BORRADOR DE INFORME DE GESTIÓN
INFORME GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Gestión de la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del Río La Vieja – Tatayamba
Período mayo – julio de 2025
Primer informe de gestión con enfoque de Acuerdo de Escazú, transparencia activa y prevención de pasivos ambientales
1. Presentación
El presente informe consolida la gestión adelantada por la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – Tatayamba durante el período comprendido entre mayo y julio de 2025. Su propósito es rendir cuentas de manera técnica, ordenada y verificable sobre las actuaciones realizadas para activar institucionalmente el Consejo, fortalecer su capacidad de incidencia, promover la transparencia ambiental, exigir información pública, articular actores territoriales y priorizar los verdaderos problemas ambientales, sociales y territoriales de la cuenca.
Esta rendición de cuentas se concibe como un primer ejercicio práctico de aplicación del Acuerdo de Escazú en el ámbito de un Consejo de Cuenca. No se limita a enumerar oficios enviados, sino que organiza las actuaciones bajo principios de acceso a la información ambiental, participación pública incidente, justicia ambiental, protección de liderazgos territoriales y producción de evidencia para la toma de decisiones.
La gestión documentada demuestra que el Consejo de Cuenca dejó de operar como una instancia meramente consultiva para convertirse en una plataforma activa de gobernanza hídrica, control social, articulación institucional y planeación territorial. En este período se avanzó en el fortalecimiento interno del Consejo, la territorialización de sus sesiones, el seguimiento al cumplimiento del POMCA, la construcción de una línea base de información regional, la defensa del agua, el control de riesgos ambientales y la identificación de posibles pasivos ambientales.
2. Enfoque rector de la gestión
La gestión de la Presidencia se orientó bajo cinco principios estratégicos:
Primero, transparencia activa. El Consejo solicitó información ambiental, territorial, estadística, catastral, sanitaria, urbanística y de infraestructura a entidades municipales, departamentales, regionales y nacionales, con el fin de superar la dispersión institucional de datos y construir una base pública para la toma de decisiones.
Segundo, participación territorial. Se promovió la realización de sesiones itinerantes en municipios de la cuenca, con presencia de alcaldías, empresas de servicios públicos, acueductos rurales, autoridades ambientales, comunidades y actores productivos.
Tercero, prevención de conflictos y pasivos ambientales. Se inició una línea de seguimiento a rellenos sanitarios, vertimientos, concesiones de agua, infraestructura vial, cambios de uso del suelo, monocultivos, minería, asentamientos en riesgo y ocupación de rondas hídricas.
Cuarto, articulación multiescalar. La gestión conectó actores locales con entidades nacionales como DANE, IGAC, MinVivienda, SAE, INVIAS y autoridades ambientales, permitiendo que los problemas de la cuenca fueran tratados como asuntos de política pública nacional.
Quinto, defensa de la memoria biocultural. Se impulsó el reconocimiento del río como Tatayamba, no solo como reivindicación simbólica, sino como herramienta de identidad, pedagogía ambiental y justicia histórica.
3. Fortalecimiento institucional del Consejo de Cuenca
Uno de los primeros frentes de trabajo fue garantizar que el Consejo tuviera condiciones mínimas para funcionar. La Presidencia impulsó comunicaciones para organizar sesiones, aprobar actas, consolidar el reglamento interno, definir agendas, solicitar apoyo logístico y garantizar participación institucional.
Dentro de esta línea se destaca la solicitud dirigida a la Alcaldía de Montenegro para asumir la Secretaría Principal del Consejo. Esta gestión buscó asegurar continuidad administrativa, elaboración de actas, archivo documental, sistematización de compromisos y seguimiento a las decisiones adoptadas. Sin una secretaría funcional, el Consejo carecería de memoria institucional y de capacidad real para rendir cuentas.
Este componente fue esencial porque permitió pasar de la instalación formal a la operación efectiva. La gobernanza ambiental requiere actas, trazabilidad, responsables, cronogramas y documentos verificables.
4. Territorialización de la participación ambiental
Una decisión estratégica fue llevar el Consejo al territorio mediante sesiones itinerantes. Se gestionaron apoyos logísticos y organizacionales ante municipios como Cartago, Calarcá, Caicedonia, Circasia, Zarzal y Quimbaya, solicitando auditorios, conectividad, equipos audiovisuales y participación de dependencias municipales, empresas de servicios públicos y acueductos rurales.
Esta estrategia materializa el Acuerdo de Escazú porque acerca la información y la deliberación ambiental a los territorios. La participación deja de ser una reunión cerrada entre instituciones y se convierte en una práctica pública, territorial y pedagógica.
Las sesiones itinerantes permitieron formular cuestionarios técnicos para recopilar información sobre agua potable, saneamiento básico, residuos sólidos, ordenamiento territorial, gestión del riesgo, asentamientos humanos, PTAR, PTAP, rellenos sanitarios y cumplimiento del POMCA.
5. Seguimiento al POMCA y exigibilidad institucional
La Presidencia activó una línea sistemática de seguimiento al cumplimiento del POMCA. Se requirió a municipios y entidades información sobre determinantes ambientales, armonización con POT, PBOT y EOT, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, rellenos sanitarios, PTAR, calidad del agua, gestión del riesgo y asentamientos humanos en zonas vulnerables.
En Pereira se solicitó información sobre armonización del POMCA con el POT, PTAR Pereira–Dosquebradas, mapas de riesgo de calidad del agua, PSMV, relleno sanitario La Glorita y asentamientos humanos en riesgo.
En Calarcá se solicitó un informe integral sobre PBOT, planes parciales, urbanizaciones en suelo rural y de expansión, PTAP, PTAR, residuos sólidos, programa basura cero, PGIRS, PSMV, rellenos sanitarios y asentamientos humanos vulnerables.
Esta línea convierte al Consejo en un órgano activo de seguimiento territorial. No sustituye a las autoridades, pero sí documenta omisiones, exige respuestas y genera insumos probatorios para control ciudadano, disciplinario, fiscal y ambiental.
6. Construcción de una línea base de información para la cuenca
La gestión entendió que no existe gobernanza ambiental sin información pública, completa, actualizada y georreferenciada. Por ello se solicitó información a entidades nacionales como DANE, IGAC, MinVivienda, SAE e INVIAS.
Al DANE se le solicitó información estadística de los 21 municipios de la cuenca sobre economía, sociedad, territorio, pobreza, condiciones de vida, déficit habitacional, NBI, hogares, población y asentamientos vulnerables.
Al IGAC se le requirió información catastral sobre bienes públicos, bienes fiscales, predios de uso público, urbanización en suelos rurales, suburbanos y de expansión, y predios en común y proindiviso. Esta información resulta clave para identificar suelo disponible, ocupaciones irregulares y activos públicos con potencial social o ambiental.
A MinVivienda se le solicitó información sobre asentamientos humanos en riesgo, subsidios, proyectos habitacionales, predios del PAR FOREC y PAR INURBE, bienes transferibles, articulación con SAE y sanciones a oferentes o enajenadores inmobiliarios.
A la SAE se le pidió información sobre bienes incautados o extintos que pudieran destinarse a proyectos de vivienda social, reasentamiento o proyectos rurales productivos.
Este conjunto de solicitudes configura un primer sistema de información multiescalar para la cuenca: local, regional y nacional.
7. Seguridad hídrica, salud pública y calidad del agua
La gestión incorporó la seguridad hídrica como asunto de salud pública. Se solicitó a la Secretaría de Salud del Quindío información sobre mapas de riesgo de calidad de agua, IRCA, ERA y planes de mejoramiento para acueductos urbanos y rurales.
También se pidió a la CRQ información sobre concesiones de agua, acueductos rurales, herramienta TUA, relleno sanitario Andalucía, vida útil, lixiviados, licencias ambientales y tecnologías para tratamiento de residuos sólidos.
Este eje permite priorizar preguntas fundamentales: quién capta el agua, bajo qué permiso, con qué control, con qué calidad llega a los hogares y qué riesgos enfrenta la población por contaminación, vertimientos o deficiencias en potabilización.
8. Gestión del riesgo, asentamientos vulnerables y vivienda social
Uno de los aportes más innovadores de esta gestión fue integrar la agenda ambiental con la agenda de vivienda y gestión del riesgo. Las solicitudes a Pereira, Calarcá, DANE, IGAC, MinVivienda, SAE, INVIAS y CRQ buscan identificar asentamientos humanos en riesgo, familias afectadas por avenidas torrenciales, movimientos en masa, inundaciones, insalubridad, ocupaciones informales y déficit habitacional.
El Consejo planteó que proteger la cuenca también exige proteger a las familias que viven en zonas de riesgo. Por ello se promovió la identificación de suelo público, bienes fiscales, predios incautados, bienes férreos y activos estatales que puedan servir para reasentamientos, vivienda social o proyectos productivos rurales.
A INVIAS se le solicitó información sobre bienes férreos, estaciones patrimoniales, corredores de vías verdes, la Explanación de Boquía, la antigua red del Ferrocarril de Caldas y posibles ocupaciones de bienes públicos por hogares vulnerables.
Esta línea une ambiente, riesgo, suelo y vivienda, evitando que las familias pobres sigan pagando las consecuencias de la mala planificación territorial.
9. Control de infraestructura, residuos y posibles pasivos ambientales
La Presidencia inició una línea de seguimiento sobre fuentes potenciales de pasivos ambientales actuales o futuros: rellenos sanitarios con vida útil limitada, lixiviados, vertimientos, infraestructura vial crítica, ocupación de rondas, cambios de uso del suelo y monocultivos intensivos.
El seguimiento al relleno sanitario Andalucía y a la situación de La Glorita permite anticipar una posible crisis sanitaria regional si no se adoptan planes de contingencia serios. La solicitud sobre La Línea, túneles, accidentalidad y bienes férreos conecta infraestructura, seguridad vial, patrimonio público y afectación ambiental.
Esta línea se relaciona directamente con la agenda nacional de pasivos ambientales: identificar fuentes de daño, responsables, riesgos acumulados, omisiones institucionales y necesidades de restauración o compensación.
El Consejo comienza a evidenciar que la cuenca no solo enfrenta problemas futuros, sino cargas ambientales acumuladas que deben ser inventariadas, priorizadas y tratadas con enfoque preventivo.
10. Aguacate Hass, monocultivo y protección del Paisaje Cultural Cafetero
La gestión también incorpora una posición crítica frente a la expansión agroindustrial del aguacate Hass en zonas estratégicas de la cuenca. Las comunicaciones y análisis presentados alertan que los lineamientos nacionales resultan insuficientes si no incorporan reglas verificables, exclusiones taxativas y moratorias hídricas en zonas críticas.
La Presidencia ha advertido que el monocultivo de aguacate Hass puede afectar nacimientos, zonas de recarga, biodiversidad, disponibilidad hídrica, suelos de ladera y atributos del Paisaje Cultural Cafetero. Por ello se plantea una agenda mínima:
exclusión en páramos, humedales, rondas, nacimientos y zonas de recarga;
moratoria hídrica en subcuencas con estrés, déficit de saneamiento o metas de calidad incumplidas;
evaluación acumulativa de impactos;
trazabilidad hídrica;
publicidad de concesiones;
participación ciudadana efectiva;
y aplicación rigurosa del principio de precaución.
Este enfoque transforma directrices genéricas en reglas verificables y orientadas a proteger el agua, la cultura cafetera y la biodiversidad frente a una expansión productiva no suficientemente controlada.
11. Aplicación práctica del Acuerdo de Escazú
Este informe constituye un primer ejercicio de rendición de cuentas de un Consejo de Cuenca inspirado en el Acuerdo de Escazú. La gestión adelantada aplica sus pilares de manera práctica:
Acceso a la información: mediante solicitudes a alcaldías, CAR, DANE, IGAC, MinVivienda, SAE, INVIAS, Secretaría de Salud y empresas de servicios públicos.
Participación pública: mediante sesiones itinerantes, cuestionarios técnicos, invitación a comunidades, acueductos rurales, fundaciones, academia y sector productivo.
Justicia ambiental: mediante trazabilidad documental frente a omisiones, solicitudes sin respuesta, conflictos de uso del suelo, pasivos ambientales y riesgos para comunidades vulnerables.
Protección de liderazgos y comunidades: mediante la promoción de veedurías ambientales, escuela de formación, observatorio ciudadano y defensa de líderes del agua.
La gestión demuestra que Escazú no debe quedarse en discursos ni comités centralizados. Debe aterrizarse en la cuenca, en el municipio, en el acueducto rural, en el barrio en riesgo y en la comunidad que pide información para defender su territorio.
12. Articulación con fundaciones, sector privado y academia
Ante las limitaciones de apoyo logístico y técnico de algunas autoridades ambientales, la Presidencia buscó alianzas con fundaciones, empresas, centros ambientales y actores privados.
Se solicitaron apoyos a Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, Fundación Carvajal, ProPacífico y Fundación Internacional María Luisa de Moreno para líneas como Escazú, POT, IMCU, acueductos rurales, escuela ambiental, observatorio ciudadano, ruta pedagógica por el río, sesiones itinerantes, comunicación ambiental y foros temáticos.
También se gestionaron posibles apoyos con PANACA, Jardín Botánico del Quindío, RECUCA y Riopaila Castilla para sesiones y recorridos técnicos.
Esta estrategia no privatiza la gestión ambiental; por el contrario, convoca corresponsabilidad social y empresarial, especialmente en una cuenca donde el sector productivo depende directamente del agua y del paisaje.
13. Recorridos técnicos y auditoría ambiental de campo
El Consejo promovió recorridos técnicos por el cauce del río La Vieja como herramienta pedagógica, participativa y diagnóstica. Se solicitó apoyo a CRQ, CARDER y CVC para un recorrido interinstitucional por el río.
También se solicitó apoyo a la Alcaldía de Cartago, EMCARTAGO y Clean Atmosphere para un recorrido desde el puerto de Samaria hasta la desembocadura en el río Cauca, con transporte fluvial, guías técnicos, seguridad, alimentación, hidratación y agenda de observación con comunidades.
Esta línea es esencial porque permite pasar del diagnóstico documental al diagnóstico territorial. Ver el río, escuchar a las comunidades e identificar impactos en campo es una forma directa de auditoría ambiental participativa.
14. Memoria biocultural y renombramiento del río Tatayamba
La solicitud ante el IGAC para el renombramiento oficial del río La Vieja como río Tatayamba constituye uno de los hitos simbólicos de la gestión.
El expediente histórico y técnico argumenta que el nombre colonial “La Vieja” está asociado a un relato de despojo, mientras que “Tatayamba” reivindica la memoria quimbaya, la abuela protectora del cacique Yamba y la identidad biocultural del territorio. También destaca el papel del río en el abastecimiento hídrico, la biodiversidad, el Paisaje Cultural Cafetero y la memoria popular.
Este componente demuestra que la gestión de cuenca no es únicamente hidráulica o administrativa. También es cultural, histórica, espiritual y territorial. Nombrar el río como Tatayamba es un acto de justicia ambiental y reparación simbólica.
15. Integración del ordenamiento territorial, el IMCU y los POT
La Presidencia insistió en la necesidad de armonizar los instrumentos de ordenamiento territorial con el POMCA. Las solicitudes a Pereira, Calarcá, MinVivienda, IGAC, DANE y fundaciones muestran que la protección del río depende del modelo de ocupación del suelo.
El Consejo planteó la necesidad de utilizar herramientas como el Índice de Máxima Capacidad Urbana —IMCU— para evaluar límites de crecimiento urbano, disponibilidad de agua, capacidad de saneamiento, riesgo, movilidad, equipamientos y protección de zonas de recarga hídrica.
Esta línea permite priorizar los problemas estructurales de la región: crecimiento urbano desordenado, licenciamiento en zonas sensibles, ocupación de laderas, insuficiencia de PTAR, déficit de vivienda, presión sobre acueductos y pérdida de suelo rural estratégico.
16. Hallazgos estratégicos
De la gestión adelantada se derivan los siguientes hallazgos:
Existe una debilidad estructural en el apoyo técnico, logístico y financiero al Consejo de Cuenca por parte de las autoridades competentes.
La información ambiental, social, catastral, sanitaria y territorial se encuentra dispersa, fragmentada o desactualizada.
Los municipios requieren fortalecer su capacidad para reportar avances reales del POMCA y armonizar sus POT, PBOT y EOT con determinantes ambientales.
Los asentamientos humanos en riesgo deben abordarse como una prioridad de cuenca, no como un problema marginal de vivienda.
La calidad del agua para consumo humano debe integrarse a la gobernanza hídrica como asunto de salud pública.
La expansión agroindustrial, especialmente del aguacate Hass, exige reglas verificables, evaluación acumulativa y moratoria hídrica en zonas críticas.
Los rellenos sanitarios, vertimientos, infraestructura vial, ocupaciones de ronda y suelos degradados deben ser tratados como posibles pasivos ambientales.
La memoria biocultural del río Tatayamba debe integrarse a la planificación ambiental, educativa y territorial.
17. Llamado proactivo a los actores de la cuenca
La Presidencia del Consejo de Cuenca hace un llamado respetuoso, técnico y propositivo a todos los actores de la cuenca para superar la dispersión, la retórica y la gestión reactiva.
A las CAR: asumir de manera efectiva su responsabilidad de acompañar al Consejo, suministrar información, prevenir riesgos, controlar vertimientos, proteger rondas, gestionar pasivos ambientales y garantizar participación real.
A los alcaldes: armonizar sus instrumentos de ordenamiento con el POMCA, identificar asentamientos en riesgo, priorizar saneamiento básico, proteger fuentes hídricas y dejar de autorizar ocupaciones incompatibles con la seguridad ambiental.
A las empresas de servicios públicos: entregar información clara sobre captaciones, concesiones, calidad del agua, PTAR, PTAP, residuos, lixiviados y planes de contingencia.
Al Gobierno Nacional: apoyar la construcción de una línea base integral de la cuenca, facilitar datos, transferir predios útiles para conservación y vivienda social, y garantizar que las políticas productivas no sacrifiquen el agua.
Al sector productivo: asumir corresponsabilidad real frente al uso del agua, la restauración, la trazabilidad ambiental y la prevención de daños acumulados.
A la academia y sociedad civil: fortalecer el control ciudadano, la investigación aplicada, la educación ambiental y la vigilancia del cumplimiento del POMCA.
18. Conclusión general
La gestión de la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – Tatayamba, durante mayo a julio de 2025, constituye un ejercicio técnico, jurídico y territorial de activación institucional. En pocos meses, el Consejo pasó de ser una instancia formal a convertirse en una plataforma activa de gobernanza ambiental, transparencia, control social, planeación territorial y defensa del agua.
Este informe demuestra que la rendición de cuentas no debe limitarse a reportar actividades. Debe servir para ordenar información, evidenciar problemas, señalar responsabilidades, convocar soluciones y orientar decisiones.
El principal logro de la gestión no fue enviar múltiples oficios. El logro fue construir una ruta de gobernanza: preguntar, exigir, convocar, documentar, territorializar, proponer y dejar trazabilidad.
En síntesis:
El Consejo de Cuenca del río La Vieja – Tatayamba inicia una nueva etapa: una gobernanza basada en Escazú, orientada a la prevención de pasivos ambientales, comprometida con la justicia territorial y enfocada en priorizar los verdaderos problemas de la región: agua, saneamiento, riesgo, suelo, vivienda, biodiversidad, cultura y futuro.
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