La ciencia no puede convertirse en un mal titular de prensa. El terremoto del 25 de enero de 1999 marcó para siempre la historia del Quindío.

La ciencia no puede convertirse en un mal titular de prensa

Luis Alberto Vargas Ballén, veedor ambiental.

El terremoto del 25 de enero de 1999 marcó para siempre la historia del Quindío. Sus efectos humanos, urbanos, económicos e institucionales fueron tan profundos que cualquier nueva afirmación sobre su origen debe tratarse con el máximo rigor, responsabilidad y respeto por las víctimas y por una sociedad que todavía conserva la memoria de aquella tragedia.

Por esa razón, resulta profundamente inconveniente anunciar públicamente que el terremoto habría sido causado por la falla de Ibagué y no por la falla de Armenia, sin publicar de manera simultánea el estudio completo, la metodología utilizada, los datos analizados, el nivel de incertidumbre, las observaciones de la interventoría, la revisión por pares y, especialmente, el concepto técnico del Servicio Geológico Colombiano, como autoridad científica nacional competente en el conocimiento geocientífico del territorio.

Una conclusión científica no puede reducirse a una frase pronunciada ante los medios. Debe poder ser verificada, discutida y eventualmente controvertida por la comunidad académica. No es lo mismo presentar una hipótesis, una inferencia preliminar o una interpretación de determinados datos, que anunciar como verdad definitiva que una falla distinta fue la causante de un terremoto histórico. La diferencia no es semántica: tiene consecuencias sobre la percepción del riesgo, el ordenamiento territorial, el licenciamiento urbanístico, el mercado del suelo, la seguridad de las edificaciones y la confianza ciudadana en las instituciones.

La preocupación aumenta porque el anuncio se produce en el marco de un proyecto cuya ejecución ha sido prolongada y difícil de verificar. Sus antecedentes se remontan a 2017; los recursos fueron aprobados en 2019; el contrato fue suscrito en febrero de 2020; la ejecución material solo pudo comenzar después de superar las dificultades para contratar la interventoría; y durante 2022, 2023, 2024 y 2025 las entidades continuaron hablando de productos parciales, ajustes, validaciones, armonizaciones y entregas pendientes. A mediados de 2026 todavía no se conoce públicamente un acta integral de recibo final que permita certificar que la totalidad de los estudios fue terminada, aprobada por la interventoría, recibida por la Gobernación, entregada a los municipios y validada por las autoridades científicas y técnicas competentes.

En esas condiciones, el anuncio no puede desligarse de sus posibles efectos territoriales. La falla de Armenia atraviesa sectores urbanos y áreas que históricamente han sido objeto de restricciones, estudios y tratamientos especiales por amenaza o riesgo. En sus zonas de influencia existen predios con elevado interés inmobiliario y una intensa presión por habilitar suelo para nuevos desarrollos.

Por ello, resulta legítimo y necesario preguntar si la nueva narrativa científica podría ser utilizada, directa o indirectamente, para disminuir restricciones, modificar mapas, flexibilizar tratamientos urbanísticos o facilitar la construcción en terrenos que hoy presentan condicionamientos asociados a la falla de Armenia. No se afirma que exista un acuerdo indebido ni que la conclusión haya sido producida para favorecer intereses particulares. Pero la coincidencia entre una afirmación de semejante impacto y la existencia de fuertes intereses urbanísticos exige transparencia reforzada, explicación completa y control ciudadano.

Si la conclusión es sólida, las entidades deben demostrarlo. Deben identificar el producto exacto, sus autores, el capítulo y la página en que aparece, la metodología empleada, los registros sísmicos utilizados, la localización del hipocentro, el análisis de réplicas, el mecanismo focal, la geometría tridimensional de las fallas, las hipótesis alternativas consideradas y el nivel de confianza asignado. También deben aclarar si el Servicio Geológico Colombiano conoce, comparte o avala esa interpretación y si la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes la revisó dentro de sus competencias.

La Gobernación y la Universidad del Quindío también deben explicar quién autorizó la divulgación, si el anuncio corresponde a una posición institucional o a la interpretación personal de algún investigador, y por qué no fue acompañado de las advertencias indispensables: que la falla de Armenia no desaparece, que su actividad y peligrosidad no pueden descartarse mediante un titular y que una nueva atribución del terremoto de 1999 no elimina los riesgos sísmicos ni las obligaciones de prevención, planificación y construcción segura.

La comunicación institucional debe diferenciar con honestidad qué se sabe, qué se presume, qué está validado y qué continúa en revisión. Si la afirmación fue simplificada por los medios o excedió el contenido real del estudio, debe aclararse de inmediato. Y si no existe todavía evidencia científica concluyente ni aval técnico suficiente, deberá rectificarse y presentarse únicamente como una hipótesis pendiente de validación.

El Quindío no necesita anuncios espectaculares para ocupar titulares. Necesita estudios concluidos, datos abiertos, mapas confiables, instituciones responsables y decisiones urbanísticas orientadas a proteger la vida, no a aumentar el valor del suelo. La memoria del terremoto de 1999 merece algo más que una frase llamativa: merece ciencia seria, transparencia absoluta y rendición de cuentas.

El llamado final es, por tanto, a la mesura institucional, a la sinceridad de los anuncios y al respeto por el rigor científico. Las entidades públicas no deben convertir hipótesis en certezas, ni incertidumbres en titulares, ni utilizar el dolor colectivo como escenario para ganar notoriedad mediática. En materia de riesgo sísmico, hablar sin sustento no informa: confunde, genera desconfianza y puede poner en peligro decisiones que afectan la vida y la seguridad de toda una ciudad.

Precisamente por la trascendencia científica, jurídica, urbanística y social de este asunto, he radicado un derecho de petición institucional integral, dirigido a todas las entidades que participaron en la formulación, financiación, contratación, ejecución, interventoría, validación y divulgación de este proyecto. 

En dicho requerimiento se solicita reconstruir toda la trazabilidad técnica y contractual de una iniciativa que comenzó a estructurarse en 2017, recibió financiación del Sistema General de Regalías en 2019, fue contratada en 2020, inició su ejecución efectiva solo entre 2021 y 2022 y que, pese a que las propias entidades anunciaban su culminación primero en 2023 y luego en 2025, y que aún hoy no cuenta con una demostración pública y verificable de su entrega integral, aprobación definitiva, validación científica y adopción institucional. 

Entre los principales hallazgos objeto de aclaración se encuentran las prolongadas demoras en la ejecución, las dificultades para contratar la interventoría, las sucesivas prórrogas, la diferencia entre los avances técnicos anunciados y la ejecución contractual reportada, la ausencia de un repositorio público con los productos finales, la falta de claridad sobre la aprobación de la interventoría, el estado de la revisión por parte de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes y del Servicio Geológico Colombiano, la entrega desigual de estudios a los municipios y, especialmente, el sustento científico que respalda la reciente afirmación según la cual el terremoto de 1999 habría sido originado por la falla de Ibagué. 

La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad completa, sustentada en documentos, evidencia científica y decisiones institucionales verificables, porque únicamente sobre esa base podrán adoptarse decisiones responsables para el futuro del territorio y la seguridad de sus habitantes.