INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Gestión de la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del Río La Vieja – Tatayamba 2025-2026

INFORME GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Gestión de la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del Río La Vieja – Tatayamba

Período: mayo 2025 – mayo 2026

 

Resumen Ejecutivo de la Gestión

El presente informe técnico consolida la gestión adelantada por la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – Tatayamba durante el período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026, con el propósito de rendir cuentas de manera estructurada, verificable y sustentada sobre las actuaciones desarrolladas para fortalecer la gobernanza hídrica de la cuenca.

La gestión se articuló a partir del Plan de Acción 2025–2026, estructurado en nueve ejes estratégicos, los cuales orientaron una agenda de trabajo enfocada en la generación de información, la exigibilidad institucional, la articulación territorial y la defensa del recurso hídrico. Este proceso permitió superar barreras administrativas iniciales, consolidar la legitimidad del Consejo y ampliar progresivamente su representatividad.  Prueba de ello ha sido el seguimiento casi estricto del propio Minambiente sin que esto pase con otros consejos de cuenca del país.

El enfoque adoptado se fundamentó en la aplicación práctica del Acuerdo de Escazú, incorporando principios de acceso a la información ambiental, participación pública efectiva, transparencia activa y justicia ambiental. En este contexto, se adelantaron acciones orientadas a la obtención y publicación de información sobre concesiones de agua, uso del recurso hídrico y gestión institucional, así como a la formulación de observaciones críticas frente a iniciativas normativas que limitan la participación territorial.

De manera complementaria, se desarrollaron líneas estratégicas orientadas a abordar problemáticas estructurales de la cuenca, entre ellas:

• La gestión de tierras para conservación y reasentamiento social, mediante acciones jurídicas y técnicas para identificar bienes públicos, fiscales e incautados con potencial ambiental o habitacional.
• El control de infraestructura y pasivos ambientales, con seguimiento a proyectos de alto impacto y alertas sobre riesgos asociados a rellenos sanitarios, corredores viales y afectaciones al recurso hídrico.
• La defensa de las determinantes ambientales y su articulación con el ordenamiento territorial, promoviendo el respeto de las rondas hídricas, el control al licenciamiento urbano y la incorporación de criterios de sostenibilidad en el uso del suelo.
• La integración de la dimensión biocultural, destacando el proceso de renombramiento del río Tatayamba, el fortalecimiento de la identidad territorial y la promoción de estrategias de formación y participación ciudadana.

Asimismo, la gestión impulsó la territorialización del Consejo mediante la interacción con actores municipales, entidades nacionales, autoridades ambientales, empresas de servicios públicos, academia y sociedad civil, permitiendo construir una base de información multiescalar y una agenda de trabajo conectada con las realidades del territorio.

No obstante, este informe reconoce de manera expresa las limitaciones estructurales que han afectado el funcionamiento del Consejo, particularmente en materia de apoyo institucional, capacidad operativa y articulación interinstitucional. Lejos de debilitar la rendición de cuentas, este reconocimiento constituye un ejercicio de transparencia que permite identificar los ajustes necesarios para consolidar un modelo de gobernanza más eficaz.

En este sentido, el informe no solo presenta resultados, sino que formula un llamado a todos los actores de la cuenca —autoridades ambientales, entidades territoriales, sector productivo, academia y sociedad civil— a asumir un rol más proactivo, coordinado y corresponsable en la protección del territorio.

La gestión adelantada evidencia un proceso de estructuración de capacidades institucionales orientadas a mejorar la toma de decisiones sobre la cuenca, basado en información, control y articulación. Este informe se presenta como una herramienta para orientar políticas, fortalecer el control social y avanzar hacia un modelo de gobernanza hídrica que responda de manera efectiva a los desafíos ambientales, sociales y territoriales del río La Vieja – Tatayamba.

 

1.        Enfoque estratégico y rector de la gestión

La gestión de la Presidencia se orientó bajo cinco principios estratégicos:

Primero, transparencia activa. El Consejo solicitó información ambiental, territorial, estadística, catastral, sanitaria, urbanística y de infraestructura a entidades municipales, departamentales, regionales y nacionales, con el fin de superar la dispersión institucional de datos y construir una base pública para la toma de decisiones.

Segundo, Gobernanza y participación territorial. Se promovió la realización de sesiones itinerantes en municipios de la cuenca, con presencia de alcaldías, empresas de servicios públicos, acueductos rurales, autoridades ambientales, comunidades y actores productivos.

Tercero, Control ambiental, prevención de conflictos y pasivos ambientales. Se inició una línea de seguimiento a rellenos sanitarios, vertimientos, concesiones de agua, infraestructura vial, cambios de uso del suelo, monocultivos, minería, asentamientos en riesgo y ocupación de rondas hídricas.

Cuarto, articulación multiescalar. La gestión conectó actores locales con entidades nacionales como DANE, IGAC, Minvivienda, SAE, INVIAS y autoridades ambientales, permitiendo que los problemas de la cuenca fueran tratados como asuntos de política pública nacional.

Quinto, defensa de la memoria biocultural. Se impulsó el reconocimiento del río como Tatayamba, no solo como reivindicación simbólica, sino como herramienta de identidad, pedagogía ambiental y justicia histórica.

 

2.        Gobernanza multinivel y Territorialización de la participación ambiental (Evaluación técnica: Implementación efectiva con limitaciones operativas en continuidad y soporte institucional)

2.1. Enfoque estratégico

La Presidencia del Consejo de Cuenca adoptó como línea prioritaria la territorialización de la participación ambiental, mediante la implementación de sesiones itinerantes en los municipios de la cuenca. Esta decisión respondió a la necesidad de superar el enfoque tradicional centralizado y avanzar hacia un modelo de gobernanza multinivel con presencia efectiva en el territorio.

En este marco, el Consejo dejó de operar exclusivamente desde espacios institucionales cerrados, para convertirse en una instancia dinámica que se desplaza al territorio, convoca actores locales y recoge información directamente en campo.

2.2. Implementación de sesiones itinerantes

Para la materialización de esta estrategia, se gestionaron solicitudes formales de apoyo logístico y organizacional ante múltiples municipios, entre ellos:

·        Armenia

·        Pereira

·        Cartago

·        Calarcá

·        Caicedonia

·        Circasia

 

Estas solicitudes incluyeron requerimientos de:

·        Auditorios y espacios de reunión

·        Conectividad y soporte tecnológico

·        Equipos audiovisuales

·        Apoyo logístico (alimentación, transporte, convocatoria)

·        Participación de dependencias municipales, empresas de servicios públicos y acueductos rurales

 

2.3. Alcance de la gobernanza multinivel

La estrategia permitió articular actores en diferentes niveles de gobierno y sectores:

·        Nivel territorial: 21 municipios de la cuenca

·        Autoridades ambientales: CRQ, CARDER y CVC

·        Nivel nacional: DANE, IGAC, SAE, MinVivienda, INVIAS

·        Organismos de control: Procuraduría, Contraloría y demás instancias

 

Esta articulación evidencia el cumplimiento de la función de la Presidencia de representar institucionalmente al Consejo y promover la coordinación interinstitucional, conforme al reglamento interno.

2.4. Producción de información técnica territorial

Las sesiones itinerantes no solo cumplieron una función participativa, sino que se estructuraron como espacios de recolección sistemática de información técnica, mediante la formulación de cuestionarios dirigidos a las administraciones municipales y actores locales.

Los temas abordados incluyeron:

·        Agua potable y calidad del recurso (IRCA, fuentes abastecedoras)

·        Saneamiento básico (PTAR, PSMV)

·        Residuos sólidos (PGIRS, rellenos sanitarios)

·        Ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT)

·        Gestión del riesgo (amenazas, microzonificación)

·        Asentamientos humanos vulnerables (AHDI)

·        Infraestructura de servicios (PTAP, redes)

·        Cumplimiento de determinantes del POMCA

 

Este proceso permitió avanzar en la construcción de una línea base territorial de la cuenca, con información directamente validada en los municipios.

2.5. Valor estratégico de la territorialización

Desde una perspectiva técnica, esta estrategia permitió:

·        Acercar la toma de decisiones al territorio

·        Reducir la asimetría de información entre niveles institucionales

·        Fortalecer la participación de actores locales

·        Generar evidencia primaria para la gestión ambiental

·        Identificar problemáticas específicas por municipio

 

En términos de gobernanza, se consolidó un modelo en el cual el Consejo no espera la información, sino que la construye directamente con los actores territoriales.

2.6. Aplicación del enfoque de Escazú

Esta territorialización materializa los tres pilares del Acuerdo de Escazú —acceso a la información, participación efectiva y transparencia activa—, cuya aplicación práctica se desarrolla en el capítulo 10 de este informe.

De esta manera, la participación deja de ser un ejercicio formal y se convierte en una práctica territorial, pedagógica y verificable.

2.7. Evaluación del nivel de cumplimiento

✔ Fortalezas

·        Activación territorial efectiva del Consejo

·        Articulación multinivel de actores

·        Producción de información técnica relevante

·        Implementación práctica del enfoque de participación

 

⚠ Limitaciones

·        Falta de continuidad en la realización de sesiones itinerantes

·        Dependencia de apoyo logístico de municipios

·        Limitaciones operativas por ausencia de Secretaría Técnica

·        Cobertura parcial en algunos municipios

 

 

3.        Marco institucional y fundamento de la gestión, cumplimiento del Reglamento Interno (Evaluación técnica: Cumplimiento medio alto con limitaciones operativas estructurales)

La Presidencia ejerció sus funciones conforme al Reglamento Interno del Consejo de Cuenca, el cual establece que esta instancia es participativa, representativa y consultiva para la planificación y manejo de la cuenca.

En este marco, la Presidencia ejerció sus funciones de:

✔ Dirección estratégica del Consejo
✔ Coordinación del Plan de Acción
✔ Gestión interinstitucional y Recolección de información
✔ Representación institucional
✔ Emisión de respuestas formales a los consejeros
✔ Sustentación jurídica de decisiones

Sin embargo, se identifican limitaciones estructurales que afectaron el cumplimiento pleno, tales como:

Vacancia de la Secretaría (principal y suplente), lo que generó:

·        Imposibilidad de formalizar actas

·        Dificultades en convocatorias

·        Riesgo de invalidez procedimental

 

Actas pendientes de varias sesiones (05, 06, 07)
Falta de convocatoria de varias sesiones ordinarias (nov 2025 – abr 2026)

Conflicto interpretativo del Reglamento, evidenciado en:

• Solicitud de sesión extraordinaria por consejeros
• Negación por razones de legalidad procedimental (plazo de 8 días)

Nivel de transparencia

✔ Se respondió formalmente a los consejeros
✔ Se explicaron jurídicamente las decisiones
✔ Se reconocieron problemas internos del Consejo

 

4.        Cumplimiento del Plan de Acción 2025–2026 (Oficio 2025-027) (Evaluación técnica: Cumplimiento estratégico alto – cumplimiento operativo parcial) Ver Anexo 01 detallado.

El Plan de Acción fue ejecutado en los nueve ejes estratégicos. La evaluación detallada de cumplimiento, con análisis de fortalezas y limitaciones operativas, se presenta en el Anexo 01.

·        ✔ Ejecución efectiva del plan mediante instrumentos jurídicos (oficios)

·        ✔ Activación territorial y multisectorial del Consejo

·        ✔ Conversión del plan en acciones verificables

·        ✔ Territorializado en múltiples municipios

·        ✔ Documentado con trazabilidad institucional

No obstante, se evidencian desajustes en la ejecución operativa del plan, tales como:

Cambios en sedes de sesiones sin concertación formal
Incumplimiento del calendario mensual de sesiones
Falta de continuidad entre sesiones

Desarticulación entre: Plan de Acción, Funcionamiento real del Consejo, Capacidad administrativa (Secretaría inexistente) y falta de apoyo real de las instituciones responsables.

Nivel de transparencia

✔ Los consejeros dejaron constancia escrita de las inconsistencias
✔ La Presidencia respondió tecnicamente
✔ Se propuso corregir en sesiones futuras

 

5.        Fortalecimiento institucional y puesta en marcha del Consejo, (Evaluación técnica: Activación efectiva con limitaciones estructurales, tensiones de gobernanza hacia la maduración institucional)

La gestión adelantada por la Presidencia permitió la activación operativa del Consejo de Cuenca, superando su fase inicial de instalación formal y consolidándolo como un espacio funcional de articulación territorial, seguimiento ambiental y exigibilidad institucional.

Este proceso se desarrolló mediante la convocatoria de sesiones, la definición de agendas, la gestión de condiciones logísticas y la vinculación de actores institucionales, lo que permitió avanzar en la estructuración de un esquema básico de gobernanza.

5.1. Consolidación institucional y logros estructurales

Se impulsaron instrumentos fundamentales para la operación del Consejo, tales como:

·        Reglamentación interna

·        Formulación del Plan de Acción 2025–2026

·        Estructuración inicial de gestión documental

·        Definición de mecanismos de coordinación y seguimiento

 

Como resultado, se lograron avances significativos en:

✔ Activación del sistema de gobernanza de cuenca
✔ Producción y organización de información estratégica
✔ Posicionamiento como actor de control mediante herramientas jurídicas
✔ Incidencia en agendas institucionales regionales y nacionales
✔ Defensa técnica del recurso hídrico

Estos elementos evidencian que la gestión no tuvo un carácter meramente administrativo, sino estructural, orientado a crear condiciones reales de gobernanza.

5.2. Transformación institucional y tensiones de gobernanza

Como consecuencia del proceso, el Consejo experimentó una transformación institucional verificable, reflejada en:

·        Alta producción de comunicaciones oficiales

·        Ejercicio activo de control y exigibilidad

·        Articulación multinivel de actores

·        Evaluación por parte del Ministerio de Ambiente

 

No obstante, esta evolución generó tensiones propias de la consolidación institucional, tales como:

·        Controversias sobre convocatorias y competencias

• Cuestionamientos sobre la validez de sesiones
• Intentos de autoorganización por fuera del reglamento
• Debates sobre legitimidad y funcionamiento

 

Estas tensiones fueron documentadas, tramitadas jurídicamente y abordadas con transparencia, garantizando el debido proceso.

5.3. Limitaciones estructurales y falla de soporte institucional

El proceso de fortalecimiento se vio condicionado por una limitación estructural crítica: la ausencia de apoyo administrativo por parte de las CAR (CRQ, CARDER y CVC), quienes:

·        Negaron asumir funciones de Secretaría

·        Alegaron falta de competencia y presupuesto

·        Limitaron su apoyo a aspectos logísticos menores

 

Esta situación generó una falla estructural de gobernanza, al impedir:

·        Elaboración sistemática de actas

·        Consolidación de memoria institucional

·        Formalización de decisiones

·        Trazabilidad y control efectivo

 

Adicionalmente, se trasladó la carga operativa al propio Consejo y a los municipios, sin soporte institucional adecuado.

5.4. Impactos operativos

La ausencia de estructura administrativa produjo efectos directos:

·        Discontinuidad en sesiones

·        Actas pendientes o inexistentes

·        Vacíos procedimentales

·        Debilitamiento de la coordinación interna

·        Dependencia de esfuerzos individuales

 

Estas condiciones evidencian una brecha entre el diseño normativo del Consejo y su capacidad real de operación.

5.5. Gestión de la Presidencia y nivel de cumplimiento

A pesar de este contexto, la Presidencia:

·        Solicitó formalmente el apoyo institucional en múltiples ocasiones

·        Sustentó jurídicamente la necesidad del soporte

·        Propuso soluciones alternativas (Alcaldía de Montenegro)

·        Mantuvo la operación mediante gestión directa

·        Dejó trazabilidad documental completa

 

Evaluación

✔ Cumplimiento:

·        Ejercicio pleno de funciones de dirección, coordinación y exigibilidad

·        Activación de mecanismos institucionales

·        Evidencia clara de necesidades estructurales

 

⚠ Limitaciones:

·        Ausencia de Secretaría funcional

·        Debilidad operativa persistente

·        Dependencia de gestión individual

 

Nivel de transparencia: ALTO
Las limitaciones fueron plenamente documentadas y sustentadas.

 

6.        Seguimiento al POMCA, exigibilidad institucional y construcción de información estratégica (Evaluación técnica: Cumplimiento alto en control, trazabilidad y estructuración de información)

La gestión adelantada por la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – Tatayamba consolidó una línea integral de trabajo basada en el seguimiento técnico al cumplimiento del POMCA y la exigibilidad institucional, soportada en la construcción sistemática de información estratégica para la toma de decisiones.

En este sentido, se implementó un esquema de control territorial mediante requerimientos formales dirigidos a municipios y entidades competentes, orientados a evaluar el estado de los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT), la infraestructura de saneamiento (PTAR, PTAP, PSMV), la gestión de residuos sólidos, la calidad del agua, la gestión del riesgo y la situación de los asentamientos humanos en condición de vulnerabilidad. Este ejercicio permitió no solo identificar avances, sino también evidenciar incumplimientos y vacíos institucionales, dejando trazabilidad probatoria para efectos de control ciudadano, disciplinario y ambiental.

El uso sistemático de herramientas jurídicas —derechos de petición, reiteraciones, recursos de insistencia, acciones de tutela y desacatos— permitió transformar la participación en un mecanismo efectivo de exigibilidad, posicionando al Consejo como un actor activo de control territorial. Este enfoque se enmarca en la aplicación práctica del Acuerdo de Escazú, garantizando acceso a la información, participación pública y transparencia institucional, no como principios abstractos, sino como instrumentos operativos de gestión.

De manera complementaria, la gestión se articuló con líneas estratégicas de alto impacto, tales como la gestión predial y de bienes públicos (FOREC, INURBE, FRISCO), el litigio estratégico territorial, el control a las autoridades ambientales y la Comisión Conjunta, la promoción de la armonización entre POT y POMCA mediante herramientas como el IMCU, la protección de la memoria biocultural del río Tatayamba y el fortalecimiento de procesos de educación ambiental y participación ciudadana. Casos específicos como “La Querendona” evidencian la capacidad del Consejo para actuar de manera preventiva frente a riesgos de daño ambiental, integrando alertas, solicitudes y acciones jurídicas.

Paralelamente, la gestión priorizó la construcción de una línea base de información como condición fundamental para la gobernanza de la cuenca. Para ello, se realizaron solicitudes a entidades nacionales como DANE, IGAC, MinVivienda, SAE–FRISCO e INVIAS, con el fin de obtener información estadística, catastral y sectorial de los 21 municipios. Esta información abarcó variables socioeconómicas, demográficas, prediales, urbanísticas y de asentamientos en riesgo, así como inventarios de bienes públicos y activos con potencial para uso social o ambiental.

Este proceso permitió estructurar un sistema de información multiescalar —municipal, regional y nacional— orientado a identificar suelo disponible, caracterizar ocupaciones irregulares, analizar asentamientos vulnerables y generar insumos para la planificación territorial, la política pública y el control social. Sin embargo, el análisis conjunto evidenció que la información continúa fragmentada, dispersa y con limitaciones en su calidad y disponibilidad, lo que constituye una de las principales barreras para una gestión integral de la cuenca.

En conclusión, la articulación entre seguimiento al POMCA, exigibilidad institucional y construcción de información permitió consolidar un modelo de gestión basado en evidencia, control y trazabilidad. No obstante, el hallazgo estructural más relevante es que la efectividad de este modelo sigue condicionada por la débil articulación institucional y la ausencia de sistemas integrados de información, lo que limita la capacidad de respuesta frente a los desafíos territoriales de la cuenca.

 

7.        Seguridad hídrica, salud pública y calidad del agua (Evaluación técnica: Cumplimiento alto en integración ambiente–salud)

La gestión incorporó la seguridad hídrica como eje transversal de salud pública, mediante requerimientos a la Secretaría de Salud del Quindío y a la CRQ sobre calidad del agua, riesgos sanitarios y condiciones de abastecimiento.

Se solicitó información sobre:

·        Índices de calidad del agua (IRCA) y eventos de riesgo (ERA)

·        Mapas de riesgo de calidad del agua

·        Planes de mejoramiento de acueductos urbanos y rurales

·        Concesiones de agua y uso del recurso hídrico

·        Estado de acueductos rurales

·        Gestión de residuos y riesgos asociados (relleno sanitario Andalucía, lixiviados, vida útil, licencias ambientales)

·        Instrumentos económicos y de control como la Tasa por Uso del Agua (TUA)

Este enfoque permitió integrar la gestión de cuenca con la salud pública, priorizando la evaluación de:

·        Disponibilidad y legalidad en la captación del recurso

·        Condiciones de potabilización y distribución

·        Riesgos por contaminación, vertimientos y fallas en saneamiento

 

8.        Gestión del riesgo, asentamientos vulnerables y vivienda social, (Evaluación técnica: Cumplimiento alto en integración ambiente–riesgo–vivienda)

La gestión integró de manera estratégica las agendas de ambiente, gestión del riesgo y vivienda, mediante requerimientos a entidades territoriales y nacionales (DANE, IGAC, MinVivienda, SAE, INVIAS, CRQ) para identificar y caracterizar asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad.

Se solicitó información sobre:

·        Asentamientos en zonas de amenaza (inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa)

·        Urbanizaciones precarias y ocupaciones informales

·        Déficit habitacional y condiciones de insalubridad

·        Predios públicos, bienes fiscales e inmuebles incautados o extintos

·        Activos estratégicos como bienes férreos, estaciones patrimoniales y corredores de vías verdes

El enfoque permitió articular la gestión predial con la planificación territorial, orientando la identificación de suelo disponible para:

·        Reasentamientos de población en riesgo

·        Proyectos de vivienda social

·        Iniciativas productivas rurales

 

9.        Control de infraestructura, residuos y posibles pasivos ambientales

La Presidencia inició una línea de seguimiento sobre fuentes potenciales de pasivos ambientales actuales o futuros: rellenos sanitarios con vida útil limitada, lixiviados, vertimientos, infraestructura vial crítica, ocupación de rondas, cambios de uso del suelo y monocultivos intensivos.

El seguimiento al relleno sanitario Andalucía y a la situación de La Glorita permite anticipar una posible crisis sanitaria regional si no se adoptan planes de contingencia serios. La solicitud sobre La Línea, túneles, accidentalidad y bienes férreos conecta infraestructura, seguridad vial, patrimonio público y afectación ambiental.

Esta línea se relaciona directamente con la agenda nacional de pasivos ambientales: identificar fuentes de daño, responsables, riesgos acumulados, omisiones institucionales y necesidades de restauración o compensación.

El Consejo comienza a evidenciar que la cuenca no solo enfrenta problemas futuros, sino cargas ambientales acumuladas que deben ser inventariadas, priorizadas y tratadas con enfoque preventivo.

 

10.   Aguacate Hass, monocultivo en expansión agroindustrial y protección del Paisaje Cultural Cafetero (Evaluación técnica: Gestión preventiva basada en el principio de precaución y control de impactos acumulativos)

La gestión adelantada por la Presidencia del Consejo de Cuenca incorporó una línea estratégica de análisis, advertencia y formulación de criterios técnicos frente a la expansión del monocultivo de aguacate Hass en la cuenca del río La Vieja – Tatayamba, particularmente en zonas de alta sensibilidad ambiental y cultural.

A través de diversas comunicaciones dirigidas al Ministerio de Ambiente y a otras autoridades competentes, se evidenció que los lineamientos nacionales existentes presentan vacíos regulatorios significativos, en tanto no establecen condiciones operativas verificables que garanticen la protección efectiva del recurso hídrico, los ecosistemas estratégicos y los atributos del Paisaje Cultural Cafetero.

Identificación del riesgo estructural, el análisis técnico permitió establecer que la expansión del aguacate Hass, bajo esquemas de monocultivo intensivo, genera presiones relevantes sobre:

·        Nacimientos de agua y zonas de recarga hídrica

·        Ecosistemas estratégicos y corredores de biodiversidad

·        Suelos de ladera con alta susceptibilidad a erosión

·        Disponibilidad y distribución del recurso hídrico

·        Calidad del agua por uso de agroquímicos

·        Estructura productiva tradicional cafetera

·        Integridad del Paisaje Cultural Cafetero (PCC)

En este sentido, se concluye que la expansión no controlada puede configurar riesgos de degradación ambiental acumulativa y pérdida de resiliencia territorial.

Insuficiencia del marco regulatorio actual, se advirtió que los instrumentos existentes:

·        No incorporan evaluaciones acumulativas de impacto

·        Carecen de criterios de zonificación ambiental estricta

·        No establecen umbrales de carga hídrica por subcuenca

·        No garantizan trazabilidad en el uso del recurso hídrico

·        Presentan debilidades en transparencia y acceso a la información

Lo anterior implica que las directrices vigentes operan como orientaciones generales, pero no como reglas vinculantes de control territorial.

Propuesta de criterios técnicos y regulatorios, como resultado de la gestión, se formuló una agenda mínima de regulación ambiental, basada en principios de prevención, precaución y gobernanza hídrica, que incluye:

a. Exclusiones ambientales taxativas, prohibición expresa de establecimiento de monocultivos en:

·        Páramos

·        Humedales

·        Rondas hídricas

·        Nacimientos de agua

·        Zonas de recarga hídrica

·        Áreas protegidas y sus zonas de amortiguación

 

b. Moratoria hídrica condicionada, suspensión temporal de nuevas concesiones de agua para proyectos agroindustriales en subcuencas que presenten:

·        Estrés hídrico

·        Déficit en saneamiento básico

·        Incumplimiento de metas de calidad del agua

·        Presión acumulada sobre fuentes abastecedoras

 

c. Evaluación de impactos acumulativos, implementación obligatoria de análisis que consideren:

·        Efectos sinérgicos entre proyectos

·        Capacidad de carga ecosistémica

·        Balance hídrico a escala de subcuenca

·        Fragmentación ecológica

 

d. Trazabilidad y control del uso del agua

·        Identificación de usuarios y caudales concesionados

·        Seguimiento al uso real del recurso hídrico

·        Vinculación con instrumentos como la Tasa por Uso del Agua (TUA)

 

e. Transparencia y acceso a la información

·        Publicación obligatoria de concesiones de agua

·        Acceso abierto a estudios ambientales

·        Integración de sistemas de información territorial

 

f. Participación ciudadana efectiva

·        Aplicación del Acuerdo de Escazú

·        Inclusión de comunidades locales en decisiones

·        Mecanismos de control social ambiental

 

g. Aplicación del principio de precaución

Adopción de medidas restrictivas cuando exista incertidumbre científica sobre impactos ambientales significativos, priorizando la protección del recurso hídrico y los ecosistemas.

Enfoque jurídico y de política pública, la gestión plantea que la regulación del aguacate Hass debe enmarcarse en:

·        Constitución Política (arts. 79 y 80)

·        Ley 99 de 1993

·        Decreto 1076 de 2015

·        Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022)

·        Determinantes ambientales del POMCA

·        Protección del Paisaje Cultural Cafetero (UNESCO)

Adicionalmente, se advirtió sobre posibles riesgos de inconstitucionalidad en esquemas financieros o normativos que promuevan la expansión productiva sin garantías ambientales suficientes.

Alcance estratégico de la gestión, este enfoque permite:

✔ Transformar lineamientos generales en criterios técnicos verificables
✔ Incorporar el agua como eje estructural de la toma de decisiones productivas
✔ Integrar ambiente, cultura y economía en la planificación territorial
✔ Prevenir conflictos socioambientales futuros
✔ Fortalecer la gobernanza hídrica en la cuenca

 

11.   Aplicación práctica del Acuerdo de Escazú

Este informe constituye un primer ejercicio de rendición de cuentas de un Consejo de Cuenca inspirado en el Acuerdo de Escazú. La gestión adelantada aplica sus pilares de manera práctica:

Acceso a la información: mediante solicitudes a alcaldías, CAR, DANE, IGAC, MinVivienda, SAE, INVIAS, Secretaría de Salud y empresas de servicios públicos.

Participación pública: mediante sesiones itinerantes, cuestionarios técnicos, invitación a comunidades, acueductos rurales, fundaciones, academia y sector productivo.

Justicia ambiental: mediante trazabilidad documental frente a omisiones, solicitudes sin respuesta, conflictos de uso del suelo, pasivos ambientales y riesgos para comunidades vulnerables.

Protección de liderazgos y comunidades: mediante la promoción de veedurías ambientales, escuela de formación, observatorio ciudadano y defensa de líderes del agua.

La gestión demuestra que Escazú no debe quedarse en discursos ni comités centralizados. Debe aterrizarse en la cuenca, en el municipio, en el acueducto rural, en el barrio en riesgo y en la comunidad que pide información para defender su territorio.

 

12.   Articulación con fundaciones, sector privado y academia (Evaluación técnica: Cumplimiento bajo en resultados – gestión proactiva sin respuesta efectiva)

Ante las limitaciones de apoyo técnico y logístico por parte de las autoridades ambientales, la Presidencia implementó una estrategia de articulación con actores no estatales, orientada a fortalecer la sostenibilidad operativa del Consejo de Cuenca.

Se realizaron solicitudes formales de apoyo a fundaciones, sector privado y organizaciones con presencia territorial, incluyendo:

·        Fundación Caicedo González Riopaila Castilla

·        Fundación Carvajal

·        ProPacífico

·        Fundación Internacional María Luisa de Moreno

Las líneas de cooperación propuestas abarcaron:

·        Implementación del Acuerdo de Escazú

·        Armonización POT–POMCA e incorporación del IMCU

·        Fortalecimiento de acueductos rurales

·        Escuela de formación ambiental

·        Observatorio ciudadano de la cuenca

·        Ruta pedagógica del río

·        Sesiones itinerantes y foros temáticos

·        Estrategias de comunicación ambiental

 

Adicionalmente, se gestionaron posibles apoyos con actores del sector turístico, ambiental y productivo como PANACA, Jardín Botánico del Quindío, RECUCA y Riopaila Castilla, con el propósito de apoyar recorridos técnicos y actividades territoriales.

Desde una perspectiva conceptual, esta estrategia se fundamentó en el principio de corresponsabilidad social y empresarial, reconociendo que la sostenibilidad de la cuenca es un interés compartido, especialmente en territorios donde la actividad económica depende directamente del agua y del paisaje.

Nota de evaluación institucional

Se deja constancia de que ninguna de las entidades consultadas manifestó interés ni ofreció respuesta formal a las solicitudes elevadas, lo cual refleja un escenario de displicencia institucional frente al estado de la cuenca y a los esfuerzos de articulación promovidos desde el Consejo.

 

13.   Recorridos técnicos y auditoría ambiental de campo (Evaluación técnica: Cumplimiento medio – alto valor metodológico con bajo respaldo institucional)

La gestión promovió la realización de recorridos técnicos por el cauce del río La Vieja – Tatayamba como herramienta de diagnóstico territorial, participación comunitaria y verificación en campo de las condiciones ambientales de la cuenca.

Se gestionaron solicitudes de apoyo interinstitucional dirigidas a:

·        CRQ, CARDER y CVC, para la realización de un recorrido conjunto de carácter técnico y pedagógico

·        Alcaldías rivereñas, para el desarrollo de un recorrido fluvial desde el puerto de Samaria hasta la desembocadura en el río Cauca

 

Las solicitudes incluyeron requerimientos de:

·        Transporte fluvial

·        Guías técnicos

·        Seguridad

·        Alimentación e hidratación

·        Agenda de observación e interacción con comunidades ribereñas

 

Alcance técnico de la estrategia

Esta línea permitió trascender el análisis documental y avanzar hacia un enfoque de auditoría ambiental en campo, orientado a:

·        Verificar condiciones reales del cauce

·        Identificar fuentes de contaminación y presión antrópica

·        Reconocer dinámicas territoriales y conflictos ambientales

·        Incorporar el conocimiento de las comunidades locales

·        Generar insumos directos para la toma de decisiones

 

Desde una perspectiva metodológica, los recorridos constituyen un instrumento clave para la validación de información y la construcción de evidencia territorial, fortaleciendo la gobernanza basada en observación directa.

Limitaciones en la implementación

A pesar de la relevancia técnica de la estrategia, se evidenció:

·        Bajo nivel de articulación interinstitucional

·        Respuesta limitada de las autoridades ambientales

·        Falta de apoyo logístico integral para la ejecución de los recorridos

 

Nota de evaluación institucional

Se deja constancia de que pocas entidades manifestaron apoyo real a esta iniciativa, limitándose en la práctica a ofrecer apoyos logísticos mínimos (como suministro de refrigerios), sin comprometer recursos técnicos, operativos o financieros acordes con la magnitud del ejercicio, lo cual evidencia un bajo nivel de corresponsabilidad frente a la verificación en campo del estado de la cuenca.

 

14.   Memoria biocultural y renombramiento del río Tatayamba (Evaluación técnica: Cumplimiento alto en integración cultura–territorio–ambiente)

La gestión impulsó la solicitud formal ante el IGAC para el renombramiento del río La Vieja como río Tatayamba, mediante la elaboración de un expediente técnico con sustento histórico, cultural, ambiental y jurídico.

El análisis presentado identifica que la denominación “La Vieja” tiene origen colonial asociado a procesos de despojo, mientras que “Tatayamba” reivindica la memoria ancestral quimbaya, fortaleciendo la identidad biocultural del territorio.

El expediente destaca:

·        La importancia del río como eje de abastecimiento hídrico

·        Su papel en la conservación de la biodiversidad

·        Su valor dentro del Paisaje Cultural Cafetero

·        Su significado en la memoria histórica y cultural de las comunidades

 

Asimismo, se solicitó la actualización de la cartografía oficial y de los instrumentos territoriales correspondientes.

 

15.   Integración del ordenamiento territorial, el IMCU y los POT (Evaluación técnica: Cumplimiento alto en incidencia estructural de la planificación territorial)

La gestión priorizó la armonización entre los instrumentos de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT) y las determinantes ambientales del POMCA, mediante requerimientos a entidades territoriales y nacionales (municipios, MinVivienda, IGAC, DANE).

Se promovió la incorporación de herramientas técnicas como el Índice de Máxima Capacidad Urbana (IMCU), orientado a evaluar y regular:

·        Límites de crecimiento urbano

·        Disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico

·        Capacidad de saneamiento (PTAR, PSMV)

·        Condiciones de riesgo y ocupación del suelo

·        Movilidad, equipamientos y servicios

·        Protección de zonas de recarga hídrica

Este enfoque permitió posicionar el ordenamiento territorial como un factor determinante en la protección de la cuenca, abordando problemáticas estructurales como:

·        Expansión urbana desordenada

·        Licenciamiento en áreas ambientalmente sensibles

·        Ocupación de laderas y zonas de riesgo

·        Déficit de infraestructura de saneamiento

·        Presión sobre sistemas de abastecimiento

·        Pérdida de suelo rural estratégico

 

 

16.   Hallazgos estratégicos (Evaluación técnica: Identificación de brechas estructurales y prioridades de intervención)

Del análisis integral de las actuaciones se identifican hallazgos estructurales que condicionan la gobernanza de la cuenca:

• Debilidad institucional del Consejo: insuficiente apoyo técnico, logístico y financiero por parte de autoridades competentes, limitando su operación y continuidad.
• Fragmentación de la información: datos ambientales, sociales, catastrales y sanitarios dispersos, incompletos o desactualizados entre múltiples entidades.
• Capacidad municipal insuficiente: debilidades en reporte, seguimiento y armonización de POT/PBOT/EOT con las determinantes del POMCA.
• Asentamientos en riesgo: problemática transversal que requiere enfoque integral (ambiental, urbano, social y de salud pública) y priorización a escala de cuenca.
• Seguridad hídrica: necesidad de integrar la calidad del agua para consumo humano como eje de la gestión ambiental y sanitaria.
• Presión agroindustrial: expansión de monocultivos (aguacate Hass) sin criterios verificables, que demanda regulación basada en evaluación acumulativa y moratoria hídrica en zonas críticas.
• Pasivos ambientales potenciales: rellenos sanitarios, vertimientos, infraestructura vial, ocupación de rondas y degradación de suelos requieren tratamiento sistemático.
• Dimensión biocultural: la gestión del río Tatayamba exige integrar memoria histórica, identidad territorial y planificación ambiental.

 

17.   Capítulos con destinación especial para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para destacar su displicencia con los defensores de la naturaleza

Estos capítulos especiales cuentan con trazabilidad (oficios, fechas y destinatarios) y fueron escritos en forma técnica, orientados a evidenciar la displicencia y negligencia del Minambiente frente a las observaciones desde el territorio.

 

I.                         Deterioro de la calidad del agua y fracaso del enfoque normativo frente a una crisis estructural

Entidades destinatarias: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, CRQ, CARDER, CVC

Se advirtió que la calidad del agua en Colombia —y particularmente en la cuenca del río La Vieja— presenta un problema estructural y acumulativo, no abordado adecuadamente por la normativa.

Se solicitó incorporar:

·        Evaluación de cargas contaminantes reales,

·        Control efectivo de vertimientos,

·        Articulación entre POMCA, PSMV y POT,

·        Sistemas de monitoreo verificables.

 

Estas observaciones no fueron acogidas.

Conclusión técnica: La política ambiental sigue enfocada en estructuras administrativas y no en la solución del problema central: la contaminación del agua. Y abastos de agua que distribuyen aguas crudas y contaminadas pero facilitan la urbanización campestre.

Impacto territorial: Persisten: Vertimientos sin control efectivo, PTAR insuficientes, Deterioro progresivo de la calidad del agua, Riesgos directos para la salud pública.

 

II.                      Negligencia en la reglamentación del Acuerdo de Escazú: participación simulada y no incidente

Entidad destinataria: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS

Presentamos observaciones al decreto de implementación de Escazú, señalando que el modelo propuesto:

·        Es centralista,

·        Es burocrático,

·        Está desconectado de la realidad de los territorios,

·        Limita la participación real,

·        No garantiza acceso efectivo a la información.

 

Se propuso:

·        Participación vinculante,

·        Publicidad activa obligatoria,

·        Protección de líderes ambientales,

·        Fortalecimiento de instancias territoriales.

 

No fue acogido.

Impacto en la cuenca: Baja incidencia ciudadana, Información incompleta, Persistencia de riesgos para líderes ambientales.

 

III.                    Desconocimiento del POMCA como eje estructurante del ordenamiento ambiental

Entidad destinataria: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS

Se insistió en que el POMCA debía ser el instrumento central de planificación, y que toda normativa debía articularse a sus determinantes.

Se advirtió que:

·        Crear estructuras sin integración al POMCA genera desorden,

·        Debilita la planificación,

·        Y rompe la coherencia territorial.

 

No fue atendido.

Impacto en la cuenca: Se evidencia en: Conflictos POT vs determinantes ambientales, Urbanización en zonas de riesgo, Presión sobre áreas de recarga hídrica.

 

IV.                   Aguacate Hass: omisión del principio de precaución frente a un riesgo ambiental creciente

Entidad destinataria: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS

Advertimos que los lineamientos para el aguacate Hass eran insuficientes y no protegían adecuadamente el territorio.

Se propuso:

·        Moratoria hídrica en subcuencas críticas,

·        Exclusión en zonas sensibles,

·        Evaluación acumulativa de impactos,

·        Trazabilidad del uso del agua.

 

No fue atendido.

Impacto en la cuenca: Expansión en zonas de recarga hídrica, Aumento de presión sobre el agua, Conflictos entre producción y conservación.

V.                      Recentralización ambiental, burocratización institucional y debilitamiento de la gobernanza territorial

Fecha: 15 de diciembre de 2025
Entidades destinatarias: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Cámara de Representantes, CARs

Desde la Presidencia del Consejo de Cuenca se remitió el informe técnico-jurídico comparativo de los proyectos de ley (PL 203-2016, 463-2024, 019-2025 y 371-2025), en el cual se advirtió de manera expresa que las propuestas normativas impulsaban un proceso de recentralización de la gestión ambiental, contrario al modelo constitucional de autonomía regional.

Se dejó constancia de que dichos proyectos:

·        Desconocen la autonomía de las CAR,

·        Debilitan la gestión territorial de cuencas,

·        Y generan estructuras paralelas innecesarias.

 

De manera complementaria, se alertó sobre el fenómeno de burocratización ambiental (“reunionitis”), evidenciando que la creación de nuevas instancias como la GECH no resuelve los problemas estructurales, sino que:

·        Duplica funciones,

·        Incrementa costos administrativos,

·        Y diluye la responsabilidad institucional.

 

Conclusión técnica: Las observaciones fueron claras, estructurales y oportunas, pero no fueron incorporadas. En consecuencia, se mantiene un modelo institucional que privilegia la arquitectura administrativa sobre la solución real de los conflictos ambientales.

Impacto en la cuenca: Se refleja en baja coordinación, múltiples instancias sin resultados y persistencia de problemas como vertimientos, ocupación de rondas y presión sobre el recurso hídrico.

 

VI.                   FOCOF vs FIAB: advertencias ignoradas sobre centralización financiera y riesgo de ineficiencia ambiental

Fecha: 15 de diciembre de 2025
Entidades destinatarias: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Cámara de Representantes, CARs

Este capítulo unifica todas las observaciones sobre el diseño financiero del sistema ambiental y se escribe para denunciar el intento de saqueo de los recursos de las CARs desde el MABS a través de un proyecto de ley, por ello desde el Consejo de Cuenca se advirtió que el modelo propuesto (FOCOF):

·        Absorbe recursos del FIAB,

·        Centraliza decisiones en el MADS,

·        Introduce costos fiduciarios innecesarios,

·        Permite desviar recursos hacia funcionamiento administrativo.

 

Se defendió el FIAB como instrumento:

·        Eficiente,

·        Territorial,

·        Con trazabilidad comprobada,

·        Y alineado con la lógica de cuenca.

 

Conclusión técnica: El diseño del FOCOF ignora principios de eficiencia, autonomía territorial y destinación específica de recursos ambientales.

Impacto en la cuenca del río La Vieja: Compromete la disponibilidad de recursos para: Saneamiento básico, Restauración ambiental y Gestión del riesgo hídrico.

  

I.                         Crónica de una Cuenca en Riesgo: denuncias sobre el daño institucional al territorio desde el gobierno nacional

Hablar hoy del Quindío, del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano y de la cuenca del río La Vieja no es solo hablar de montañas verdes, café y turismo. Es hablar de un territorio sometido a una presión creciente, donde las amenazas no provienen únicamente de la deforestación, la contaminación de las aguas, la minería ilegal o el cambio climático. 

Sino que lo más grave es que también provienen de decisiones oficiales, de silencios administrativos, de omisiones calculadas y de actos expedidos desde Bogotá que desconocen la realidad local, engendrados por políticos que prometían el cambio.

Como miembro del Consejo de Cuenca, he elevado múltiples denuncias ante organismos de control y entidades nacionales. Lo he hecho además de oposición ideológica contra la corrupción y la mediocridad, por responsabilidad con el agua, la biodiversidad y las comunidades. 

Porque cuando el Estado falla, callar también es complicidad.

1. El abandono del Paisaje Cultural Cafetero: patrimonio en riesgo

He solicitado que el Ministerio de Cultura y la institucionalidad encargada del Paisaje Cultural Cafetero promuevan ante la UNESCO la inscripción del PCCC en la lista de patrimonios en peligro. No como gesto simbólico, sino como alerta real.

El territorio se está transformando aceleradamente por urbanización desordenada, turismo extractivo, pérdida del paisaje rural, presión inmobiliaria y sustitución de cultivos tradicionales por modelos intensivos. Mientras tanto, la Nación guarda silencio y promueve narrativas de éxito sin asumir los costos ambientales y sociales.

2. El incumplimiento de la Ley 2323 de 2023: democracia local en mora

Denuncié ante la Procuraduría General de la Nación a 56 alcaldías, 35 concejos municipales y 4 asambleas departamentales por incumplir la Ley 2323 de 2023, norma que obliga acciones institucionales concretas para proteger y preservar el PCCC.

Cuando las corporaciones públicas ignoran la ley, no solo incumplen una obligación jurídica: desprecian al ciudadano y degradan el Estado de Derecho. La omisión sistemática se vuelve costumbre, y la costumbre termina siendo corrupción institucionalizada.

Y ante esto ninguna de las entidades del orden nacional que conforman la Comisión Interinstitucional del PCCC se manifestaron.

3. Minería en áreas protegidas: la ANM contra el sentido común

También denuncié a la Agencia Nacional de Minería por aceptar solicitudes y otorgar títulos en zonas incompatibles con la minería: PCCC, Parque Nacional Natural Los Nevados, DRMI de Salento, zona de Chilí, reservas de Ley 2ª de 1959 y otras áreas sensibles.

No puede hablarse de transición ecológica mientras se mantiene la puerta abierta para actividades extractivas en ecosistemas estratégicos. Eso no es desarrollo; es incoherencia estatal.

4. Infraestructura sin vida: ANI y concesiones que atropellan el territorio

La ANI y concesionarios como Autopistas del Café han sido advertidos por la falta de pasos de fauna, la mortandad de animales silvestres, riesgos sobre peatones, afectación de bocatomas como Barbas Bremen y deterioro del entorno.

En Colombia seguimos construyendo vías como si la fauna no existiera, como si los ríos fueran obstáculos y como si el campesino no caminara. La ingeniería sin ética ambiental se convierte en violencia territorial.

5. El “trampolín de la muerte”: Invías y la improvisación vial

He denunciado la accidentalidad asociada al sector del Puente Helicoidal en Versalles - Calarcá así como las altas pendientes en descenso en la carretera de La Línea, puestas en funcionamiento en contravía del diseño original, generando riesgo permanente.

Cuando una obra pública ignora criterios técnicos y luego normaliza la accidentalidad, el problema ya no es solo vial: es penal, disciplinario y moral.

6. Ministerio de Ambiente: entre discursos verdes y decisiones grises

El Ministerio de Ambiente ha sido denunciado por varias razones graves:

• Promoción del monocultivo de aguacate Hass en zonas de protección ambiental y de ley 2da.
• No reglamentar adecuadamente el Acuerdo de Escazú y demorar su implementación.
• Flexibilizar exigencias de calidad del agua en zonas rurales.
• Intentar centralizar recursos estratégicos como los del FIAB, debilitando autonomías regionales.

No basta con hablar de justicia climática mientras se tolera el deterioro hídrico y se favorecen modelos extractivos maquillados de sostenibilidad.

7. La tragedia del puente La Herradura

El colapso del puente La Herradura dejó preguntas profundas sobre control de cargas, transporte de materiales peligrosos y fiscalización estatal.  Mintransporte nunca hizo ni dijo nada.

Cuando se permite el sobrepeso vehicular, el deterioro estructural y la circulación riesgosa, las tragedias no son accidentes: son consecuencias previsibles.

8. Sustancias peligrosas y silencio institucional

Se denunció la disposición y tránsito irregular de sustancias precursoras para producción de narcóticos en el sector de la báscula de Calarcá, con posibles fallas de control de Policía de Carreteras y autoridades competentes.

El Estado no puede perseguir al eslabón débil y mirar hacia otro lado frente a las cadenas logísticas del delito.

9. La Querendona y Pijao: entregar vulnerabilidad en vez de soluciones

https://cuenca-rio-tatayamba.blogspot.com/2025/12/exijencia-revocatoria-de-entrega-predio.html

Uno de los capítulos más graves ha sido la entrega de predios no aptos sin respetar las determinantes ambientales a comunidades vulnerables por parte de la SAE, la ANT y agencias relacionadas con reintegración.

Caso La Querendona: Predio con restricciones ambientales, nacimientos de agua y relevancia hídrica para EPQ y el Comité de Cafeteros. Aun así, fue promovido y entregado para usos incompatibles agro productivos.

Caso Pijao: Terrenos con limitaciones técnicas, ambientales o jurídicas entregados como falsa solución social a poblaciones índigenas.

Esto representa una perversión del concepto de reforma agraria o inclusión social: trasladar pobreza a zonas inviables, entregar conflicto en vez de oportunidad.

10. El patrón común: Bogotá decide, la región padece

Detrás de todos estos casos aparece una constante: decisiones centralizadas tomadas lejos del territorio, sin escuchar a comunidades, sin estudios serios y sin respeto por las autoridades locales ni por los consejos de cuenca.

Se gobierna con resoluciones, comunicados y anuncios; pero el daño lo reciben los municipios, las quebradas, los animales y la gente humilde.

11. El costo silencioso para la cuenca del río La Vieja

Cada omisión deja huella:

• Menor calidad del agua.
• Mayor presión sobre nacimientos y acuíferos.
• Fragmentación ecológica.
• Riesgo vial y humano.
• Pérdida del paisaje cafetero.
• Desconfianza institucional.
• Conflictos sociales futuros.

Una cuenca no se destruye de un día para otro. Se deteriora lentamente entre firmas, permisos, silencios y negligencias.  Pero el daño se acelera cuando es desde las propias entidades públicas del orden nacional que se cometen los atentados.

 

CIERRE PROBATORIO INTEGRADO

De la revisión sistemática de los oficios se concluye:

·        Las observaciones fueron formalmente radicadas

·        Fueron técnicamente sustentadas

·        Fueron oportunas dentro del proceso normativo

·        Y ninguna de ellas fueron atendidas por el Ministerio de Ambiente

 

Esto configura un patrón institucional de:

👉 Desconocimiento del territorio
👉 Subvaloración del conocimiento técnico local
👉 Priorización de la forma sobre el fondo

No se trata de ausencia de propuestas.
Se trata de una omisión sistemática en su incorporación.

Y esa omisión hoy se refleja en la realidad:

·        Agua contaminada

·        Ordenamiento territorial desarticulado

·        Participación debilitada

·        Presión creciente sobre ecosistemas

 

18.   Conclusiones Técnicas Integradas de la Gestión del Consejo de Cuenca (Evaluación estructural de la gobernanza hídrica, nivel de cumplimiento y brechas institucionales)

La gestión adelantada por la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – Tatayamba permitió consolidar un proceso integral de activación institucional, estructuración de información, exigibilidad jurídica y territorialización de la gobernanza ambiental. Este conjunto de actuaciones evidencia avances significativos en la operación del Consejo, pero también revela limitaciones estructurales profundas en el modelo de gestión de cuencas en Colombia.

El principal resultado técnico fue la activación del sistema de gobernanza de cuenca, logrando que el Consejo operara como una instancia funcional capaz de generar trazabilidad institucional, ejercer control social y estructurar una agenda de trabajo basada en el POMCA. Este avance demuestra que la gobernanza no depende únicamente del marco normativo, sino de la capacidad efectiva de formular preguntas, exigir información, documentar procesos y articular actores.

Desde una perspectiva de evaluación, se concluye que el nivel de cumplimiento fue alto en su dimensión estratégica, en tanto se desarrollaron los ejes del Plan de Acción y se abordaron los principales problemas de la cuenca. Sin embargo, el cumplimiento fue medio en su dimensión operativa debido a restricciones estructurales ampliamente documentadas. Estas limitaciones no responden a fallas de gestión, sino a la ausencia de soporte institucional mínimo, la debilidad administrativa del Consejo y la falta de corresponsabilidad de actores clave.

Uno de los hallazgos más contundentes es la existencia de una brecha estructural entre el diseño normativo del Consejo de Cuenca y su capacidad real de operación. Esta brecha se manifiesta en la falta de Secretaría funcional, la ausencia de apoyo técnico permanente, las limitaciones logísticas recurrentes y la dependencia de esfuerzos individuales. En términos técnicos, esta situación configura una falla sistémica de gobernanza ambiental.

Siendo responsable de la deficiente operación de los Consejos de Cuenca del Ministerio de Ambiente al dilatar la expedición de normas efectivas que impulsen este órgano de gobernanza.

Adicionalmente, se identifica como principal limitante de la cuenca la débil articulación institucional y la fragmentación de la información. La gestión evidenció que los datos ambientales, sociales, catastrales y territoriales se encuentran dispersos entre múltiples entidades, con bajos niveles de integración, coordinación y disponibilidad oportuna, lo que dificulta la toma de decisiones informadas y el seguimiento efectivo al POMCA.

No obstante estas limitaciones, la gestión permitió consolidar líneas estratégicas de alto valor. Se avanzó en la construcción de un sistema de información multiescalar, aunque aún fragmentado; se posicionó la seguridad hídrica como un asunto de salud pública; se integraron las agendas de riesgo, vivienda y territorio; se incidió en el debate sobre el ordenamiento territorial; se propuso un enfoque preventivo frente a la expansión agroindustrial basado en el principio de precaución; y se incorporó la memoria biocultural como componente estructural de la gestión de la cuenca.

Asimismo, se demostró que la exigibilidad institucional puede operar como una herramienta efectiva de gobernanza. El uso sistemático de derechos de petición, recursos de insistencia, acciones de tutela y documentación técnica permitió transformar la participación en un ejercicio de control con soporte jurídico, fortaleciendo la capacidad del Consejo para requerir información, evidenciar incumplimientos y generar trazabilidad.

La territorialización de la gestión constituyó otro avance relevante, al permitir acercar la toma de decisiones al territorio, recoger información directa y articular actores locales. Sin embargo, la continuidad de este modelo depende de la superación de las limitaciones operativas que actualmente restringen su implementación sostenida.

De manera paralela, la gestión evidenció un bajo nivel de corresponsabilidad por parte de actores clave. Se identificaron respuestas evasivas o insuficientes de entidades públicas, siendo el caso más llamativo la desconexión total de la administración municipal de Circasia con sus responsabilidades frente al cumplimiento del Pomca, así como el limitado compromiso del sector privado y escaso apoyo efectivo de autoridades ambientales, lo que refleja un déficit estructural en la articulación para la gestión de la cuenca.

Un elemento diferenciador de la gestión fue su alto nivel de transparencia. A diferencia de otros ejercicios institucionales, en este caso no se ocultaron las limitaciones ni los conflictos; por el contrario, se documentaron, se explicaron y se sustentaron técnicamente, lo que fortalece la legitimidad del proceso y permite una evaluación objetiva.

En términos conceptuales, la gestión permitió un cambio de enfoque en la manera de entender la gobernanza de cuencas, pasando de un modelo fragmentado, reactivo y formal, a un esquema basado en evidencia, control, articulación y prevención. Este cambio, aunque aún en proceso de consolidación, marca una diferencia sustancial en la forma de abordar los desafíos territoriales.

En conclusión, la gestión adelantada no se limitó a ejecutar actividades, sino que logró activar un sistema de gobernanza que permite organizar información, exigir responsabilidades, visibilizar problemáticas estructurales e integrar dimensiones ambientales, sociales y territoriales. Sin embargo, también dejó en evidencia que el principal obstáculo para la sostenibilidad de este proceso no es la ausencia de instrumentos normativos, sino la falta de soporte institucional, articulación efectiva y voluntad de los actores para implementar las soluciones requeridas.

En síntesis, la experiencia demuestra que en Colombia el reto de la gestión de cuencas no es normativo sino operativo. Se avanzó en la construcción de gobernanza, pero quedó claro que, sin estructura administrativa, sin sistemas de información integrados y sin corresponsabilidad real, la gestión seguirá enfrentando limitaciones estructurales que impiden su consolidación plena.

 

Compromisos que se esperan de los actores de la cuenca

Como parte de las conclusiones, la Presidencia del Consejo de Cuenca formula un llamado respetuoso, técnico y propositivo a todos los actores del territorio para superar la fragmentación institucional, la gestión reactiva y la falta de articulación que han limitado la efectividad del POMCA. La sostenibilidad de la cuenca exige pasar de la declaración a la acción, de la dispersión a la coordinación y de la información fragmentada a la gestión basada en evidencia.

Al Gobierno Nacional se le solicita un compromiso efectivo con la gestión integral de la cuenca, mediante el apoyo a la construcción de una línea base de información robusta, el acceso a datos estratégicos, la articulación interinstitucional y la disposición de predios para fines de conservación y vivienda social. De igual forma, se requiere coherencia en las políticas productivas, evitando que su implementación comprometa la seguridad hídrica y la integridad ecosistémica, esto implica la prohibición de siembra de monocultivos en las zonas de reserva forestal y el respeto por los recursos de las CARs como es el caso del FIAB.

A las Corporaciones Autónomas Regionales (CRQ, CARDER y CVC) se les requiere asumir de manera efectiva su rol como autoridades ambientales, no solo en el control y la regulación, sino en el acompañamiento activo al Consejo de Cuenca. Esto implica garantizar el suministro oportuno y completo de información, fortalecer la prevención de riesgos, ejercer control sobre vertimientos y ocupaciones indebidas, proteger las rondas hídricas y liderar la identificación y gestión de pasivos ambientales. Asimismo, se espera que materialicen la participación efectiva en el marco del Acuerdo de Escazú, superando enfoques formales y promoviendo una gobernanza real.

A los alcaldes y administraciones municipales se les demanda armonizar de manera inmediata sus instrumentos de ordenamiento territorial con las determinantes del POMCA, fortaleciendo la planificación del uso del suelo bajo criterios de sostenibilidad. Es prioritario identificar y gestionar los asentamientos humanos en zonas de riesgo, priorizar inversiones en saneamiento básico, proteger las fuentes hídricas y abstenerse de autorizar desarrollos o licencias en áreas incompatibles con la seguridad ambiental y territorial.

A las empresas de servicios públicos se les exige transparencia y responsabilidad en la gestión del agua y el saneamiento. Esto implica entregar información clara y verificable sobre captaciones, concesiones, calidad del agua, operación de PTAR y PTAP, manejo de residuos y lixiviados, así como sobre planes de contingencia frente a riesgos sanitarios y ambientales. Su rol es determinante en la garantía del derecho al agua y en la sostenibilidad de la cuenca.

Al sector productivo se le hace un llamado a asumir una corresponsabilidad real frente al territorio, incorporando criterios de sostenibilidad en el uso del agua, garantizando la trazabilidad ambiental de sus actividades, participando en procesos de restauración y adoptando medidas para prevenir impactos acumulativos que comprometan la capacidad de carga de la cuenca.

Finalmente, a la academia y a la sociedad civil se les invita a fortalecer su papel como actores clave en la gobernanza ambiental, promoviendo la investigación aplicada, el control ciudadano, la educación ambiental y la vigilancia del cumplimiento del POMCA. Su participación es fundamental para consolidar una cultura de corresponsabilidad y transparencia.

En síntesis, la sostenibilidad del río La Vieja – Tatayamba no depende de un solo actor, sino de la capacidad colectiva de asumir compromisos concretos, medibles y verificables. La gestión de la cuenca exige corresponsabilidad real, articulación efectiva y decisiones informadas que prioricen el agua, la vida y el territorio.

 

ANEXO 01. Cumplimiento del Plan de Acción 2025–2026 (Oficio 2025-027 – Evaluación técnica de ejecución y resultados)

El Plan de Acción Anual 2025–2026, formalizado mediante el Oficio 2025-027, constituyó el instrumento rector de la gestión de la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – Tatayamba. Dicho plan definió una hoja de ruta estructurada en nueve ejes estratégicos, orientados a activar el Consejo como instancia efectiva de gobernanza ambiental, fortalecer la articulación institucional y promover el seguimiento técnico al estado de la cuenca.

 

1. Enfoque metodológico de implementación

La ejecución del Plan de Acción se desarrolló bajo un enfoque operativo basado en:

• Instrumentos jurídicos formales, principalmente derechos de petición, traslados por competencia, requerimientos técnicos, recursos de insistencia, acciones de tutela y denuncias.
• Gestión documental sistemática, que permitió dejar trazabilidad verificable de cada actuación.
• Cobertura territorial integral, abarcando los 21 municipios de la cuenca.
• Articulación multisectorial, incluyendo entidades territoriales, autoridades ambientales, entidades nacionales, empresas de servicios públicos, academia y sociedad civil.

En términos metodológicos, el plan no se ejecutó como un documento programático aislado, sino como un sistema dinámico de gestión basado en evidencia y exigibilidad institucional.

 

2. Ejecución de los ejes estratégicos

Los nueve ejes definidos en el Plan de Acción fueron desarrollados de manera transversal a través de más de 130 comunicaciones oficiales, lo que permitió:

Fortalecimiento institucional

·        Activación operativa del Consejo

·        Gestión de la Secretaría Técnica

·        Organización de sesiones y agendas

 

Gobernanza territorial

·        Articulación con alcaldías, gobernaciones y CAR

·        Territorialización mediante sesiones itinerantes

 

Seguimiento al POMCA

·        Solicitudes de información sobre POT, PTAR, PSMV, residuos y riesgo

·        Evaluación del cumplimiento de determinantes ambientales

 

Gestión de información

·        Solicitudes a DANE, IGAC, Minvivienda, SAE, INVIAS

·        Construcción de línea base de cuenca

 

Defensa del recurso hídrico

·        Control sobre concesiones de agua

·        Evaluación de calidad del agua y riesgos sanitarios

 

Vivienda y asentamientos vulnerables

·        Identificación de AHDI

·        Gestión de suelo público y bienes fiscales

 

Memoria biocultural

·        Proceso de renombramiento del río Tatayamba

·        Reconocimiento del territorio como patrimonio cultural

 

Sostenibilidad financiera

·        Gestión de apoyo con fundaciones y sector privado

·        Búsqueda de alternativas de financiamiento

 

Participación y educación ambiental

·        Promoción de veedurías

·        Propuesta de escuela ambiental y observatorio ciudadano

 

3. Resultados de la ejecución

La implementación del Plan de Acción arrojó los siguientes resultados:

✔ Ejecución efectiva mediante instrumentos jurídicos

Cada eje estratégico fue desarrollado a través de actuaciones formales, lo que permitió:

·        Dar soporte legal a la gestión

·        Generar obligaciones de respuesta por parte de las entidades

·        Construir evidencia documental para control institucional

 

✔ Activación territorial y multisectorial del Consejo

El Consejo logró:

·        Vincular a entidades del orden municipal, departamental y nacional

·        Generar presencia efectiva en el territorio

·        Articular actores públicos y privados en torno a la cuenca

Esto representa un avance significativo frente a modelos tradicionales de participación pasiva.

 

✔ Conversión del plan en acciones verificables

Uno de los principales logros fue transformar el Plan de Acción en un instrumento operativo real:

·        Cada actividad quedó respaldada por un oficio

·        Cada gestión cuenta con trazabilidad

·        Cada eje tiene evidencia documental

 

En consecuencia, el plan dejó de ser una formulación teórica para convertirse en un sistema de ejecución verificable y auditable.

 

4. Análisis crítico del nivel de cumplimiento

Desde una perspectiva técnica, el nivel de cumplimiento del Plan de Acción puede calificarse como:

Alto en su dimensión estratégica

·        Se desarrollaron todos los ejes definidos

·        Se cubrieron los temas prioritarios de la cuenca

·        Se generó incidencia institucional

Medio en su dimensión operativa

Debido a limitaciones estructurales como:

·        Falta de Secretaría Técnica funcional

·        Apoyo insuficiente de las CAR

·        Dificultades en la convocatoria y continuidad de sesiones

·        Capacidad administrativa limitada del Consejo

Estas condiciones afectaron la ejecución fluida de algunas actividades, especialmente aquellas que requerían soporte logístico permanente.

 

5. Nivel de transparencia del cumplimiento

El proceso de ejecución del Plan de Acción presenta un alto nivel de transparencia, en tanto:

·        Todas las actuaciones están documentadas

·        Se evidencian tanto logros como limitaciones

·        Se deja trazabilidad de las respuestas (o ausencia de ellas) por parte de las entidades

·        Se identifican claramente los obstáculos institucionales

 

Este enfoque permite que el cumplimiento no sea evaluado únicamente en términos de resultados, sino también en función de las condiciones reales de implementación.

 

6. Conclusión del capítulo

El Plan fue ejecutado en todos sus ejes estratégicos. El nivel de cumplimiento fue alto en lo estratégico y medio en lo operativo. El detalle de brechas y hallazgos se desarrolla en la Conclusión General del informe.

No obstante, el análisis evidencia que la consolidación del plan en su totalidad requiere fortalecer las condiciones institucionales del Consejo, particularmente en materia de soporte operativo y articulación efectiva con las autoridades ambientales.

“El Plan de Acción 2025–2026 trascendió su carácter programático para convertirse en un instrumento operativo real, cuyos resultados son verificables, pero cuya consolidación definitiva depende de cerrar las brechas institucionales que aún limitan la gobernanza efectiva de la cuenca.”

 

ANEXO 02. Correspondencia

No. Oficio	Fecha	Entidad / Destinatario	Tema	Importancia para la Gestión de la Cuenca
2025-001	26-may-25	CARs (CRQ, CARDER, CVC)	Solicitud apoyo logístico y secretarial	Arranque operativo del Consejo; base para funcionamiento institucional (actas, sesiones, logística)
2025-002	30-may-25	Consejo de Cuenca (interno)	Propuesta Plan de Acción 2025–2026	Hoja de ruta estratégica integral (gobernanza, agua, clima, educación, Escazú, ordenamiento)
2025-003	31-may-25	Consejeros, CARs, Procuraduría	Confirmación sesión ordinaria 02 y aprobación Acta 01	Consolidación legal del Consejo (actas, reglamento, validez de decisiones)
2025-004	31-may-25	Gobernación de Risaralda	Solicitud asistencia o delegación	Control institucional y exigencia de cumplimiento de deberes legales
2025-005	31-may-25	Gobernación Valle del Cauca	Solicitud asistencia o delegación	Formalización de representación institucional y legalidad de delegaciones
2025-006	31-may-25	Alcaldía de Pereira	Solicitud asistencia o delegación	Vinculación municipal clave en gobernanza de cuenca
2025-007	31-may-25	Alcaldía de Zarzal	Solicitud asistencia o delegación	Garantía de participación territorial en decisiones
2025-008	11-jun-25	Gobernación de Risaralda	Reiteración delegación	Insistencia para evitar vacíos institucionales
2025-009	11-jun-25	Alcaldía de Zarzal	Reiteración delegación	Seguimiento a incumplimientos
2025-010	11-jun-25	Gobernación Valle del Cauca	Reiteración delegación	Presión institucional para articulación regional
2025-011	11-jun-25	Universidad del Quindío	Solicitud auditorio	Soporte logístico para sesiones técnicas
2025-012	11-jun-25	COFINCAFÉ	Solicitud auditorio	Alternativa operativa para funcionamiento
2025-013	11-jun-25	Alcaldía de Armenia	Solicitud auditorio CAD	Uso de infraestructura pública
2025-014	25-jun-25	Consejo de Cuenca	Plan de Acción (versión consolidada)	Formalización de estrategia institucional
2025-015	3-jul-25	Consejero ONG	Respuesta institucional	Defensa de gobernanza, reglamento y autoridad
2025-016	7-jul-25	CRQ – CIDEA	Designación representante	Inserción en política pública ambiental
2025-017	7-jul-25	ASOPADRES	Solicitud reemplazo consejera	Continuidad de representación sectorial
2025-018	7-jul-25	Consejero artesanos	Respuesta y delegación CIDEA	Articulación educación ambiental
2025-019	7-jul-25	Consejero artesanos	Respaldo iniciativa PCCC	Integración ambiental-cultural
2025-020	7-jul-25	Consejero artesanos	Apoyo “Consejeritos POMCA”	Formación ambiental comunitaria
2025-021	8-jul-25	Comisión Conjunta	Conflictos Ambientales Graves en la Cuenca	Atención a problemáticas ambientales estructurales.
2025-022	15-jul-25	Alcaldía de Quimbaya	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Activación del seguimiento y control territorial
2025-022i	15-jul-25	Alcaldía de Pijao	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Presión institucional por incumplimiento
2025-022j	15-jul-25	Alcaldía de Salento	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Control sobre municipio estratégico ambiental
2025-022k	15-jul-25	Alcaldía de Pereira	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Exigencia a ciudad capital de cuenca
2025-022l	15-jul-25	Alcaldía de Alcalá	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Articulación con Valle del Cauca
2025-022l	15-jul-25	Alcaldía de Cartago	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Control sobre nodo urbano regional
2025-022m	15-jul-25	Alcaldía de Caicedonia	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Control zona cafetera alta
2025-022m	15-jul-25	Alcaldía de Obando	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Cobertura territorial completa
2025-022n	15-jul-25	Alcaldía de La Victoria	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Inclusión municipios intermedios
2025-022o	15-jul-25	Alcaldía de Sevilla	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Control subregión Valle
2025-022p	15-jul-25	Alcaldía de Ulloa	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Seguimiento municipios pequeños
2025-022q	15-jul-25	Alcaldía de Zarzal	Requerimiento urgente info POMCA 2024	Cierre territorial de requerimientos
2025-023	15-jul-25	Procuraduría General de la Nación – Regional Quindío	Solicitud de intervención por incumplimiento de municipios en reporte POMCA 2024	Activa control disciplinario sobre municipios incumplidos, clave para garantizar información base del seguimiento del POMCA.
2025-024	15-jul-25	Procuraduría General – Regional Risaralda	Solicitud de intervención por incumplimiento (Pereira)	Individualiza responsabilidad institucional y presiona cumplimiento en nodo urbano crítico de la cuenca.
2025-025	15-jul-25	Procuraduría General – Regional Valle del Cauca	Solicitud de intervención por incumplimiento municipios norte del Valle	Extiende control disciplinario a toda la cuenca baja, cerrando brechas territoriales de información.
2025-026	16-jul-25	Comisión Conjunta (CRQ, CARDER, CVC)	Solicitud de evidencias de requerimientos a municipios	Exige trazabilidad institucional y verifica posibles fallas de las CAR en la coordinación del POMCA.
2025-027	27-jun-25	Municipios y Actores de la Cuenca	Plan de Acción Anual 2025-2026. Seguimiento y gestión operativa	Establece la hoja de ruta estratégica para la resiliencia climática y la gobernanza participativa.
2025-028	17-jul-25	Alcalde de Cartago	Cartago Solicitud logística sesión 25 julio	Activa nodo Valle. Lleva el Consejo al territorio real.
2025-029	17-jul-25	Alcalde de Calarcá	Calarcá Sesión 29 agosto	Consolida presencia en eje Quindío.
2025-030	17-jul-25	Alcaldesa de Caicedonia	Caicedonia Sesión 26 septiembre	Expande control a cuenca media.
2025-031	17-jul-25	Alcalde de Circasia	Circasia Sesión 31 octubre	Fortalece relación con municipios críticos.
2025-032	17-jul-25	Alcalde de Zarzal	Zarzal Sesión 28 noviembre	Cierre territorial en Valle.
2025-033	17-jul-25	Alcalde de Quimbaya	Quimbaya	Cierre anual con enfoque estratégico.
2025-034		PANACA	Apoyo logístico + recorrido técnico Innovación pedagógica territorial	Integra sector productivo y educativo. Introduce pedagogía territorial.
2025-035	17-jul-25	Jardín Botánico	Apoyo + recorrido Integración conocimiento técnico	Incorpora ciencia y conocimiento técnico al Consejo.
2025-036	17-jul-25	RECUCA	Privado – cultural Apoyo sesión + recorrido	Integra cultura cafetera y territorio.
2025-036	17-jul-25	Grupo Riopaila Castilla	Agroindustrial Apoyo sesión + recorrido técnico	Vincula actor clave de presión ambiental (caña). Abre puerta a corresponsabilidad empresarial.
2025-037	17-jul-25	CVC	Solicitud apoyo sesión Caicedonia	Exigencia directa a CVC Solicita a CAR a cumplir compromisos.
2025-038	17-jul-25	CRQ, CARDER, CVC	Recorrido técnico río La Vieja	Coordinación interinstitucional Acción técnica de alto valor: diagnóstico en campo y articulación real.
2025-039	17-jul-25	ING RIO PAILA	Gestión complementaria	Consolidación Refuerza línea de continuidad operativa del Consejo.
2025-040	17-jul-25	Fundación Caicedo González Riopaila Castilla	Solicitud apoyo institucional y logístico	Creación de modelo de sostenibilidad del Consejo Crea modelo de financiación alterno ante falla institucional de CAR.
2025-041	17-jul-25	Fundación Carvajal	Solicitud de apoyo solidario y estratégico	Sostenibilidad y alianzas Amplía la búsqueda de respaldo técnico, financiero e institucional para ejecutar el Plan de Acción, especialmente en Escazú, POT, IMCU, acueductos rurales, observatorio ciudadano, escuela ambiental, ruta pedagógica y foros temáticos.
2025-042	17-jul-25	ProPacífico	Solicitud de apoyo solidario y estratégico	Sostenibilidad regional Vincula un actor estratégico del suroccidente colombiano para fortalecer la agenda ambiental, social y territorial de la cuenca, proyectando el Consejo hacia alianzas de impacto regional.
2025-043	17-jul-25	Fundación Internacional María Luisa de Moreno	Solicitud de apoyo solidario y estratégico	Sostenibilidad social Busca respaldo para programas de formación, participación, observatorio ambiental, cultura ciudadana y apoyo comunitario, conectando la gobernanza hídrica con la inclusión social.
2025-044	21-jul-25	IGAC	Renombramiento oficial del río La Vieja como río Tatayamba	Identidad, memoria y justicia ambiental Es uno de los oficios más simbólicos y estratégicos: eleva al nivel nacional la restitución toponímica del río, con expediente histórico, técnico, cultural, jurídico y ambiental. Propone actualizar cartografía oficial y reconocer el nombre ancestral Tatayamba.
2025-045	21-jul-25	Alcaldía de Montenegro	Aceptación de Secretaría Principal del Consejo	Fortalecimiento operativo interno Formaliza la búsqueda de una Secretaría Principal permanente para garantizar actas, memoria institucional, seguimiento, sistematización y continuidad administrativa del Consejo. En el archivo aparece numerado como oficio 2025-022, pero por el listado cargado corresponde al 2025-045.
2025-046	28-jul-25	CRQ / Comisión Conjunta	Aclaraciones jurídicas	Clarificación sobre delegados y legitimidad del Consejo. Denuncia falta de respuestas y exige interpretación oficial de la Resolución 0509; evidencia vacíos de gobernanza
2025-047	28-jul-25	CRQ	Información técnica (agua y residuos)	Concesiones de agua y Relleno Sanitario Andalucía. Exige datos críticos: concesiones, relleno sanitario, licencias y tecnologías → control ambiental real
2025-048	29-jul-25	Alcalde Pereira	Información estructural territorial	Control territorial. Requiere información clave sobre POT, PTAR, riesgo, asentamientos → insumo para control fiscal, ambiental y urbano
2025-049	29-jul-25	DANE	Información estadística	Planeación estratégica. Construye línea base regional (economía, pobreza, déficit habitacional, AHDI) → base para política pública
2025-050	29-jul-25	MinVivienda	Vivienda, suelo, bienes públicos	Incidencia nacional. Escala el Consejo a nivel nacional: vivienda, SAE, FNA, estafas inmobiliarias → política pública estructural
2025-051	29-jul-25	IGAC	Información catastral	Sistema de información territorial. Solicita inventario de bienes públicos, urbanización en suelos rurales y proindivisos → base para política de suelo, vivienda y control urbano
2025-052	29-jul-25	INVIAS	Infraestructura y bienes férreos	Control infraestructura. Exige información sobre ferrocarriles, bienes públicos y seguridad vial → integra movilidad, patrimonio y riesgo territorial
2025-053	30-jul-25	Fiduprevisora S.A.	Solicitud de información sobre bienes PAR FOREC e INURBE	Introduce componente de gestión predial y social para asentamientos vulnerables en la cuenca.
2025-054	29-jul-25	SAE	Bienes incautados/extintos	Política de suelo y vivienda. Busca identificar predios disponibles para vivienda social → conecta extinción de dominio con solución habitacional
2025-055	30-jul-25	Alcaldía Calarcá	Información integral POMCA	Control territorial profundo. Solicita información completa: POT, PTAR, residuos, riesgo, AHDI → auditoría integral municipal
2025-056	30-jul-25	CRQ	Gestión del riesgo	Control ambiental. Exige cumplimiento de funciones de Ley 99/93 sobre prevención de desastres y manejo de áreas de riesgo
2025-057	30-jul-25	Secretaría de Salud Quindío	Calidad de agua	Control sanitario. Solicita IRCA, ERA y mapas de riesgo → integra salud pública con gestión hídrica
2025-058	30-jul-25	Alcaldía Cartago + ESP	Recorrido técnico río	Gobernanza territorial aplicada. Diseña diagnóstico en campo participativo del río → herramienta de auditoría ambiental real
2025-059	30-jul-25	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Solicitud de apoyo financiero, técnico y logístico para recorrido técnico por el cauce del río La Vieja, desde Samaria hasta La Virginia	Eleva el recorrido técnico al nivel nacional y busca que MinAmbiente participe directamente en una acción de diagnóstico, pedagogía territorial y reconocimiento de amenazas sobre el río.
2025-060	30-jul-25	Alcaldía de Pijao	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Vincula a un municipio estratégico de la cuenca alta al ejercicio de reconocimiento territorial, fortaleciendo corresponsabilidad municipal en la protección del recurso hídrico.
2025-061	30-jul-25	Alcaldía de La Tebaida	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Integra a un municipio con fuerte presión urbana, agroindustrial y logística, clave para comprender impactos territoriales sobre la cuenca media.
2025-062	30-jul-25	Alcaldía de Caicedonia y Empresas Públicas de Caicedonia	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Incorpora a municipio y ESP del Valle del Cauca, fortaleciendo el enfoque interdepartamental y la mirada sobre abastecimiento, saneamiento y participación comunitaria.
2025-063	30-jul-25	Alcaldía de Montenegro	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Refuerza el liderazgo de Montenegro como aliado institucional del Consejo. El documento aparece numerado como 2025-062, pero por la secuencia y nombre del archivo corresponde al 2025-063.
2025-064	30-jul-25	Alcaldía de La Victoria	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Vincula a un municipio del Valle en la cuenca baja, esencial para evaluar condiciones del cauce, presiones productivas y relación con el río Cauca.
2025-065	30-jul-25	Alcaldía de Quimbaya	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Integra un municipio turístico y ambientalmente sensible, fortaleciendo el enfoque pedagógico y territorial del Consejo.
2025-066	30-jul-25	Alcaldía de Obando	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Amplía la cobertura institucional en el Valle del Cauca y permite involucrar municipios menos visibles pero claves en la continuidad territorial de la cuenca.
2025-067	30-jul-25	Alcaldía de Alcalá	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Fortalece la presencia del Consejo en municipios del norte del Valle y promueve participación territorial en acciones de diagnóstico del cauce.
2025-068	30-jul-25	Alcaldía de Ulloa	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Vincula a un municipio de baja escala institucional pero alta relevancia territorial, promoviendo equidad en la participación de toda la cuenca.
2025-069	30-jul-25	Alcaldía de Pereira y Aguas y Aguas de Pereira ESP	Apoyo financiero y logístico para recorrido técnico por el río La Vieja	Compromete a la ciudad capital y a su empresa prestadora con el diagnóstico integral del río, especialmente relevante por su impacto en saneamiento, PTAR y vertimientos.
2025-070	30-jul-25	Gobernación del Valle del Cauca	Solicitud urgente de información pendiente de la sesión ordinaria 04	Exige informes sobre gestión del riesgo, microzonificación sísmica, POT/PBOT/EOT e indicadores de calidad de agua en municipios del Valle, fortaleciendo seguimiento al POMCA.
2025-071	30-jul-25	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Solicitud urgente sobre financiación de la PTAR Pereira–Dosquebradas	Busca verificar si existe aval fiscal, vigencias futuras, crédito KFW o fuente cierta de financiación para un proyecto clave de saneamiento regional estimado en más de $459 mil millones.
2025-072	31-jul-25	Universidad del Quindío	Reconocimiento y llamado a formación en turismo ambientalmente sustentable	Prevenir el pasivo ambiental y la gentrificación derivados del turismo masivo desregulado. Introduce la Ley de Pasivos Ambientales, capacidad de carga turística, justicia territorial, IMCUT y participación del Consejo en Agenda Quindío 2050.
2025-073	5-ago-25	Alcaldía de Pijao	Reiteración derecho de petición sobre información de despachos públicos	Documenta incumplimiento en entrega de información básica institucional tras 12 días hábiles y quinta reiteración.
2025-074	5-ago-25	Alcaldía de Quimbaya	Reiteración derecho de petición sobre información de despachos públicos	Refuerza trazabilidad de incumplimientos y permite ordenar comunicaciones, invitaciones, foros y solicitudes oficiales.
2025-075	5-ago-25	Alcaldía de Montenegro	Reiteración derecho de petición sobre información de despachos públicos	Muestra que incluso municipios aliados deben cumplir deberes mínimos de información institucional para garantizar gobernanza eficiente.
2025-076	5-ago-25	Alcaldía de Buenavista	Reiteración derecho de petición sobre información de despachos públicos	Incorpora a Buenavista dentro del seguimiento formal, evitando vacíos de comunicación y participación.
2025-077	5-ago-25	Alcaldía de Pereira	Reiteración derecho de petición sobre información de despachos públicos	Deja constancia del incumplimiento de una ciudad capital frente a solicitudes básicas del Consejo, con relevancia para control institucional.
2025-078	5-ago-25	Alcaldía de Alcalá	Reiteración derecho de petición – información institucional	Evidencia incumplimiento administrativo y fortalece base de datos institucional para gobernanza.
2025-079	5-ago-25	Alcaldía de Caicedonia	Reiteración derecho de petición – información institucional	Refuerza presión institucional y estandarización de canales de comunicación.
2025-080	5-ago-25	Alcaldía de Cartago	Reiteración derecho de petición – información institucional	Permite consolidar articulación con municipio clave de la cuenca baja.
2025-081	5-ago-25	Alcaldía de Sevilla	Reiteración derecho de petición – información institucional	Cierra brecha de información en zona alta estratégica para recurso hídrico.
2025-082	6-ago-25	CRQ / Comisión Conjunta	Sustento de legalidad frente a conflictos de representación.	Blindar jurídicamente las actuaciones del Consejo frente a conflictos de representación institucional.
2025-083	8-ago-25	Comisión Conjunta del Consejo de Cuenca (CRQ, CARDER, CVC)	Solicitud de nueva convocatoria para completar los 33 miembros del Consejo de Cuenca	Busca garantizar la representatividad total del Consejo, fortaleciendo su legitimidad, equilibrio sectorial y capacidad de incidencia territorial.
2025-084	8-ago-25	Alcaldía de Pereira – SIMAP	Delegación de representación del Consejo ante el Sistema Municipal de Áreas Protegidas	Integra formalmente al Consejo en instancias de planificación ambiental urbana, fortaleciendo articulación entre cuenca y sistemas locales de conservación.
2025-085	11-ago-25	Consejero Emilio Torres Lombana	Respuesta sobre recursos PROCEDA	Define el rol del Consejo como articulador y veedor de recursos de educación ambiental, impulsando seguimiento, transparencia y participación comunitaria.
2025-086	11-ago-25	CRQ, CVC, CARDER	Traslado por competencia – solicitud de información sobre PROCEDA	Activa el principio de coordinación interinstitucional y obliga a las CAR a rendir cuentas sobre recursos ambientales en la cuenca.
2025-087	11-ago-25	Ministerio de Ambiente	Solicitud de información sobre Tasa por Uso del Agua (TUA)	Busca transparencia en la gestión del recurso hídrico, permitiendo analizar usuarios, recaudos, inversión y eficiencia del instrumento económico ambiental. Asegurar que el recaudo por el uso del agua se reinvierta efectivamente en la recuperación de la cuenca.
2025-088	11-ago-25	Ministerio de Ambiente	Solicitud de reglamentación para publicación obligatoria de información ambiental	Propone un cambio estructural hacia la transparencia ambiental total, clave para control ciudadano, cumplimiento del Acuerdo de Escazú y gestión de pasivos ambientales. Implementar el Acuerdo de Escazú para permitir el control ciudadano sobre licencias y procesos ambientales.
2025-089	11-ago-25	Ministerio de Ambiente	Observaciones al proyecto de decreto COMINESCAZÚ	Plantea una crítica estructural a la gobernanza ambiental centralizada y propone fortalecer la participación territorial vinculante. Criticar la ineficacia burocrática y exigir una participación comunitaria real y no meramente formal.
2025-089A	15-ago-25	Ministerio de Ambiente	Propuesta de decreto para implementación inmediata del Acuerdo de Escazú. Protección a líderes y defensores ambientales. Propuesta alternativa a COMINESCAZÚ.	Presenta una alternativa normativa concreta que propone ejecución inmediata, participación vinculante y publicación total de información ambiental.
2025-090	23-ago-25	Consejero de Alcalá - I.E. Arturo Gómez J.	Respuesta sobre creación de “Consejeritos POMCA”	Promueve educación ambiental y relevo generacional, fortaleciendo cultura ambiental y participación juvenil en la cuenca.
2025-091	9-sep-25	Comisión Conjunta POMCA (CRQ, CARDER, CVC)	Solicitud de coordinación logística e institucional para recorrido técnico del río	Activa articulación interinstitucional para reconocimiento territorial y control social frente a minería ilegal y afectaciones al recurso hídrico.
2025-092	4-sep-25	Policía Nacional – Distrito 03 Quimbaya	Solicitud de apoyo logístico y de seguridad para recorrido técnico del río La Vieja	Garantiza condiciones de seguridad y articulación institucional para una actividad estratégica de diagnóstico territorial directo del río.
2025-092c	9-sep-25	Operador de balsaje (Ángel Ríos Rojas)	Solicitud de cotización para recorrido técnico	Genera pluralidad de oferentes y transparencia en la contratación del servicio logístico.
2025-092d	9-sep-25	Rural Adventure Colombia	Solicitud de cotización para recorrido técnico	Consolida esquema competitivo de costos y fortalece la planeación financiera del recorrido.
2025-092b	9-sep-25	Operador de balsaje (Diana López – La Berraquera)	Solicitud de cotización para recorrido técnico	Estructura componente financiero y logístico del recorrido, permitiendo viabilidad operativa del ejercicio de campo.
2025-093	4-sep-25	Ejército Nacional – Octava Brigada	Solicitud de apoyo logístico y de seguridad para recorrido técnico	Refuerza seguridad interinstitucional y cobertura territorial en zonas rurales estratégicas de la cuenca.
2025-094	4-sep-25	Policía Nacional – Comando Quindío	Solicitud de apoyo logístico y de seguridad para recorrido técnico	Amplía coordinación con fuerza pública a nivel departamental, asegurando control integral del territorio.
2025-094 (Insistencia)	20-sep-25	Fiduprevisora S.A.	Segundo recurso de insistencia sobre bienes PAR FOREC e INURBE	Consolida defensa del acceso a información pública estratégica para gestión predial, ambiental y social de la cuenca.
2025-095	3-oct-25	Alcaldía de Circasia	Solicitud de información integral para sesión ordinaria No. 07	Permite evaluación técnica completa del estado del POMCA en uno de los municipios más críticos de la cuenca.
2025-096	3-oct-25	MinTransporte	Reversión y estado de puentes de Autopista del Café.	Evaluar el estado de puentes y la mitigación de impactos por infraestructura vial en el territorio.
2025-097	3-oct-25	ANI	Impacto ambiental del Proyecto Autopista del Café.	Gestionar la información técnica para prevenir pasivos ambientales en corredores biológicos.
2025-099	6-oct-25	Superservicios	Seguimiento a metas de calidad y cantidad del recurso hídrico.	Atender problemáticas de calidad del agua y la crisis inminente de los rellenos sanitarios regionales.
2025-100	6-oct-25	DANE	Proyección de población y ordenamiento territorial.
2025-101	8-oct-25	Tribunal Administrativo del Quindío / Juez de tutela competente	Acción de tutela contra Fiduprevisora por acceso a información pública ambiental sobre bienes PAR FOREC y PAR INURBE	Judicializa la defensa del acceso a información pública ambiental, clave para identificar bienes fiscales, predios abandonados, invasiones y focos de contaminación que afectan la cuenca.
2025-102	14-oct-25	Juzgado Tercero de Familia de Armenia	Recurso de contradicción contra entidades vinculadas en acción de tutela	Fortalece la defensa del derecho de acceso a la información ambiental y establece responsabilidad por omisión institucional de entidades de control.
2025-103	16-oct-25	Juzgado Tercero de Familia de Armenia	Recurso de contradicción contra Fiduprevisora S.A.	Desvirtúa la reserva fiduciaria y consolida la tesis de naturaleza pública de los bienes, clave para la recuperación territorial y ambiental.
2025-104	31-oct-25	Fiduprevisora S.A.	Solicitud de información para toma de decisiones en contextos de asentamientos vulnerables	Busca información georreferenciada de bienes fiscales y de uso público en los 21 municipios de la cuenca, para orientar saneamiento predial, vivienda social, espacio público y recuperación ambiental.
2025-105	2-nov-25	MinAmbiente	Concepto técnico sobre criterios de calidad del agua.	Exigir estándares internacionales (OMS/EPA/UE) para garantizar el agua potable segura para la población.
2025-106	3-nov-25	Autoridades Ambientales	Comentarios a lineamientos de producción de aguacate Hass.	Alerta sobre el estrés hídrico y propuesta de moratoria para cultivos de gran escala en subcuencas críticas.
2025-107		NO UTILIZADO
2025-108	14-nov-25	Juzgados Municipales (Armenia) – contra Alcaldía de Circasia y Departamento del Quindío	Acción de tutela por vulneración del derecho de petición e información ambiental	Eleva el conflicto a sede judicial constitucional, garantizando acceso a información clave para seguimiento del POMCA y defensa de la participación ambiental.
2025-109		NO UTILIZADO
2025-110		NO UTILIZADO
2025-111	1-nov-25	Juez Constitucional	Acción de Tutela contra la SAE por acceso a la información.	Obtener información de bienes incautados para ser destinados a protección ambiental y reasentamientos.
2025-112	24-nov-25	Alcaldía de Circasia	Contradicción por respuestas incompletas en servicios públicos.	Exigir informes precisos sobre saneamiento hídrico (PTAR) y cumplimiento de metas ambientales locales.
2025-113	25-nov-25	Tribunal Administrativo del Quindío	Recurso de desacato por incumplimiento de la Sentencia 264 del 13 de noviembre de 2025	Exige cumplimiento judicial frente a Fiduprevisora, luego de que el Tribunal reconociera el carácter público de los bienes FOREC e INURBE y ordenara entregar la información solicitada.
2025-114	1-nov-25	SAE	Defensa de la labor de control ciudadano del Consejo.
2025-115	1-nov-25	SAE	Exigencia de inventario de bienes para fines ambientales.	Identificar predios para ampliar reservas forestales y proteger nacimientos de agua en la cuenca.
2025-116	1-nov-25	SAE	Recurso de insistencia por negativa de información.	Denunciar la opacidad en la administración de bienes del FRISCO y exigir transparencia para la planificación territorial.
2025-117	3-dic-25	Juez Constitucional	Impugnación de tutela SAE por falta de fondo ambiental.	Defender el derecho al ambiente sano y el acceso a la información sobre tierras estratégicas.
2025-118	3-dic-25	Juez Constitucional	Impugnación de tutela contra Alcaldía de Circasia.	Requerir estudios técnicos sobre carga turística y microzonificación sísmica para el ordenamiento local.
2025-119	13-dic-25	Gobierno Nacional, SAE, MinAmbiente, Procuraduría y actores territoriales	Aviso de alerta preventiva y denuncia pública sobre el predio “La Querendona”	Activa alerta temprana sobre riesgo ambiental crítico en ecosistema Barbas-Bremen y posiciona el caso como asunto de interés público nacional.
2025-120	13-dic-25	Presidencia, SAE, MinAmbiente, MinJusticia (FRISCO)	Derecho de petición para suspensión y destinación ambiental del predio	Estructura ruta institucional concreta para protección del predio, integrando nivel nacional y política pública ambiental.
2025-121	13-dic-25	Gobernaciones, Alcaldías, CAR (CRQ y CARDER), empresas de servicios públicos	Solicitud de actuación coordinada territorial sobre La Querendona	Activa gobernanza multinivel y coordinación interinstitucional para protección del sistema hídrico Barbas-Bremen.
2025-122	13-dic-25	Procuraduría General de la Nación	Solicitud de intervención preventiva y disciplinaria	Introduce control disciplinario y vigilancia preventiva sobre decisiones que afectan ecosistemas estratégicos.
2025-123	13-dic-25	Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)	Solicitud de información sobre selección del predio	Busca establecer trazabilidad institucional y posibles fallas en la debida diligencia ambiental.
2025-124	13-dic-25	Fiscalía General de la Nación	Denuncia penal por posibles delitos ambientales y administrativos	Escala el conflicto a ámbito penal, investigando posibles conductas punibles por daño ambiental y abuso de autoridad.
2025-125	1-dic-25	Miembros del Consejo	Protección microcuenca Río Barbas.	Alerta preventiva para evitar intervenciones incompatibles en una de las fuentes hídricas más importantes.
2025-126	16-dic-25	Comisión Quinta Cámara de Representantes	Observaciones de inconstitucionalidad al PL 019/2025 y FOCOF	Incide en política pública nacional sobre gobernanza del agua y financiamiento ambiental, defendiendo autonomía territorial.
2026-001	1-ene-26	SAE	Recurso de insistencia ante el TAA.	Activar el control judicial frente a la negativa reiterada de suministrar información predial ambiental.
2026-002	1-feb-26	INVIAS	Accidentalidad y diseño ambiental en el corredor La Línea.	Controlar la accidentalidad y el manejo de vertimientos técnicos que afectan acueductos regionales.
2026-003	9-abr-26	CRQ	Saneamiento de predios vacantes para protección hídrica.	Solicitar el saneamiento de 78 predios (2.8 millones de m²) para incorporarlos al inventario de protección.
2026-004	1-abr-26	Alcaldes Quindío	Incorporación de baldíos al inventario de protección.	Coordinar la gestión local para recuperar áreas de especial interés ecológico y recarga hídrica.
2026-005	23-abr-25	Alcaldes / Curadores	Solicitud DPI Exigencia inmediata respeto y aplicación obligatoria franja mínima de protección 30 m en cauces hídricos como determinante ambiental	Cumplimiento sentencia T-529 Corte Constitucional. Exigir el respeto a la ronda hídrica como determinante ambiental superior innegociable.
2026-006	1-abr-26	Procuraduría / Defensoría	Tutela contra reducción de franjas de retiro en cauces.	Solicitar intervención por violación directa a la Constitución al permitir licenciamientos sobre ríos.
2026-007	1-abr-26	SNR	Vigilancia a Curadurías Urbanas por licencias ambientales.	Auditar el otorgamiento de licencias en zonas de riesgo para proteger la seguridad hídrica y ambiental