Crónica de una Cuenca en Riesgo: denuncias sobre el daño institucional al territorio bajo el desgobierno Petro

Crónica de una Cuenca en Riesgo: denuncias sobre el daño institucional al territorio bajo el desgobierno Petro

Por Luis Alberto Vargas Ballén

Hablar hoy del Quindío, del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano y de la cuenca del río La Vieja no es solo hablar de montañas verdes, café y turismo. Es hablar de un territorio sometido a una presión creciente, donde las amenazas no provienen únicamente de la deforestación, la contaminación de las aguas, la minería ilegal o el cambio climático. 

Sino que lo más grave es que también provienen de decisiones oficiales, de silencios administrativos, de omisiones calculadas y de actos expedidos desde Bogotá que desconocen la realidad local, engendrados por políticos que prometían el cambio.

Como veedor ambiental y miembro del Consejo de Cuenca, he elevado múltiples denuncias ante organismos de control y entidades nacionales. 

Lo he hecho además de oposición ideológica contra la corrupción y la mediocridad, por responsabilidad con el agua, la biodiversidad y las comunidades. 

Porque cuando el Estado falla, callar también es complicidad.

1. El abandono del Paisaje Cultural Cafetero: patrimonio en riesgo

He solicitado que el Ministerio de Cultura y la institucionalidad encargada del Paisaje Cultural Cafetero promuevan ante la UNESCO la inscripción del PCCC en la lista de patrimonios en peligro. No como gesto simbólico, sino como alerta real.

El territorio se está transformando aceleradamente por urbanización desordenada, turismo extractivo, pérdida del paisaje rural, presión inmobiliaria y sustitución de cultivos tradicionales por modelos intensivos. Mientras tanto, la Nación guarda silencio y promueve narrativas de éxito sin asumir los costos ambientales y sociales.

2. El incumplimiento de la Ley 2323 de 2023: democracia local en mora

Denuncié ante la Procuraduría General de la Nación a 56 alcaldías, 35 concejos municipales y 4 asambleas departamentales por incumplir la Ley 2323 de 2023, norma que obliga acciones institucionales concretas para proteger y preservar el PCCC.

Cuando las corporaciones públicas ignoran la ley, no solo incumplen una obligación jurídica: desprecian al ciudadano y degradan el Estado de Derecho. La omisión sistemática se vuelve costumbre, y la costumbre termina siendo corrupción institucionalizada.

Y ante esto ninguna de las entidades del orden nacional que conforman la Comisión Interinstitucional del PCCC se manifestaron.

3. Minería en áreas protegidas: la ANM contra el sentido común

También denuncié a la Agencia Nacional de Minería por aceptar solicitudes y otorgar títulos en zonas incompatibles con la minería: PCCC, Parque Nacional Natural Los Nevados, DRMI de Salento, zona de Chilí, reservas de Ley 2ª de 1959 y otras áreas sensibles.

No puede hablarse de transición ecológica mientras se mantiene la puerta abierta para actividades extractivas en ecosistemas estratégicos. Eso no es desarrollo; es incoherencia estatal.

4. Infraestructura sin vida: ANI y concesiones que atropellan el territorio

La ANI y concesionarios como Autopistas del Café han sido advertidos por la falta de pasos de fauna, la mortandad de animales silvestres, riesgos sobre peatones, afectación de bocatomas como Barbas Bremen y deterioro del entorno.

En Colombia seguimos construyendo vías como si la fauna no existiera, como si los ríos fueran obstáculos y como si el campesino no caminara. La ingeniería sin ética ambiental se convierte en violencia territorial.

5. El “trampolín de la muerte”: Invías y la improvisación vial

He denunciado la accidentalidad asociada al sector del Puente Helicoidal en Versalles - Calarcá así como las altas pendientes en descenso en la carretera de La Línea, puestas en funcionamiento en contravía del diseño original, generando riesgo permanente.

Cuando una obra pública ignora criterios técnicos y luego normaliza la accidentalidad, el problema ya no es solo vial: es penal, disciplinario y moral.

6. Ministerio de Ambiente: entre discursos verdes y decisiones grises

El Ministerio de Ambiente ha sido denunciado por varias razones graves:

• Promoción del monocultivo de aguacate Hass en zonas de protección ambiental y de ley 2da.

• No reglamentar adecuadamente el Acuerdo de Escazú y demorar su implementación.

• Flexibilizar exigencias de calidad del agua en zonas rurales.

• Intentar centralizar recursos estratégicos como los del FIAB, debilitando autonomías regionales.

No basta con hablar de justicia climática mientras se tolera el deterioro hídrico y se favorecen modelos extractivos maquillados de sostenibilidad.

7. La tragedia del puente La Herradura

El colapso del puente La Herradura dejó preguntas profundas sobre control de cargas, transporte de materiales peligrosos y fiscalización estatal.  Mintransporte nunca hizo ni dijo nada.

Cuando se permite el sobrepeso vehicular, el deterioro estructural y la circulación riesgosa, las tragedias no son accidentes: son consecuencias previsibles.

8. Sustancias peligrosas y silencio institucional

Se denunció la disposición y tránsito irregular de sustancias precursoras para producción de narcóticos en el sector de la báscula de Calarcá, con posibles fallas de control de Policía de Carreteras y autoridades competentes.

El Estado no puede perseguir al eslabón débil y mirar hacia otro lado frente a las cadenas logísticas del delito.

9. La Querendona y Pijao: entregar vulnerabilidad en vez de soluciones

Uno de los capítulos más graves ha sido la entrega de predios no aptos sin respetar las determinantes ambientales a comunidades vulnerables por parte de la SAE, la ANT y agencias relacionadas con reintegración.

Caso La Querendona: Predio con restricciones ambientales, nacimientos de agua y relevancia hídrica para EPQ y el Comité de Cafeteros. Aun así, fue promovido y entregado para usos incompatibles agro productivos.

Caso Pijao: Terrenos con limitaciones técnicas, ambientales o jurídicas entregados como falsa solución social a poblaciones índigenas.

Esto representa una perversión del concepto de reforma agraria o inclusión social: trasladar pobreza a zonas inviables, entregar conflicto en vez de oportunidad.

10. El patrón común: Bogotá decide, la región padece

Detrás de todos estos casos aparece una constante: decisiones centralizadas tomadas lejos del territorio, sin escuchar a comunidades, sin estudios serios y sin respeto por las autoridades locales ni por los consejos de cuenca.

Se gobierna con resoluciones, comunicados y anuncios; pero el daño lo reciben los municipios, las quebradas, los animales y la gente humilde.

11. El costo silencioso para la cuenca del río La Vieja

Cada omisión deja huella:

• Menor calidad del agua.

• Mayor presión sobre nacimientos y acuíferos.

• Fragmentación ecológica.

• Riesgo vial y humano.

• Pérdida del paisaje cafetero.

• Desconfianza institucional.

• Conflictos sociales futuros.

Una cuenca no se destruye de un día para otro. Se deteriora lentamente entre firmas, permisos, silencios y negligencias.  Pero el daño se acelera cuando es desde las propias entidades públicas del orden nacional que se cometen los atentados.

12. Llamado final

No denuncio por protagonismo. 

Denuncio porque el territorio no habla por sí solo. 

Porque los ríos no interponen tutelas. 

Porque los bosques no radican derechos de petición. 

Porque los animales atropellados no presentan quejas disciplinarias.

Queda a la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, jueces y ciudadanía decidir si Colombia seguirá administrando sus regiones desde la indiferencia, o si empezará a respetar el mandato superior de proteger la vida, el agua y el territorio.

El Quindío no necesita discursos verdes. Necesita decisiones limpias.

La protesta ambiental no se hace con matoneo, con gritos y saboteo, mucho menos con victimización, se hace luchando desde la legalidad.