectos más extremos del boom aguacatero.

El crecimiento se sustenta en una deforestación sistemática. Entre 2000 y 2020, la superficie dedicada al aguacate en Michoacán se expandió de 78,530 a 169,939 hectáreas, a menudo mediante prácticas ilegales como incendios forestales provocados y tala clandestina para dar paso a nuevas plantaciones (Grain.org, 2023).

La dimensión social es igualmente crítica. La rentabilidad del negocio ha atraído a grupos del crimen organizado, que han impuesto un esquema de extorsión y control sobre toda la cadena de suministro. Como describe el exsecretario de Agricultura, Francisco Mayorga, se ha consolidado una simbiosis entre productores, delincuentes y comercializadores que, en la práctica, "regulan el flujo de la fruta" para mantener los precios altos, cobrando un "peaje" en cada eslabón, desde la huerta hasta el transporte (Grain.org, 2023).

Finalmente, el impacto hídrico y ambiental es alarmante. Cada hectárea de aguacate en la región consume aproximadamente 100,000 litros de agua al mes, mientras que el uso de agroquímicos es masivo: solo en Michoacán se aplican anualmente unos 450,000 litros de insecticidas, 900,000 toneladas de fungicidas y 30,000 toneladas de fertilizantes, contaminando suelos y acuíferos (Grain.org, 2023).

3.2 Colombia: Crecimiento Acelerado con Desafíos Logísticos y Climáticos

Colombia se ha posicionado en corto tiempo como el segundo productor mundial, siguiendo el patrón mexicano y su estrecha relación por el tráfico de estupefacientes, aportando el 12.1% del total en 2022 (FIRA, 2024). Su estrategia comercial se ha enfocado en consolidarse como un proveedor clave para el mercado europeo, garantizando un abastecimiento continuo durante las 52 semanas del año. Esto es posible gracias a su sistema de doble cosecha: una temporada principal que concentra hasta el 65% del volumen y una secundaria o "traviesa" que aporta el 40% restante (AgroLatam, 2025).

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos estructurales significativos que limitan su competitividad y sostenibilidad:

• Obstáculos Logísticos: Los costos de transporte son elevados y los tiempos, excesivos. Un trayecto desde una zona productora del Eje Cafetero hasta un puerto puede tardar entre 34 y 36 horas, agravado por el mal estado de las vías (AgroLatam, 2025).
• Limitaciones Productivas: El cultivo se desarrolla en terrenos montañosos que dificultan la mecanización, lo que aumenta la dependencia de la mano de obra y eleva los costos operativos (AgroLatam, 2025) aunque el costo de la tierra lo permita.
• Vulnerabilidad Climática: El sector es altamente sensible a fenómenos climáticos. En 2024, los efectos de El Niño y La Niña afectaron el calibre de la fruta, generando una sobreproducción de tamaños pequeños que tienen menor valor en los mercados internacionales (Analdex, 2024).

3.3 Perú: Tecnificación en el Desierto y la Huella Hídrica

El modelo peruano se distingue por su alta tecnificación y el desarrollo de grandes plantaciones en zonas desérticas de la costa. Esta estrategia ha consolidado a Perú como el segundo mayor exportador global en 2024, con ventas que superaron los 1,246 millones de dólares (Revista Científica de la Universidad Andina del Cusco, 2025).

No obstante, este modelo de "conquista del desierto" está intrínsecamente ligado al conflicto por el agua. El caso más emblemático es el del valle de Olmos, una zona árida donde se desarrolló un megaproyecto de irrigación para abastecer a la agroindustria. Se construyó un túnel de 20 kilómetros a través de la cordillera de los Andes para trasvasar agua del río Huancabamba. Este proyecto, vendido como una oportunidad de desarrollo, ha estado envuelto en controversias por corrupción y por priorizar el uso del agua para la agroexportación en detrimento del uso para consumo humano en las regiones más secas del país (Grain.org, 2023).

3.4 Chile: La Tensión entre Exportación y Escasez Hídrica Local

En Chile, el cultivo de aguacate se concentra principalmente en la región de Valparaíso, que representa entre el 60% y el 70% del total nacional (Noticias UdeC, 2025). Aquí, el conflicto socioambiental más agudo gira en torno a la escasez hídrica.

En la provincia de Petorca, epicentro de la producción, se requieren 1,280 litros de agua para producir un solo kilo de aguacate (Grain.org, 2023). La privatización del agua, un legado de la dictadura ha permitido que grandes empresas agrícolas acaparen los derechos de aprovechamiento, secando ríos y acuíferos. Esto ha expulsado a la agricultura campesina tradicional y ha generado severas sequías para las comunidades locales, que a menudo dependen de camiones aljibe para su abastecimiento básico.

Esta crisis hídrica no es un caso aislado, sino un patrón que se repite en otras latitudes del agronegocio aguacatero, como en los valles de Michoacán en México y en los proyectos de irrigación del desierto peruano, evidenciando que el conflicto por el agua es un resultado sistémico del modelo de monocultivo para exportación.

El impacto ecológico también es profundo. La expansión del monocultivo ha implicado la eliminación de vegetación nativa, lo que provoca una pérdida de biodiversidad que afecta a especies clave como los polinizadores, irónicamente esenciales para el propio cultivo. Además, la plantación en laderas de cerros aumenta el riesgo de erosión y degradación del suelo (Noticias UdeC, 2025).

Los problemas específicos de cada país, aunque distintos en sus manifestaciones, forman parte de pasivos ambientales y sociales sistémicos que afectan a toda la región productora de aguacate.

4.0 El Pasivo Ambiental del "Oro Verde"

La expansión descontrolada del monocultivo de aguacate ha generado un significativo pasivo ambiental en toda América Latina. Este modelo, enfocado en la maximización de la producción para la exportación, ha externalizado sus costos ecológicos, generando daños cuyos efectos a largo plazo amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas locales y la disponibilidad de recursos vitales.

4.1 La Sed del Aguacate: Sobreexplotación y Acaparamiento de Agua

El consumo intensivo de agua es el conflicto transversal más visible del modelo aguacatero. La demanda hídrica del cultivo es tan elevada que ha puesto en jaque la seguridad hídrica de regiones enteras.

En México, una hectárea de aguacate consume hasta 100,000 litros de agua al mes (Grain.org, 2023). En Chile, la producción de un kilo de aguacate requiere 1,280 litros de agua (Grain.org, 2023). A nivel global, se estima que los aguacates exportados anualmente al Reino Unido desde países como Perú y Chile requieren 25 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a 10,000 piscinas olímpicas (Grain.org, 2023).

El acaparamiento de agua es una práctica común, donde grandes productores construyen embalses privados —visibles en imágenes como "tinas de plástico para acumular agua"— para almacenar enormes cantidades de recursos hídricos, mientras las comunidades aledañas sufren de escasez.

4.2 Deforestación y Pérdida de Biodiversidad

La deforestación es una "práctica central" en la expansión del aguacate, especialmente en zonas donde compite directamente con bosques de alto valor ecológico. México es el caso más documentado, con la pérdida de casi 100,000 hectáreas de bosque en 10 años para dar paso a nuevas plantaciones, muchas veces a través de incendios provocados (Grain.org, 2023).

La conversión de bosques biodiversos en monocultivos homogéneos destruye el hábitat de innumerables especies de flora y fauna. Esto incluye a los polinizadores, como abejas y otros insectos, cuya población se ve diezmada por la falta de diversidad floral y el uso intensivo de pesticidas. Esta pérdida no solo afecta el equilibrio ecológico, sino que compromete la productividad a largo plazo del propio cultivo del aguacate.

5.0 El Pasivo Social: Desigualdad, Violencia y Resistencia

El auge del "oro verde" no solo ha dejado una huella ecológica, sino también una profunda cicatriz social. El modelo agroindustrial ha exacerbado la desigualdad, concentrando la riqueza en pocas manos, ha generado focos de violencia y ha provocado la expulsión de comunidades de sus territorios. Sin embargo, esta presión también ha inspirado notables formas de resistencia comunitaria.

5.1 Violencia, Extorsión y Control Territorial

El caso de México ilustra de la manera más cruda cómo el agronegocio del aguacate puede entrelazarse con la delincuencia organizada. La alta rentabilidad del cultivo lo ha convertido en un objetivo para cárteles que controlan el territorio. Estos grupos imponen un sistema de "peaje" o "impuesto" en cada eslabón de la cadena de valor: cobran a los productores en sus huertas, a las empacadoras, a los transportistas y a los comercializadores. Este control no solo extrae rentas, sino que genera una "violencia multidimensional" que afecta la vida cotidiana de las comunidades y distorsiona por completo el mercado (Grain.org, 2023).

5.2 Desigualdad y Desplazamiento

El modelo de producción a gran escala favorece a grandes corporaciones y productores con acceso a capital, tecnología y, fundamentalmente, agua, en detrimento de los pequeños agricultores y las comunidades locales.

Esta concentración de recursos se cuantifica de forma alarmante en México. Según datos del Censo Agropecuario 2022, un 2.6% de los grandes productores controla el 43.3% de la superficie y el 54.1% de la producción de aguacate. En contraste, el 49.8% de los productores más pequeños, con menos de dos hectáreas, apenas dispone del 12.1% de la tierra y genera solo el 6.7% de la producción total (FIRA, 2024). Esta brecha evidencia un modelo que sistemáticamente marginaliza al campesinado.

Este patrón de exclusión se repite en toda la región:

• En Chile, la disparidad es evidente: mientras los grandes productores acceden a embalses privados y derechos de agua formalizados, los pequeños agricultores dependen de canales comunitarios con asignaciones cada vez más precarias (Noticias UdeC, 2025).
• En Jalisco, México, la expansión de cultivos de alto valor como el aguacate y las berries ha provocado el desplazamiento de otras actividades productivas. Se estima que en la última década han desaparecido 10,000 ganaderos en el estado, incapaces de competir por la tierra y los recursos (Grain.org, 2023).

5.3 Las Semillas de la Resistencia

Frente a la devastación y el despojo, han surgido importantes focos de resistencia. El caso de la comunidad purhépecha de Cherán, en Michoacán, México, es un contra-relato inspirador. Hartos de la tala ilegal de su bosque comunal para plantar aguacates, impulsada por grupos criminales, los habitantes de Cherán, liderados por las mujeres, se organizaron en 2011. Expulsaron a los partidos políticos y a las fuerzas de seguridad corruptas, instauraron una guardia comunitaria para proteger sus recursos y establecieron un gobierno autónomo basado en sus usos y costumbres. Hoy, Cherán es un ejemplo de cómo la organización comunitaria puede defender el territorio y construir alternativas al modelo extractivista (Grain.org, 2023).

6.0 Conclusión: El Paradigma Insostenible de un Superalimento

El aguacate Hass encarna una profunda dualidad en la agroindustria latinoamericana. Es, por un lado, un motor económico multimillonario, un "oro verde" posicionado como producto estrella en la canasta exportadora regional. Sin embargo, su éxito se fundamenta en un modelo de producción intensivo cuyos costos socioambientales se han vuelto insostenibles. Este auge no es meramente un fenómeno agrícola, sino un modelo de agro-finanzas globalizado donde los beneficios son capitalizados por un reducido número de actores internacionales mientras la deuda socioambiental se acumula en los territorios de producción latinoamericanos.

Las campañas de marketing lo promueven como un "superalimento", pero esta imagen oculta una realidad de degradación ambiental, conflicto hídrico, desigualdad y violencia. El sistema está diseñado para que corporaciones como Mission Produce y Calavo Growers, respaldadas por fondos de inversión como BlackRock, concentren las ganancias a lo largo de la cadena de suministro, mientras externalizan los riesgos —sequías, plagas, inestabilidad social— a los productores y comunidades locales. La deforestación, el acaparamiento de agua y el desplazamiento de pequeños agricultores no son efectos secundarios indeseados, sino características estructurales de una cadena de valor orientada al beneficio externo y no al bienestar local.

En definitiva, sin una profunda reestructuración del modelo hacia prácticas sostenibles, una gobernanza que proteja los recursos comunes y una regulación que garantice los derechos de las comunidades, el "boom" del oro verde amenaza con agotar los mismos ecosistemas y sociedades que lo sustentan. La trayectoria actual es un camino hacia la desertificación y el conflicto, donde la rentabilidad del superalimento en el norte global se paga con el agotamiento del sur.

 

 

ANEXO 02. El Oro Verde y el Oro Real: Análisis de los Conflictos Socioambientales en el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia

1.0 Introducción: La Paradoja del "Oro Verde" en el Eje Cafetero

El aguacate Hass, aclamado como el "oro verde" de Colombia, se ha consolidado como un motor de exportación y un símbolo aparente de modernización agrícola. Sin embargo, detrás de esta narrativa de éxito económico, emerge una creciente evidencia de conflictos socioambientales que lo sitúan como un caso de estudio paradigmático de un fenómeno global.

Su expansión descontrolada, sumada a la persistente presión de la megaminería de oro, ejerce una amenaza sin precedentes sobre la integridad del Paisaje Cultural Cafetero (PCCC), un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO que representa la simbiosis entre la cultura, la tradición y un ecosistema único en proceso de extinción.

Este análisis tiene como propósito revisar los conflictos socioambientales que surgen de la convergencia del monocultivo de aguacate Hass y la explotación minera en el Eje Cafetero. Se examinarán las dinámicas de agotamiento y acaparamiento del agua, la desposesión de tierras, la violencia estructural que acompaña a estos modelos y las formas de resistencia comunitaria que han surgido en defensa del territorio. El objetivo es ofrecer una visión crítica que cuestione el modelo de desarrollo dominante y visibilice los costos ocultos detrás de las falsas promesas de progreso.

Un análisis integral del caso colombiano, por lo tanto, requiere un examen preliminar de la maquinaria global que ha perfeccionado este modelo de expansión, un sistema de negocio que ha consolidado sus métodos de extracción y despojo en otras latitudes antes de fijar su objetivo en el Eje Cafetero.

2.0 La Maquinaria Global del Aguacate: Un Modelo de Devastación y Despojo

Los conflictos que hoy se manifiestan en el Eje Cafetero no son un evento aislado, sino la réplica de un modelo de agronegocio global, expansivo y extractivo, perfeccionado en regiones como México, Perú y Chile, no es coincidencia que los productores asentados en el PCCC provengan de estos países. Entender la estructura corporativa, financiera y los precedentes de devastación social y ambiental es fundamental para dimensionar la amenaza que enfrenta Colombia.

Este modelo, diseñado para la máxima rentabilidad, externaliza sistemáticamente sus costos sobre los ecosistemas y las comunidades locales, transformando territorios biodiversos en zonas de sacrificio.

2.1 El Engranaje Corporativo y Financiero

La expansión global del aguacate está liderada por un reducido grupo de corporaciones transnacionales que controlan la cadena de suministro. Estos gigantes, a su vez, están respaldados por los mayores actores del capital financiero mundial, creando una estructura de poder que domina el mercado y dicta las condiciones de producción.

Actores Corporativos Clave:

o    Mission Produce (EE. UU.): Una de las mayores distribuidoras globales de aguacate.

o    Calavo Growers (EE. UU.): Facturó más de 1.191 millones de dólares en 2022, con el aguacate como principal fuente de ingresos.

o    Westfalia Fruits (Sudáfrica): Con operaciones en Sudamérica y Asia, y empresas registradas en paraísos fiscales.

Gigantes Financieros de Respaldo:

o    BlackRock y Vanguard Group: Fondos de inversión que poseen participaciones en las principales corporaciones aguacateras.

o    Harvard Management Company: Empresa que maneja el fondo de dotación de la Universidad de Harvard y ha invertido en Westfalia Fruits.

La implicación de actores como BlackRock y Vanguard es significativa: la expansión no es una simple empresa agrícola, sino un imperativo financiero suscrito por los gestores de activos más poderosos del mundo. Sus demandas de rentabilidad a gran escala exigen un modelo de producción intensivo que, por diseño, necesita de "zonas de sacrificio" para externalizar sus costos ambientales y sociales.

El poder de estas corporaciones es tal que, ya en 2005, un puñado de ellas acaparaba el 80% de las importaciones estadounidenses de aguacate mexicano. Este nivel de concentración les permite imponer precios y condiciones, marginando a los pequeños productores y consolidando un modelo de agricultura industrial a gran escala.

2.2 El Precedente Mexicano: Un Espejo de los Costos Sociales y Ambientales

México, como primer productor y exportador mundial de aguacate, ofrece un crudo precedente de los costos socioambientales de este agronegocio. Lo que se promociona como un éxito de exportación ha dejado una profunda huella de devastación y violencia, especialmente en el estado de Michoacán.

Deforestación Masiva: En solo 10 años, la expansión del aguacate provocó la deforestación directa o indirecta de casi 100,000 hectáreas de bosques, a menudo mediante tala e incendios provocados.

Acaparamiento del Agua: El monocultivo tiene un impacto hídrico severo, agotando las fuentes de agua de las que dependen tanto los ecosistemas como las comunidades locales.

Despojo de Tierras y Expulsión de Comunidades: El avance del agronegocio desplaza la agricultura campesina y comunitaria, acaparando tierras y transformando radicalmente las formas de vida y producción locales.

Violencia, Extorsión e Infiltración del Crimen Organizado: El lucrativo negocio ha atraído a cárteles como Los Viagra y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos grupos imponen "impuestos" a productores y transportistas, controlan fases de la cadena de suministro y utilizan la violencia extrema para mantener su dominio. La brutalidad de esta guerra quedó patente en 2006 cuando sicarios de La Familia Michoacana irrumpieron en un club nocturno en Uruapan y arrojaron cinco cabezas cortadas en la pista de baile como mensaje para el cártel de Los Zetas, un acto de terror que marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la violencia asociada al aguacate.

La experiencia mexicana demuestra cómo la agroindustria del aguacate puede transformar un territorio en una "zona de sacrificio", un modelo que ahora se replica con alarmante precisión en las montañas del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia.

3.0 Colombia, la Nueva Frontera: Convergencia de Amenazas sobre el Paisaje Cultural Cafetero

Con los recursos hídricos de México y Chile al borde del agotamiento, la industria global del aguacate ha identificado a Colombia como su nueva frontera de expansión. El Eje Cafetero, con su riqueza hídrica, biodiversidad, su estatus como patrimonio cultural y un sistema corrupto a lo largo y a lo ancho en todos los niveles públicos y privados, se ha convertido en un objetivo particularmente vulnerable. En este territorio convergen las presiones del "oro verde" y el "oro real", con una agroindustria en rápida expansión y una megaminería que busca imponerse sobre la vocación agrícola de la región.

3.1 La Seducción del Aguacate y la Minería

La mentalidad extractivista que impulsa a la industria queda claramente expuesta en las declaraciones de sus propios directivos. En 2020, Pedro Aguilar, gerente de Westfalia Fruit Colombia, celebró las condiciones del país para la inversión con una frase reveladora:

"el agua se vuelve un factor absolutamente maravilloso para la inversión, porque para Colombia no tiene costo".

Esta afirmación es una articulación explícita del principio de externalización de costos. Define el agua no como un bien común esencial para la vida, sino como un insumo gratuito para la explotación corporativa, ignorando los profundos costos ambientales y sociales que su uso intensivo transfiere a las comunidades y ecosistemas.

En paralelo a la fiebre del aguacate, la región enfrenta la amenaza de la megaminería de oro, encarnada en el proyecto La Colosa de la multinacional AngloGold Ashanti (AGA) en Cajamarca, Tolima. Este proyecto, que de realizarse sería una de las minas de oro a cielo abierto más grandes del mundo, se superpone a una reserva natural estratégica como es el PNNN. Como estrategia para quebrar la economía local y facilitar su entrada, AGA ha invertido también en el monocultivo de aguacate, utilizando el agronegocio como una herramienta para debilitar la resistencia campesina y acaparar tierras.

3.2 La Presión sobre el PCCC: Datos del Conflicto Territorial

La amenaza de la minería sobre el Paisaje Cultural Cafetero no es una especulación, sino una realidad cuantificable.

Datos de la Agencia Nacional de Minería, analizados en el informe de la "Comisión Técnica Intersectorial" del PCCC, demuestran una presión extractiva significativa y creciente:

Tipo de Superposición	Porcentaje del Área del PCCC Afectada
Títulos Mineros Vigentes	6.50%
Solicitudes Mineras Vigentes	34.85%

Fuente: Análisis de la Comisión Técnica Intersectorial - Paisaje Cultural Cafetero (2024), con base en datos de la Agencia Nacional de Minería.

 

Los títulos vigentes se concentran principalmente en la explotación de materiales de construcción y oro. Sin embargo, las solicitudes vigentes, que abarcan más de un tercio del área total del PCCC, muestran un interés diversificado y de mayor escala en metales como oro, plata, platino y cobre. Esto demuestra una presión extractiva multifacética que amenaza con transformar irreversiblemente la estructura productiva y ecológica de la región.

Esta convergencia de intereses del agronegocio y la megaminería está generando un costo ambiental y social tangible, poniendo en riesgo los valores únicos que hicieron del PCCC un patrimonio para la humanidad.

4.0 El Costo Ambiental: Agua, Bosques y Ecosistemas en Riesgo

Más allá de las promesas de sostenibilidad y "deforestación cero" que promueve la industria, la evidencia en el terreno revela un profundo y acelerado deterioro ambiental. La expansión del monocultivo de aguacate y las actividades exploratorias mineras están generando una crisis hídrica, la destrucción de ecosistemas estratégicos y una amenaza directa a símbolos nacionales como la Palma de Cera.

4.1 La Guerra por el Agua

El aguacate Hass es un cultivo de alta demanda hídrica. Un estudio hidrológico comparativo realizado en Michoacán, México, ofrece datos científicos alarmantes que sirven como análogo para comprender el impacto en Colombia:

1. Consumo de Agua: Un árbol de aguacate consume entre 4 y 5 veces más agua que un pino nativo de la misma edad.
2. Infiltración al Suelo: Los bosques de pino permiten una infiltración de agua hacia el subsuelo 14 veces mayor que las huertas de aguacate. La estructura de las raíces del aguacate y las prácticas de poda dificultan la recarga de los acuíferos.
3. Consumo por Hectárea: Una hectárea de aguacate consume 1.6 veces más agua que una hectárea de bosque denso, a pesar de tener una menor densidad de árboles.

A este consumo intensivo se suma la construcción de grandes reservorios, conocidos como "ollas de agua", denunciados casi en todos los municipios del Quindío donde han llegado las aguacateras como se les conoce. Aunque se presentan como una solución para el riego, estas estructuras interceptan y retienen el agua de escorrentía que naturalmente debería fluir hacia las quebradas y ríos, interrumpiendo el ciclo hidrológico y afectando la disponibilidad de agua para las comunidades y ecosistemas aguas abajo.

Esta intensa presión sobre los recursos hídricos se corresponde con la destrucción física de los ecosistemas encargados de regularlos: los singulares bosques andinos de la región.

4.2 Deforestación y Amenaza a la Palma de Cera

La expansión del "oro verde" se está realizando a costa de los bosques andinos. Se han documentado denuncias de quema y tala de vegetación nativa en el Cañón de Anaime (Cajamarca), en Navarco (Salento) y Toche (Ibagué) para establecer nuevos cultivos de aguacate. Estas prácticas ponen en riesgo directo los bosques de Palma de Cera (Ceroxylon quindiuense), el Árbol Nacional de Colombia que es una especie protegida en proceso de extinción.

La gravedad de la situación queda reflejada en las acciones de las autoridades ambientales. La Resolución N.º 1493 de 2021 de CORTOLIMA inició un proceso sancionatorio contra la empresa Green Super Food SAS por graves infracciones en el predio La Suiza, en Cajamarca. El informe técnico constató la construcción de 5.8 kilómetros de carretera sin licencia ambiental, la intervención de 11 drenajes naturales y la adecuación de terrenos para siembra de aguacate en un área con presencia de Las Palmas de Cera. Esta última acción, según la resolución, "compromete seriamente su permanencia" y las pone en "riesgo de supervivencia", ya que al establecerse los cultivos no existen condiciones para la regeneración natural de la palma, condenándola a desaparecer en la zona intervenida.

La degradación ambiental no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa de un modelo productivo que prioriza la expansión y la rentabilidad sobre la conservación de recursos vitales, afectando directamente a las comunidades que dependen de ellos.

5.0 La Fractura Social: Desplazamiento, Violencia y Resistencia

La degradación ambiental provocada por el agronegocio y la minería se traduce inevitablemente en una profunda fractura del tejido social. Este modelo extractivo no solo consume agua y bosques, sino que desarticula economías locales, desplaza a pequeños agricultores y opera en un contexto de violencia, criminalización y despojo que socava los cimientos de la vida comunitaria en el Eje Cafetero.

5.1 Desposesión y Transformación del Territorio

Las grandes corporaciones utilizan su poder económico para ejercer un "abuso de posición dominante" y un "secuestro del acceso a la tierra" produciendo el fenómeno de la gentrificación rural. Empresas como AngloGold Ashanti y las grandes aguacateras compran masivamente grandes extensiones de tierra, provocando una centralización de la propiedad que expulsa a los pequeños agricultores y campesinos, quienes no pueden competir con los precios ofrecidos. Este proceso rompe con la economía tradicional y transforma un paisaje de agricultura diversificada en un mar de monocultivos. Y todo esto se hace en las salas de juntas y con el impulso y patrocinio directo de las cámaras de comercio de la región.

Paralelamente, el Plan de Ordenamiento Departamental del Quindío identifica un fenómeno de "suburbanización". Como analistas de conflictos, es más preciso describir este proceso como la gentrificación rural, que, según el propio informe oficial, incide directamente en el cambio de costumbres, el deterioro de la arquitectura tradicional cafetera por la aparición de condominios y la sustitución de cultivos nativos por proyectos inmobiliarios y de agroexportación.

5.2 Criminalización y Violencia

La oposición a los proyectos extractivos en Colombia es una actividad de alto riesgo. El asesinato del activista campesino César García en 2013, conocido por su oposición al proyecto La Colosa, y las constantes amenazas contra líderes del movimiento anti-minería en Cajamarca, son un sombrío recordatorio de la violencia que enfrentan los defensores del territorio.

Este fenómeno se inscribe en un patrón continental. El "Mapa 2: Criminalización de la Protesta", que analiza la situación en América Latina, muestra que Colombia se encuentra entre los países con un alto número de casos de criminalización, evidenciando una estrategia regional donde la defensa del territorio es sistemáticamente reprimida.

5.3 La Lucha Comunitaria y Legal

A pesar de la violencia y la presión, las comunidades del Eje Cafetero han desarrollado robustas formas de resistencia.

• Resistencia Social: Movilizaciones masivas y pacíficas como las "marchas carnaval" en el Quindío y Tolima, que llegaron a congregar, en sus momentos de mayor auge y en distintos puntos de la región, hasta 100,000 personas, se convirtieron en un símbolo de la oposición popular. La organización de base a través de comités ambientales y colectivos como Ecogenova, Ecotierra, COSAJUCA, Kumanday, Organización Amar Es Más y la Junta de Acción Comunal de Alto Castillo, Villamaría, han sido fundamentales para articular la defensa del territorio.
• Resistencia Legal: La "Consulta Popular" emergió como una poderosa herramienta democrática. Mediante este mecanismo, las comunidades de Piedras (2013), Cajamarca (2017) y La consulta popular en Pijao, Quindío (2017) "Un pueblo sin prisa decidido a defender su territorio del extractivismo”, donde votaron masivamente en contra de la actividad minera en sus municipios.
• Sin embargo paradójicamente, en 2018, la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia, afirmando la propiedad de la Nación sobre el subsuelo y limitando drásticamente el poder de decisión de los municipios sobre la minería. Este viraje legal generó una profunda crisis de legitimidad y dejó a las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica.  Todos entendimos la regla de oro.

El profundo contraste entre la realidad vivida por las comunidades —marcada por el despojo y la resistencia— y la narrativa oficial de progreso impulsada por el gobierno y las corporaciones, define el núcleo del conflicto.

6.0 Conclusión: Dos Paradigmas en Conflicto y el Futuro del Eje Cafetero

Estos hallazgos demuestran que el Eje Cafetero es el escenario de una colisión fundamental entre dos paradigmas de desarrollo irreconciliables. Por un lado, un modelo extractivista globalizado, impulsado por capitales transnacionales y políticas estatales, que concibe el territorio como una frontera de recursos para la agroexportación y la minería. Por otro, un modelo de vida basado en la sostenibilidad, la cohesión social y la integridad del patrimonio cultural que da valor universal al Paisaje Cultural Cafetero.

La narrativa de la industria y el gobierno, visible en los informes de gremios como Analdex, celebra el crecimiento de las exportaciones y la modernización del campo, presentando al aguacate como el "oro verde" que diversifica la economía nacional. Esta visión, centrada en indicadores macroeconómicos, describe un camino de progreso lineal, omitiendo sistemáticamente los costos sociales y ambientales que externaliza.

En oposición, la narrativa de la resistencia, construida desde las denuncias de las comunidades y las investigaciones críticas, documenta un proceso de despojo: la deforestación de bosques de Palma de Cera, el agotamiento del agua, la expulsión de campesinos y la violencia contra quienes defienden el territorio. Para ellos, el "oro verde" y el "oro real" no son símbolos de progreso, sino de un modelo que sacrifica su modo de vida, su herencia y su futuro.

El conflicto actual, por lo tanto, no es una mera disputa sobre el uso del suelo, sino una batalla estructural sobre qué tipo de futuro es posible y para quién. El destino del Paisaje Cultural Cafetero se ha convertido en un barómetro; su capacidad para sobrevivir como un "paisaje productivo vivo" o su transformación irreversible en una zona de sacrificio determinará un precedente crucial para otros territorios de importancia cultural y ecológica que enfrentan presiones similares en todo el mundo. Lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino la viabilidad de un modelo de desarrollo alternativo frente al avance de la extracción global.

 

Bibliografía.

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3.        Avocado Rootstocks - Avocadosource.com

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5.        Avocado: characteristics, health benefits and uses - SciELO

6.        Bioactive Molecules From Native Mexican Avocado Fruit (Persea americana var. drymifolia): A Review - PubMed

7.        CRI Informe México: El Saldo Insostenible De La Expansión Aguacatera

8.        Comisión Técnica Intersectorial - Paisaje Cultural Cafetero.

9.        El drama de la expansión del aguacate en México: amenazas a la biodiversidad y comunidades locales - Mongabay Latam

10.   Getting Smashed The climate danger facing avocados - Christian Aid

11.   INFORME - Grain.org

12.   Impacto económico potencial de Xyleborus glabratus - Raffaelea lauricola en el cultivo de aguacate, en el Estado de Michoacán.

13.   La Colosa: Una disputa entre el valor del oro y el valor del medio ambiente en Colombia. Análisis desde el enfoque del - Repositorio Digital FLACSO Ecuador

14.   List of countries by avocado production - Wikipedia

15.   Manual de manejo productivo de aguacate - SIPA

16.   Más allá de la fruta: el impacto económico de la palta hass en las transacciones internacionales de Perú (2005-2024) - Revistas Científicas de la Universidad Andina del Cusco

17.   Panorama Agroalimentario Aguacate 2024 - FIRA

18.   Petorca, historia de una crisis hídrica - INDH

19.   Producción de palta en Chile: especialistas llaman a tomar conciencia sobre su repercusión ecológica y social - Noticias UdeC - Universidad de Concepción

20.   RESUMEN DE PRENSA Y ARTÍCULOS VARÍOS SOBRE EL AGUACATE HASS - Territorios en conflicto

21.   Retos de producción, logísticos y climáticos, los principales dolores de cabeza para las exportaciones del aguacate Hass - Analdex - Asociación Nacional de Comercio Exterior

22.   Standardization of time and method of propagation in avocado - Journal of Applied Horticulture

23.   Tomo XVIII. Allin Kamachikuq, Defensa de los Bienes comunes En clave Abya Yala - Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

24.   UC Statewide Integrated Pest Management Program - California Avocado Commission

25.   Reporte anual del mercado de aguacate hass de Estados Unidos - International Fresh Produce Association