2da PARTE INFORME GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS: De las alertas a la acción: seguimiento, control territorial e incidencia para la defensa de la cuenca del río La Vieja – Tatayamba

 2da PARTE INFORME GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Gestión de la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del Río La Vieja – Tatayamba

De las alertas a la acción: seguimiento, control territorial e incidencia para la defensa de la cuenca del río La Vieja – Tatayamba

PRESENTACIÓN[1]

El 4 de mayo de 2026 fue presentado el Informe General de Rendición de Cuentas de la Presidencia del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – Tatayamba, correspondiente al período mayo de 2025 – mayo de 2026. En ese documento se consolidó una primera etapa de trabajo orientada al fortalecimiento de la gobernanza hídrica, la construcción de información, la exigibilidad institucional, la articulación territorial y la defensa del recurso hídrico, estructurada a partir del Plan de Acción 2025–2026 y de nueve ejes estratégicos.

Aquella rendición de cuentas permitió identificar una realidad fundamental: el principal desafío de la cuenca no era la ausencia de problemas diagnosticados, sino la necesidad de convertir esos diagnósticos en acciones concretas, verificables y sostenidas en el tiempo.

Por ello, el informe no fue concebido como el cierre de una gestión sino como una línea base para la continuidad del control territorial. Su propio ranking de asuntos críticos advirtió que la dispersión temática debía ser sustituida por una priorización estratégica construida a partir de cuatro criterios: gravedad ambiental, impacto territorial, omisión institucional y capacidad de actuación.

Durante los meses siguientes, varias de las alertas identificadas adquirieron una dimensión incluso mayor de la inicialmente prevista.

La crisis de los rellenos sanitarios Andalucía y La Glorita dejó de ser una preocupación prospectiva para convertirse en un asunto regional que involucra la disposición futura de los residuos del Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca; se profundizaron interrogantes relacionados con lixiviados, residuos peligrosos, pasivos ambientales y manejo de animales dentro de áreas destinadas a disposición final; se intensificó el seguimiento a los sistemas de saneamiento, vertimientos y fuentes abastecedoras; se reclamó acceso efectivo a expedientes ambientales; y se ampliaron las investigaciones sobre infraestructura vial, ordenamiento territorial, urbanización, turismo y actividades productivas que ejercen presión sobre la capacidad ambiental de la cuenca.

La agenda se extendió igualmente hacia decisiones de escala regional y nacional con incidencia directa sobre el territorio: nuevas concesiones viales, reversión de Autopistas del Café, valorización, peajes, proyectos de infraestructura, expansión urbana, capacidad de carga turística y prioridades económicas promovidas por gobiernos y gremios.

Todo ello confirmó una de las conclusiones principales del primer informe: el agua, el suelo, los residuos, la infraestructura, el crecimiento urbano y el desarrollo económico no pueden continuar siendo administrados como asuntos independientes.

El seguimiento realizado durante esta segunda etapa tampoco provino exclusivamente de actuaciones formalmente adoptadas por el Consejo de Cuenca.

Algunas acciones fueron impulsadas o desarrolladas directamente en el marco del Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – Tatayamba; otras se adelantaron desde la Veeduría Ciudadana y CISER; y otras fueron promovidas a título personal mediante los instrumentos constitucionales de participación, petición, intervención administrativa y control ciudadano.

Esta circunstancia será claramente diferenciada a lo largo del documento.

No se pretende atribuir al Consejo actuaciones que jurídicamente corresponden a otros espacios de participación. Lo que justifica su incorporación a esta rendición de cuentas es que todas ellas tienen un denominador común: están relacionadas directa o indirectamente con decisiones, actividades o proyectos que pueden afectar la sostenibilidad ambiental, social y territorial de la cuenca hidrográfica.

Esta articulación constituye, además, una evolución natural del modelo de trabajo desarrollado durante la Presidencia.

El primer informe ya había documentado la utilización sistemática de derechos de petición, reiteraciones, recursos de insistencia y demás instrumentos jurídicos como herramientas de exigibilidad institucional, permitiendo construir evidencia, identificar incumplimientos y dejar trazabilidad probatoria para el ejercicio del control ciudadano, ambiental y disciplinario.

La segunda etapa demuestra que esa metodología continuó operando y se fortaleció.

No se trató simplemente de solicitar información, sino de cruzarla.

No solamente de recibir respuestas, sino de contrastarlas.

No únicamente de advertir problemas, sino de identificar quién tiene competencia para resolverlos, cuál información debe producir, cuáles decisiones debe adoptar y cuáles responsabilidades pueden derivarse de su inacción.

De esta manera, la participación ambiental ha evolucionado desde un modelo predominantemente consultivo hacia un ejercicio permanente de auditoría ciudadana del territorio.

Este enfoque corresponde directamente a la aplicación material del Acuerdo de Escazú. Desde el inicio de esta gestión se entendió que el acceso a la información ambiental, la participación pública efectiva y la transparencia no podían permanecer como declaraciones normativas abstractas, sino que debían convertirse en herramientas concretas para intervenir en las decisiones que afectan el territorio.

Por ello, esta segunda parte de la rendición de cuentas se estructura alrededor de los grandes problemas de la cuenca y no simplemente de la correspondencia producida.

Cada capítulo procura responder cinco preguntas:

¿Cuál es el problema? ¿Qué actuaciones se adelantaron? ¿Qué información se logró obtener? ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Qué queda pendiente por resolver?

El objetivo final permanece inalterado frente al que inspiró el primer informe: fortalecer una gobernanza de cuenca sustentada en información verificable, participación efectiva, prevención del daño y control ciudadano permanente.

Cordialmente,

 

LUIS ALBERTO VARGAS BALLEN

Presidente
Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – TATAYAMBA
Cel. 314 210 5325

 

1.                GOBERNANZA DEL AGUA, SANEAMIENTO Y SEGURIDAD HÍDRICA

1.1. El agua continúa siendo el asunto estructural de la cuenca

El primer Informe General de Rendición de Cuentas identificó la crisis de calidad y disponibilidad del agua como la prioridad máxima de la agenda del Consejo de Cuenca.

La razón es elemental pero determinante: la calidad y disponibilidad del recurso hídrico condicionan simultáneamente la salud pública, el abastecimiento humano, la producción agropecuaria, el crecimiento urbano, la actividad turística, la conservación de los ecosistemas y, en términos generales, la sostenibilidad económica y social del territorio.

El diagnóstico consignado entonces identificó, entre otros problemas, el deterioro de la calidad del agua en diferentes sectores de la cuenca, la ausencia de sistemas adecuados de potabilización en acueductos rurales, las deficiencias en tratamiento de aguas residuales y la presencia de descargas contaminantes de origen doméstico, productivo y difuso.

Durante esta segunda etapa de seguimiento, dicha prioridad no solamente se mantuvo sino que adquirió mayor relevancia al contrastarse con otros procesos simultáneos de transformación territorial.

La expansión urbana, el incremento de visitantes en municipios turísticos, el crecimiento de actividades agropecuarias intensivas, el desarrollo de nuevas infraestructuras, los cambios de uso del suelo y la disposición regional de residuos generan demandas adicionales sobre un recurso cuya oferta, calidad y capacidad de recuperación no pueden presumirse ilimitadas.

De allí surge la tesis transversal de este capítulo:

No puede existir planificación territorial sostenible sin seguridad hídrica.

Y tampoco puede hablarse seriamente de competitividad, turismo, vivienda, infraestructura o crecimiento económico sin responder previamente tres interrogantes elementales:

¿De dónde provendrá el agua? ¿En qué condiciones llegará a la población? ¿Y qué ocurrirá con ella después de ser utilizada?

 

1.2. Construcción de una línea base regional sobre agua y saneamiento

Una de las principales dificultades encontradas desde el comienzo de la gestión fue la dispersión de la información.

Los datos relacionados con calidad de agua, concesiones, fuentes abastecedoras, plantas de tratamiento, vertimientos, infraestructura de saneamiento y cumplimiento de instrumentos ambientales se encuentran distribuidos entre corporaciones autónomas regionales, municipios, empresas de servicios públicos, autoridades sanitarias y entidades nacionales.

Por ello, desde el Consejo se promovió desde el inicio una metodología basada en la obtención sistemática de información directamente de las instituciones responsables.

Las sesiones territoriales fueron utilizadas, además, como espacios de recolección de información sobre:

·        calidad del agua e IRCA;

·        fuentes abastecedoras;

·        PTAP;

·        PTAR;

·        PSMV;

·        gestión de residuos;

·        ordenamiento territorial;

·        gestión del riesgo;

·        infraestructura de servicios públicos;

·        cumplimiento de las determinantes del POMCA.

El primer informe registró que esta metodología permitió comenzar a construir una línea base territorial de la cuenca con información directamente validada en los municipios.

Durante esta segunda etapa se continuó profundizando ese modelo, ampliando la búsqueda de información hacia actividades económicas y sectores cuyo consumo de agua o generación de vertimientos puede producir impactos acumulativos sobre las fuentes.

 

1.3. Acueductos rurales: el eslabón más vulnerable

Uno de los asuntos que continúa requiriendo atención prioritaria es la situación de los acueductos rurales.

En numerosas zonas rurales, estos sistemas constituyen la única fuente de abastecimiento para comunidades campesinas y pequeños centros poblados y, simultáneamente, operan con capacidades técnicas, administrativas y financieras considerablemente inferiores a las de los prestadores urbanos.

La seguridad hídrica de la cuenca no puede medirse únicamente por las condiciones existentes en las cabeceras municipales.

Debe incorporar necesariamente:

·        calidad del agua suministrada por los acueductos rurales;

·        existencia y funcionamiento de sistemas de tratamiento;

·        resultados del IRCA;

·        estado de las fuentes abastecedoras;

·        concesiones de agua vigentes;

·        protección de microcuencas;

·        continuidad del servicio;

·        capacidad técnica y financiera de los prestadores;

·        exposición de las fuentes a actividades agropecuarias, vertimientos y cambios de uso del suelo.

Esta situación resulta especialmente relevante porque los territorios rurales cumplen una doble función: producen gran parte del agua que abastece las ciudades y, paradójicamente, pueden encontrarse entre los sectores con menores condiciones de potabilización y saneamiento.

 

1.4. PTAR, PSMV y vertimientos: el agua no termina en la bocatoma

Otra conclusión que ha ganado importancia durante el proceso es que la gobernanza hídrica no puede concentrarse exclusivamente en garantizar disponibilidad de agua para consumo.

La protección de la cuenca exige cerrar integralmente el ciclo.

Toda política de abastecimiento debe estar acompañada por capacidad suficiente para recolectar, conducir y tratar las aguas residuales.

Por ello se ha mantenido el seguimiento sobre:

·        PTAR existentes y proyectadas.

·        Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.

·        Permisos de vertimiento.

·        Metas de reducción de carga contaminante.

·        Estado de colectores e interceptores.

·        Descargas directas a quebradas y ríos.

·        Cumplimiento de obligaciones municipales y empresariales.

El primer informe ya señalaba que el seguimiento institucional debía abarcar conjuntamente POT, infraestructura de saneamiento, PTAR, PTAP, PSMV, residuos sólidos, calidad del agua y gestión del riesgo, precisamente porque estos componentes son interdependientes.

Esta visión integral deberá continuar fortaleciéndose.

Construir nuevas viviendas, hoteles, desarrollos turísticos, industrias o equipamientos sin verificar simultáneamente la capacidad de saneamiento puede transformar el crecimiento económico en incremento directo de la carga contaminante sobre la cuenca.

 

1.5. Actividades productivas y presión acumulativa sobre el recurso hídrico

Durante esta segunda etapa se amplió el análisis hacia sectores productivos cuya operación demanda agua o genera vertimientos.

Uno de los ejercicios adelantados ha sido la solicitud de información ambiental relacionada con explotaciones avícolas ubicadas dentro de la cuenca.

La finalidad de esta actuación no consiste en atribuir responsabilidad colectiva al sector productivo ni partir de una presunción de incumplimiento.

Por el contrario, se busca construir una línea base regional objetiva que permita diferenciar:

·        establecimientos que cuentan con concesiones y permisos vigentes;

·        volúmenes de agua autorizados;

·        fuentes utilizadas;

·        existencia de permisos de vertimiento;

·        sistemas de tratamiento;

·        procesos sancionatorios existentes, cuando corresponda;

·        casos en los cuales puedan existir afectaciones comprobadas.

Esta metodología permite sustituir generalizaciones por evidencia.

También posibilita evaluar algo especialmente importante para el POMCA: el impacto acumulativo de múltiples aprovechamientos individuales sobre una misma subcuenca.

Una concesión de agua puede resultar técnicamente viable si se analiza aisladamente. La pregunta de planificación, sin embargo, es diferente:

¿Qué ocurre cuando decenas o centenares de aprovechamientos aparentemente individuales ejercen presión simultánea sobre el mismo sistema hídrico?

Esa debe ser una de las cuestiones centrales de la futura gobernanza de la cuenca.

 

1.6. Ordenamiento territorial condicionado por la disponibilidad real de agua

La investigación adelantada durante este período ha permitido reforzar otra relación fundamental: agua y ordenamiento territorial son inseparables.

Los POT, PBOT y EOT no deberían habilitar expansiones urbanas, suburbanas o productivas apoyándose exclusivamente en proyecciones demográficas o disponibilidad física de suelo.

La verdadera capacidad de un territorio depende también de:

·        agua disponible;

·        calidad del recurso;

·        capacidad de las fuentes abastecedoras;

·        infraestructura de potabilización;

·        redes;

·        tratamiento de aguas residuales;

·        disposición de residuos;

·        vulnerabilidad frente al cambio climático;

·        protección ecosistémica.

El primer informe ya propuso revisar la coherencia entre los instrumentos de ordenamiento territorial y el POMCA, así como exigir certificaciones de capacidad hídrica y de servicios públicos antes de autorizar nuevos desarrollos urbanísticos.

La experiencia posterior demuestra que esta propuesta debería convertirse en una prioridad regional.

 

1.7. Turismo y agua: el crecimiento invisible de la demanda

El análisis de capacidad de carga turística adelantado sobre municipios como Salento, Filandia y otros territorios de alta afluencia permitió incorporar otra variable a la discusión.

La población residente consignada en estadísticas oficiales no refleja necesariamente la población efectiva que utiliza diariamente los servicios públicos.

En municipios turísticos, durante fines de semana, temporadas vacacionales y eventos especiales, el número de usuarios del territorio puede aumentar considerablemente.

Esto produce mayores demandas sobre:

·        acueductos;

·        alcantarillados;

·        plantas de tratamiento;

·        recolección de residuos;

·        movilidad;

·        espacio público;

·        ecosistemas turísticos.

Por ello, las mediciones de capacidad de carga no deberían limitarse a contar vehículos o visitantes.

La verdadera capacidad de carga debe medirse también en litros de agua disponibles, metros cúbicos de aguas residuales que pueden tratarse y toneladas de residuos que el territorio puede manejar sin deteriorar sus ecosistemas.

 

1.8. “No existe competitividad sin agua”

Durante esta etapa se consolidó igualmente una posición frente a las grandes agendas de infraestructura y competitividad promovidas regionalmente.

Carreteras, aeropuertos, plataformas logísticas, ferrocarriles, nuevos corredores turísticos y grandes proyectos de inversión pueden resultar importantes para el desarrollo regional.

Pero existe una infraestructura anterior a todas ellas:

la infraestructura natural que produce y regula el agua.

Un territorio puede disponer de excelentes carreteras y enfrentar simultáneamente escasez de agua, contaminación de sus fuentes, sistemas insuficientes de saneamiento o una crisis de disposición de residuos.

En tales circunstancias, la supuesta competitividad termina apoyándose sobre una base ambiental frágil.

De allí surge una conclusión que ha atravesado buena parte de las actuaciones adelantadas durante los últimos meses:

NO EXISTE COMPETITIVIDAD SIN AGUA

Antes de discutir exclusivamente cuánto debe invertirse en infraestructura física, la región debe conocer cuánto necesita invertir para garantizar:

·        seguridad hídrica;

·        tratamiento de aguas residuales;

·        protección de fuentes;

·        saneamiento rural;

·        restauración ambiental;

·        adecuada disposición de residuos;

·        adaptación al cambio climático.

La competitividad ambiental no constituye un componente adicional del desarrollo.

Es su condición previa.

 

1.9. Principales hallazgos

Del seguimiento realizado durante esta segunda etapa pueden sintetizarse varios hallazgos:

Primero. La información hídrica permanece fragmentada entre numerosas entidades, dificultando una lectura integral de la cuenca.

Segundo. Existe una brecha significativa entre la gestión del agua urbana y la situación de numerosos sistemas rurales.

Tercero. Abastecimiento y saneamiento continúan tratándose con frecuencia como políticas separadas, pese a formar parte de un mismo ciclo.

Cuarto. La evaluación individual de concesiones y permisos puede resultar insuficiente para comprender impactos acumulativos por subcuenca.

Quinto. El crecimiento turístico y la población flotante requieren incorporarse de manera más rigurosa a las estimaciones de demanda hídrica y capacidad de saneamiento.

Sexto. Los instrumentos de ordenamiento territorial deben vincular más estrictamente el crecimiento urbano con la capacidad ambiental y de servicios públicos.

Séptimo. Las principales agendas regionales de competitividad continúan otorgando mayor visibilidad a las grandes infraestructuras que a las inversiones necesarias para garantizar agua, saneamiento y resiliencia ambiental.

 

1.10. Agenda pendiente

La siguiente etapa deberá orientarse a consolidar una verdadera radiografía hídrica de la cuenca Tatayamba, organizada por municipios y subcuencas.

Esta debería integrar, como mínimo:

oferta hídrica + concesiones + demanda real + calidad del agua + IRCA + PTAP + PTAR + PSMV + vertimientos + actividades productivas + crecimiento poblacional + población flotante + capacidad turística + riesgo climático.

El objetivo no debe limitarse a producir otro diagnóstico.

La información deberá permitir responder una pregunta mucho más concreta:

¿Cuánto crecimiento adicional puede soportar realmente cada territorio sin comprometer el agua de las generaciones presentes y futuras?

Esa pregunta conecta directamente el POMCA con los POT, el turismo, la vivienda, el desarrollo productivo y las grandes decisiones de infraestructura.

Y permite reafirmar el principio que orienta esta segunda etapa de la rendición de cuentas:

El agua no puede continuar siendo un capítulo sectorial de la planificación. Debe convertirse en el límite, la condición y el punto de partida de toda decisión sobre el futuro de la cuenca del río La Vieja – Tatayamba.

 

 

2.                CRISIS REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: ANDALUCÍA Y LA GLORITA

2.1. De una alerta ambiental a una crisis regional anunciada

La gestión adelantada durante esta segunda etapa confirmó que uno de los problemas más urgentes de la cuenca no se encuentra únicamente en las fuentes hídricas o en los sistemas de saneamiento, sino también en el destino final de los residuos sólidos producidos por los municipios de Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca.

El primer Informe General de Rendición de Cuentas ya había incorporado expresamente entre las fuentes potenciales de pasivos ambientales los rellenos sanitarios con vida útil limitada, los lixiviados, los vertimientos y la infraestructura crítica, identificando de manera particular la situación de los rellenos Andalucía y La Glorita y advirtiendo que podía configurarse una crisis sanitaria regional si no se adoptaban medidas serias de contingencia.

El ranking de asuntos críticos fue incluso más preciso: propuso como primera fase operativa una sesión extraordinaria de carácter urgente sobre la crisis de rellenos sanitarios Andalucía–La Glorita, orientada a establecer oficialmente su capacidad y vida útil, identificar riesgos sobre fuentes hídricas, definir medidas inmediatas de contingencia y obtener compromisos institucionales verificables.

Los acontecimientos posteriores confirmaron la pertinencia de aquella advertencia.

La problemática dejó de poder analizarse como dos casos independientes. Andalucía, ubicado en Montenegro, y La Glorita, en Pereira, hacen parte de un mismo sistema regional de disposición final. El agotamiento de capacidad en uno de ellos necesariamente incrementa la presión sobre el otro.

Por ello, la pregunta relevante dejó de ser únicamente:

¿Cuánto tiempo le queda a cada relleno?

La cuestión estratégica pasó a ser:

¿Dónde serán dispuestos los residuos de la región cuando se agote progresivamente la infraestructura actualmente disponible?

 

2.2. Sesión extraordinaria sobre la crisis regional de residuos

Uno de los principales avances posteriores al primer informe fue llevar el asunto a una discusión específica dentro de la agenda del Consejo de Cuenca.

La problemática de los rellenos sanitarios fue abordada como una cuestión de cuenca y de región, y no exclusivamente como un problema contractual o municipal de prestación del servicio público de aseo.

Este cambio de perspectiva resulta fundamental.

Los residuos pueden originarse administrativamente en un municipio determinado, pero sus impactos ambientales no respetan límites político-administrativos. Los lixiviados, las aguas superficiales y subterráneas, las emisiones, el tráfico asociado al transporte de residuos y los posibles pasivos ambientales interactúan con ecosistemas y comunidades localizadas mucho más allá de la jurisdicción del municipio receptor.

La discusión permitió reforzar cuatro preocupaciones:

Primera: la limitada vida útil disponible en la infraestructura regional de disposición final.

Segunda: la ausencia de una solución regional suficientemente consolidada para el período posterior al agotamiento de los sitios existentes.

Tercera: el riesgo de que las medidas de contingencia consistan simplemente en trasladar residuos de un relleno próximo a agotarse hacia otro cuya capacidad también es limitada.

Cuarta: la necesidad de integrar la política de residuos con la protección del recurso hídrico y la prevención de nuevos pasivos ambientales.

 

2.3. Relleno sanitario Andalucía: el tiempo ambiental y el tiempo administrativo no coinciden

La situación del relleno sanitario Andalucía, localizado en Montenegro, adquirió especial gravedad debido a la proximidad de su agotamiento operativo.

En este escenario se adelantaron actuaciones dirigidas a conocer con precisión:

·        capacidad remanente;

·        vida útil de los vasos;

·        alternativas de ampliación;

·        estado de los trámites ambientales;

·        estudios presentados;

·        cronograma de evaluación de la autoridad ambiental;

·        obras necesarias para cierre;

·        clausura y posclausura;

·        planes de contingencia.

La preocupación principal surge de una contradicción temporal evidente.

Por una parte, existe un tiempo físico determinado por el volumen disponible para continuar recibiendo residuos.

Por otra, existe un tiempo administrativo correspondiente a evaluación de estudios, solicitudes ambientales, decisiones, recursos, construcción de infraestructura y entrada en operación de eventuales nuevas soluciones.

Cuando ambos tiempos no se coordinan, el riesgo de emergencia aumenta.

Una autorización ambiental obtenida después de agotada la capacidad material del relleno puede resultar jurídicamente relevante pero operacionalmente tardía.

Por ello se requirió a la autoridad ambiental información precisa sobre el cronograma del procedimiento y sobre las medidas previstas para evitar que el agotamiento de Andalucía sorprenda a los municipios sin alternativa real de disposición.

 

2.4. Intervención ciudadana y acceso al expediente de Andalucía

El seguimiento trascendió las solicitudes generales de información.

Se promovió la participación dentro del procedimiento ambiental relacionado con el relleno y se exigió acceso efectivo a la documentación que soporta las decisiones de la autoridad ambiental.

La cuestión adquiere especial importancia cuando un ciudadano o tercero interviniente es convocado a actuaciones de campo o visitas técnicas.

La participación no puede considerarse efectiva si se invita al interesado a observar físicamente un proyecto cuyo expediente, estudios, planos, antecedentes y argumentos técnicos no ha podido conocer previamente.

Por esta razón se insistió en el acceso integral al expediente y se formularon preguntas relacionadas con los principales estudios que deberían soportar técnica y ambientalmente las decisiones sobre el relleno.

Este caso constituye una aplicación concreta de uno de los principios centrales del primer informe: la gestión ambiental debe construirse sobre información verificable, participación efectiva y trazabilidad institucional.

 

2.5. El cierre de los vasos también forma parte de la vida del relleno

Uno de los aspectos que se incorporó con mayor fuerza durante esta segunda etapa fue el análisis de las obligaciones de clausura y posclausura.

Con frecuencia la discusión pública se concentra en determinar cuándo un relleno dejará de recibir residuos.

Sin embargo, para efectos ambientales, la terminación de la disposición no significa la terminación de las obligaciones.

Un vaso que llega a su capacidad máxima inicia inmediatamente otra etapa de gestión relacionada con:

·        cobertura final;

·        control de aguas lluvias;

·        manejo de lixiviados;

·        control de gases;

·        estabilidad geotécnica;

·        mantenimiento de obras;

·        monitoreo ambiental;

·        vigilancia de aguas superficiales y subterráneas;

·        seguimiento durante el período de posclausura.

Por ello, dentro de los cuestionamientos formulados se incorporaron específicamente las obras y actividades que deben ejecutarse sobre los vasos próximos a finalizar su vida útil.

La pregunta regional no debe ser solamente dónde se depositará la próxima tonelada de residuos, sino también quién garantizará técnica y financieramente que los millones de toneladas ya depositadas permanezcan ambientalmente controladas durante las décadas siguientes.

 

2.6. La Glorita: solución de contingencia o traslado de la crisis

El segundo componente crítico corresponde al relleno sanitario La Glorita, en Pereira.

Su importancia estratégica aumenta en la medida en que puede convertirse en receptor de mayores cantidades de residuos procedentes de otros municipios cuando disminuya o desaparezca la capacidad de Andalucía.

La alerta ya figuraba expresamente en el primer informe, que vinculaba la situación de ambos rellenos con la posibilidad de una crisis sanitaria regional.

La cuestión que debe resolverse es sencilla:

Si La Glorita tiene también una vida útil limitada, trasladar residuos hacia Pereira no constituye una solución estructural; únicamente modifica la velocidad con la cual se agotará el siguiente relleno.

Por esta razón, se ha insistido en conocer:

·        capacidad real disponible;

·        toneladas recibidas actualmente;

·        proyecciones de ingreso;

·        municipios atendidos;

·        escenarios con recepción adicional de residuos;

·        efectos sobre vida útil;

·        infraestructura disponible;

·        planes de expansión;

·        medidas de contingencia.

La gestión regional de residuos necesita abandonar la lógica de desplazar geográficamente el problema.

 

2.7. La dimensión hídrica de los rellenos sanitarios

La crisis de disposición final tiene una relación directa con el propósito esencial del Consejo de Cuenca.

Los rellenos sanitarios generan líquidos provenientes de la descomposición de residuos y del agua que entra en contacto con ellos. Su manejo constituye uno de los componentes ambientales más sensibles de la operación.

Por ello, el seguimiento ha incluido interrogantes sobre:

·        generación de lixiviados;

·        recolección;

·        tratamiento;

·        almacenamiento;

·        recirculación;

·        disposición;

·        calidad de efluentes;

·        monitoreo de aguas;

·        riesgos hidrogeológicos.

La incorporación de estos asuntos al Consejo de Cuenca no constituye, por tanto, una extensión artificial de sus preocupaciones.

Por el contrario:

Una crisis de residuos puede convertirse rápidamente en una crisis del agua.

La prevención de contaminación de acuíferos, quebradas y ríos exige que la planificación de residuos sólidos sea integrada al manejo de la cuenca.

 

2.8. El problema de la regionalización sin planificación

La situación de Andalucía y La Glorita revela una falla estructural adicional.

Durante años, la disposición final se ha venido regionalizando de hecho: un número creciente de municipios deposita sus residuos fuera de su propio territorio.

Sin embargo, esa regionalización operativa no necesariamente ha estado acompañada por una planificación regional equivalente.

Esto genera una asimetría:

los residuos son regionales, pero numerosas decisiones continúan siendo municipales.

La infraestructura receptora soporta impactos derivados del consumo y generación de residuos de múltiples territorios, mientras que las competencias administrativas, planes de contingencia, PGIRS, inversiones y responsabilidades continúan fragmentadas.

La región requiere avanzar hacia una verdadera planificación supramunicipal de residuos sólidos.

 

2.9. Hallazgos principales

Del seguimiento adelantado pueden destacarse los siguientes hallazgos:

Primero. La capacidad de disposición final de la región constituye un recurso limitado y estratégico.

Segundo. El agotamiento de Andalucía puede generar presión adicional sobre La Glorita.

Tercero. Trasladar residuos entre rellenos con vida útil limitada no resuelve estructuralmente la crisis.

Cuarto. Existe una carrera entre los tiempos físicos de agotamiento y los tiempos administrativos necesarios para habilitar soluciones.

Quinto. Las obligaciones ambientales continúan después del cierre de cada vaso y deben contar con respaldo técnico y financiero.

Sexto. Los lixiviados vinculan directamente la gestión de residuos sólidos con la seguridad hídrica.

Séptimo. La regionalización de la disposición final no ha estado acompañada necesariamente por una gobernanza regional equivalente.

 

2.10. Agenda pendiente

La cuenca necesita una estrategia regional verificable de transición para la disposición final que permita conocer, antes del agotamiento de la infraestructura actual:

qué instalaciones estarán disponibles + qué capacidad tendrán + cuándo entrarán en funcionamiento + qué municipios utilizarán cada una + cómo se transportarán los residuos + qué costos generará el sistema + qué riesgos ambientales existirán + quién responderá por los pasivos de los sitios que se cierren.

La planificación debe, además, acelerar políticas de aprovechamiento, reducción, separación, economía circular y disminución efectiva de las toneladas enviadas a disposición final.

La región no puede continuar administrando la crisis mediante ampliaciones sucesivas de capacidad.

Cada metro cúbico de un relleno sanitario que se ocupa es capacidad que no se recupera. Por eso, esperar a que los vasos lleguen al límite para comenzar a buscar alternativas equivale a programar anticipadamente la próxima emergencia.

 

3.                LA GLORITA BAJO EXAMEN: RESPEL, PASTOREO BOVINO, LIXIVIADOS Y POSIBLES PASIVOS AMBIENTALES

3.1. De la vida útil al análisis integral del riesgo

El seguimiento al relleno sanitario La Glorita comenzó principalmente por la preocupación sobre su capacidad y vida útil.

Sin embargo, el análisis posterior de información técnica, actuaciones ambientales y evidencias relacionadas con la operación condujo a formular interrogantes adicionales que justifican tratar este asunto en un capítulo autónomo.

El problema dejó de ser exclusivamente:

·        ¿Cuándo se llena La Glorita?

Y pasó a incorporar preguntas considerablemente más complejas:

·        ¿Qué residuos han ingresado?

·        ¿Cómo han sido caracterizados?

·        ¿Qué sustancias pueden estar presentes en los lixiviados?

·        ¿Qué ocurrió con animales que permanecieron dentro de áreas del relleno?

·        ¿Qué riesgos existen para suelo, aguas superficiales y subterráneas?

·        ¿Existen pasivos ambientales actuales o potenciales?

La metodología adoptada fue deliberadamente preventiva.

No se parte de afirmar anticipadamente la existencia de contaminación o daño.

Se exige que las autoridades y operadores acrediten técnicamente las condiciones de seguridad bajo las cuales se han desarrollado determinadas prácticas.

 

3.2. RESPEL: la importancia de comprender exactamente qué ingresó al relleno

Uno de los asuntos más sensibles surgió de información relacionada con la presencia de residuos peligrosos —RESPEL— dentro de procesos de caracterización de residuos.

Antes de extraer conclusiones, se identificó una precaución metodológica fundamental:

Una cifra porcentual carece de significado ambiental suficiente si no se conoce cómo fue obtenida.

Por ello, frente a cualquier porcentaje reportado resulta indispensable establecer:

·        si corresponde a peso, volumen, unidades o elementos identificados;

·        tamaño de la muestra;

·        período analizado;

·        metodología utilizada;

·        responsable de la caracterización;

·        representatividad estadística;

·        protocolo aplicado;

·        cadena de custodia;

·        sustancias concretas identificadas.

Solo después de resolver estas cuestiones es posible dimensionar correctamente el riesgo.

Esta precisión resulta importante para evitar dos errores igualmente problemáticos: minimizar un hallazgo relevante o sobredimensionar una cifra sin conocer su significado técnico.

 

3.3. Caracterización y trazabilidad de residuos peligrosos

La presencia eventual de RESPEL dentro de residuos que llegan a un relleno sanitario convencional plantea interrogantes relacionados con la capacidad del sistema para detectarlos, segregarlos y garantizar su manejo adecuado.

El seguimiento se orientó por ello hacia:

·        controles de ingreso;

·        procedimientos de inspección;

·        protocolos de rechazo;

·        identificación de generadores;

·        registros de procedencia;

·        caracterizaciones;

·        reportes de incidentes;

·        manejo de residuos no admisibles;

·        intervención de autoridades competentes.

La trazabilidad es particularmente importante.

Encontrar un residuo peligroso no solamente plantea una cuestión operacional dentro del relleno.

También permite preguntarse:

·        ¿Quién lo generó?

·        ¿Quién lo transportó?

·        ¿Cómo ingresó al sistema ordinario?

·        ¿Qué controles fallaron?

·        ¿Se trató de un episodio aislado o de una práctica repetida?

Sin esa reconstrucción, el sistema puede limitarse a administrar la consecuencia mientras permanece intacta la causa.

 

3.4. Riesgo toxicológico e hidrogeológico

Los residuos peligrosos adquieren especial importancia cuando se analiza su eventual interacción con los líquidos generados dentro del relleno.

La investigación planteó, por ello, la necesidad de evaluar:

·        composición de lixiviados;

·        presencia de sustancias peligrosas;

·        metales;

·        compuestos químicos;

·        rutas de movilidad en suelo;

·        comportamiento hidrogeológico;

·        sistemas de impermeabilización;

·        monitoreo de aguas subterráneas;

·        monitoreo de aguas superficiales.

La cuestión central es identificar si existe alguna vía plausible mediante la cual contaminantes puedan migrar fuera de las zonas diseñadas para contenerlos.

Esto exige trascender el simple cumplimiento documental.

Un sistema puede contar formalmente con determinada infraestructura y, sin embargo, requerir verificación respecto de su estado, mantenimiento y funcionamiento real.

 

3.5. El pastoreo bovino: una práctica que exige explicación técnica

Uno de los hallazgos que produjo mayores interrogantes fue la presencia de ganado bovino dentro de áreas asociadas al relleno sanitario.

Este hecho condujo a una investigación específica sobre las condiciones en las cuales se desarrolló esa práctica y los riesgos potenciales asociados.

Las preguntas formuladas abarcan, entre otras:

·        lugar exacto donde permanecieron los animales;

·        tiempo de permanencia;

·        características del terreno;

·        existencia de cobertura final;

·        posible contacto con residuos;

·        acceso a agua;

·        presencia de lixiviados;

·        estado sanitario de los bovinos;

·        identificación individual;

·        destino posterior de los animales;

·        controles veterinarios.

La cuestión debe ser tratada con rigor.

La existencia de bovinos en un relleno no demuestra por sí misma que los animales estuvieran contaminados.

Pero tampoco permite presumir automáticamente su inocuidad.

Entre ambos extremos existe una obligación elemental:

evaluar científicamente la exposición.

 

3.6. Carne y leche: la pregunta por la cadena alimentaria

El análisis adquirió una dimensión de salud pública cuando se planteó el posible destino productivo de los animales.

Si los bovinos estuvieron destinados directa o indirectamente a producción de carne o leche, deben resolverse interrogantes adicionales sobre trazabilidad e inocuidad.

La investigación se orientó entonces hacia entidades con competencias diferentes:

·        autoridad ambiental;

·        autoridad sanitaria;

·        autoridad veterinaria y agropecuaria;

·        operador;

·        interventoría;

·        administraciones territoriales.

La pregunta no consiste en presumir que la leche o la carne fueron peligrosas.

Consiste en determinar si existe evidencia suficiente para afirmar lo contrario.

Cuando existe incertidumbre razonable sobre exposición a contaminantes ambientales, el principio de precaución adquiere especial importancia.

 

3.7. Una responsabilidad necesariamente interinstitucional

Este caso evidenció igualmente la fragmentación institucional que caracteriza numerosos problemas ambientales.

Una sola situación puede involucrar simultáneamente:

·        autoridad ambiental: condiciones del relleno y cumplimiento de obligaciones ambientales;

·        autoridad agropecuaria: identificación, movilización y situación sanitaria de los animales;

·        autoridad sanitaria: inocuidad de productos destinados al consumo humano;

·        operador: prácticas desarrolladas dentro del sitio;

·        interventoría: seguimiento contractual y técnico;

·        municipio: responsabilidades asociadas al servicio público y protección de la salud colectiva.

El desafío consiste en evitar que esa distribución de competencias produzca el efecto contrario al deseado: que cada entidad responda únicamente por una pequeña fracción sin que ninguna reconstruya integralmente el riesgo.

 

3.8. ¿Pastoreo como manejo de cobertura?

Otro asunto que deberá quedar documentado con especial cuidado es la justificación técnica de la presencia de animales.

Si el pastoreo fue presentado como mecanismo para controlar vegetación o cobertura, resulta necesario establecer:

·        si esa práctica estaba prevista;

·        si fue técnicamente evaluada;

·        si contaba con protocolos;

·        sobre qué zonas podía realizarse;

·        cuáles cargas animales eran admisibles;

·        qué medidas impedían afectación de infraestructura.

Esto es especialmente relevante ante la posibilidad de que el tránsito de animales pueda afectar coberturas, drenajes o elementos utilizados para aislar los residuos.

Por tanto, una práctica aparentemente sencilla de mantenimiento puede tener implicaciones tanto ambientales como estructurales.

 

3.9. Los posibles pasivos ambientales de La Glorita

La investigación sobre La Glorita se amplió igualmente hacia la existencia de posibles pasivos ambientales históricos.

Un relleno sanitario acumula durante décadas enormes cantidades de materiales en transformación.

Los efectos potenciales no terminan cuando cesa la recepción de residuos.

Persisten procesos asociados a:

·        producción de lixiviados;

·        generación de gases;

·        asentamientos diferenciales;

·        estabilidad;

·        monitoreo de aguas;

·        mantenimiento de coberturas;

·        obras de drenaje;

·        control de erosión.

Por ello, la verdadera dimensión económica de un relleno no puede calcularse únicamente con base en los costos de operación mientras recibe residuos.

También debe incorporar los costos ambientales y financieros de su clausura y vigilancia posterior.

Este enfoque guarda continuidad con la línea establecida en el primer informe, que incorporó expresamente los rellenos, lixiviados, vertimientos e infraestructura crítica dentro de las fuentes potenciales de pasivos ambientales.

 

3.10. El principio de precaución como método de control ciudadano

Uno de los principales aprendizajes de este asunto ha sido la utilidad del principio de precaución como criterio de investigación.

Su aplicación no significa declarar que existe daño antes de probarlo.

Significa una cosa diferente:

cuando una actividad puede generar un riesgo serio para el ambiente o la salud, la ausencia de certeza absoluta no debe utilizarse como excusa para evitar su evaluación.

Por ello, las solicitudes formuladas buscan que las entidades indiquen expresamente:

·        qué información poseen;

·        qué análisis realizaron;

·        cuáles riesgos descartaron;

·        con qué evidencia lo hicieron;

·        qué medidas preventivas adoptaron.

Si una autoridad no puede certificar determinado nivel de seguridad, lo importante es que explique por qué no puede hacerlo y qué acciones adoptará frente a esa incertidumbre.

 

3.11. Hallazgos principales

Del estudio desarrollado hasta este punto pueden identificarse varios hallazgos:

Primero. La caracterización de residuos debe analizarse metodológicamente antes de utilizar cualquier porcentaje como indicador de riesgo.

Segundo. La identificación de RESPEL exige trazabilidad hacia los generadores y hacia las fallas del sistema que permitieron su ingreso.

Tercero. La evaluación de lixiviados debe incorporar una perspectiva toxicológica e hidrogeológica.

Cuarto. La presencia de bovinos dentro de áreas del relleno requiere explicación técnica, sanitaria y ambiental suficientemente documentada.

Quinto. La eventual inocuidad de carne o leche no debe presumirse; debe sustentarse mediante información sanitaria y trazabilidad.

Sexto. El caso involucra competencias ambientales, veterinarias, sanitarias, contractuales y territoriales que deben analizarse de manera articulada.

Séptimo. La clausura futura de La Glorita no eliminará automáticamente sus riesgos ni sus costos ambientales.

 

3.12. Agenda pendiente

La investigación deberá avanzar hacia la consolidación de un expediente ciudadano técnico de La Glorita, en el cual puedan cruzarse:

PMA + actos administrativos + monitoreos + informes de interventoría + caracterizaciones de residuos + resultados de lixiviados + información hidrogeológica + registros de animales + controles sanitarios + antecedentes sancionatorios + obligaciones de cierre y posclausura.

El propósito no es construir anticipadamente una acusación.

Es establecer con evidencia verificable qué ocurrió, qué riesgos fueron evaluados, cuáles fueron descartados, cuáles permanecen abiertos y qué autoridad es responsable de cada componente.

El paso metodológico que representa este caso resulta especialmente importante para esta segunda rendición de cuentas:

La veeduría ambiental no debe limitarse a preguntar si existe un permiso. Debe preguntarse también si la realidad observada coincide con los supuestos técnicos sobre los cuales ese permiso fue concedido y si las autoridades pueden demostrar, con evidencia, que los riesgos para el agua, el ambiente y la salud se encuentran efectivamente controlados.

 

4.                TRANSPARENCIA AMBIENTAL, ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DERECHO A UNA PARTICIPACIÓN INFORMADA

4.1. La información ambiental como condición previa para ejercer control ciudadano

Una de las líneas que adquirió mayor importancia durante esta segunda etapa fue la defensa del acceso completo, oportuno y útil a la información ambiental.

Desde el primer período de gestión se había adoptado la transparencia activa como uno de los principios rectores del Consejo. La metodología consistió en solicitar información ambiental, territorial, sanitaria, urbanística y de infraestructura a entidades de diferentes niveles para superar la dispersión institucional y construir una base pública que permitiera tomar decisiones y ejercer control.

Durante los meses siguientes esa experiencia permitió identificar un problema adicional: no basta con que una entidad afirme que determinada información es pública si, en la práctica, el ciudadano encuentra dificultades para conocerla integralmente, debe desplazarse para consultar cientos o miles de folios, recibe documentos fragmentados, desconoce el índice del expediente o accede a la información cuando la actuación administrativa ya se encuentra avanzada.

El acceso ambiental debe evaluarse por su efectividad material, no simplemente por la inexistencia formal de una reserva.

De allí surgió una línea más exigente:

El derecho de acceso no se satisface permitiendo mirar un expediente; exige condiciones reales para conocerlo, comprenderlo, verificarlo y utilizarlo dentro de la actuación administrativa.

 

4.2. Del derecho de petición al acceso integral al expediente

La experiencia acumulada permitió diferenciar dos instrumentos que, aunque relacionados, cumplen funciones distintas.

El derecho de petición de información permite formular preguntas concretas, solicitar documentos y exigir respuestas de las autoridades.

El acceso al expediente administrativo, en cambio, permite reconstruir integralmente el proceso mediante el cual una autoridad conoce, evalúa y decide determinado asunto.

Esta segunda herramienta resulta particularmente importante en procedimientos ambientales.

Una respuesta institucional puede presentar una síntesis de los hechos; el expediente permite contrastarla con:

·        la solicitud inicial;

·        estudios técnicos;

·        anexos;

·        planos;

·        conceptos;

·        requerimientos;

·        respuestas del interesado;

·        visitas;

·        fotografías;

·        informes;

·        comunicaciones internas;

·        antecedentes;

·        pruebas;

·        decisiones;

·        recursos;

·        actuaciones posteriores.

Por ello, durante esta etapa se fortaleció la exigencia de acceso integral y no simplemente de respuestas aisladas.

Esta orientación profundiza la metodología ya documentada en el primer informe, donde los derechos de petición, reiteraciones, recursos de insistencia y demás instrumentos fueron utilizados para construir información estratégica y dejar trazabilidad probatoria frente a incumplimientos y vacíos institucionales.

 

4.3. El expediente debe entregarse completo, digital e indexado

A partir de las dificultades experimentadas en distintos procedimientos se consolidó un estándar ciudadano de acceso documental.

Cuando la información existe electrónicamente, se ha solicitado que el expediente sea entregado:

completo, digital, gratuito, organizado, indexado y, en lo posible, en archivos con reconocimiento de texto que permitan realizar búsquedas.

Esta solicitud no responde a una comodidad personal.

Tiene una finalidad práctica de control.

Un expediente de centenares o miles de páginas entregado como una sucesión desordenada de imágenes puede ser técnicamente accesible pero funcionalmente difícil de utilizar.

El índice permite verificar qué documentos existen y cuáles fueron entregados.

La digitalización permite revisar la información sin desplazamientos innecesarios.

El reconocimiento de texto permite buscar nombres, sustancias, fechas, conceptos, coordenadas y obligaciones específicas.

La gratuidad evita convertir el volumen documental en una barrera económica para participar.

Por estas razones, dentro de las actuaciones se solicitaron de manera reiterada:

·        copia íntegra del expediente;

·        índice documental;

·        anexos;

·        pruebas;

·        estudios;

·        conceptos;

·        informes técnicos;

·        comunicaciones;

·        fotografías;

·        planos;

·        expedientes relacionados o acumulados;

·        actuaciones posteriores a determinadas decisiones.

La transparencia ambiental debe permitir auditar una decisión, no únicamente conocer su resultado.

 

4.4. El caso La Glorita: acceso para reconstruir décadas de decisiones ambientales

El seguimiento al relleno sanitario La Glorita convirtió el acceso al expediente en un asunto particularmente relevante.

La complejidad del caso exige reconstruir actuaciones desarrolladas durante diferentes períodos, verificar modificaciones, obligaciones ambientales, conceptos técnicos, seguimiento, monitoreos y posibles antecedentes relacionados con áreas que han operado durante años.

El expediente adquiere entonces una función adicional:

permite construir la memoria ambiental del proyecto.

Para determinar si existe o no un posible pasivo ambiental no basta con observar las condiciones actuales.

Es necesario conocer:

·        qué autorizaciones fueron otorgadas;

·        bajo cuáles condiciones;

·        qué modificaciones se aprobaron;

·        qué obligaciones fueron impuestas;

·        cuáles fueron cumplidas;

·        qué hallazgos realizaron las autoridades;

·        qué medidas se ordenaron;

·        cómo evolucionaron los vasos;

·        qué ocurrió con lixiviados;

·        qué monitoreos existen;

·        qué conceptos técnicos se emitieron.

De allí que el acceso documental constituya una pieza esencial de la investigación sobre La Glorita desarrollada en los capítulos anteriores.

 

4.5. Andalucía: intervenir sin conocer el expediente desnaturaliza la participación

La experiencia relacionada con el relleno sanitario Andalucía hizo visible otro problema.

Dentro del procedimiento ambiental se produjo una convocatoria a una visita de inspección ocular mientras persistían dificultades para acceder previamente a la totalidad del expediente y conocer en detalle los antecedentes técnicos de la solicitud.

Esta circunstancia planteó una cuestión elemental:

¿Cómo puede ejercer plenamente sus derechos un tercero interviniente durante una inspección técnica si desconoce los estudios, planos, pretensiones y documentos que dieron origen a la actuación?

La presencia física en una diligencia no equivale automáticamente a participación efectiva.

Para intervenir con conocimiento, formular observaciones relevantes, identificar inconsistencias o señalar elementos que deban verificarse durante una visita, el ciudadano necesita conocer previamente el objeto y fundamento del procedimiento.

Por esa razón se insistió en que el acceso a la información debe ser previo y oportuno, especialmente cuando la autoridad convoca actuaciones probatorias o técnicas.

 

4.6. El derecho a no depender de reproducciones físicas

Otra reflexión surgió alrededor de los costos y modalidades de reproducción documental.

En procedimientos ambientales extensos, exigir o incentivar la reproducción física de expedientes voluminosos resulta difícilmente conciliable con los principios de economía, eficiencia, transformación digital y protección ambiental.

La decisión adoptada fue clara: no recurrir a la reproducción física innecesaria de hojas cuando la documentación puede suministrarse electrónicamente.

Esta posición resulta especialmente coherente tratándose de instituciones ambientales.

Una autoridad cuya misión incluye protección de recursos naturales debería facilitar, como regla práctica, la consulta electrónica de sus expedientes y reducir la utilización innecesaria de papel.

La discusión, por tanto, no es únicamente económica.

También se refiere a la modernización de la administración ambiental.

 

4.7. Participación informada: Escazú más allá del discurso

El acceso a expedientes se encuentra directamente relacionado con la aplicación práctica del Acuerdo de Escazú.

El primer informe ya había planteado que acceso a la información, participación efectiva y transparencia activa debían ser instrumentos operativos de gestión y no principios abstractos.

La experiencia posterior permitió formular una relación aún más precisa:

No existe participación efectiva sin información previa suficiente.

Y tampoco existe información ambiental verdaderamente accesible cuando:

·        está fragmentada;

·        carece de índice;

·        no puede buscarse;

·        llega después de una decisión;

·        exige desplazamientos evitables;

·        se suministra parcialmente;

·        obliga al ciudadano a reconstruir por su cuenta un expediente que la administración ya tiene organizado.

Escazú debe medirse en estas situaciones concretas.

 

4.8. Respuestas por traslado: cuando nadie responde por lo que conoce

La defensa del derecho a la información se extendió también a otra práctica institucional: el traslado sistemático de peticiones entre entidades.

El traslado por competencia constituye una herramienta administrativa legítima cuando la entidad que recibe una solicitud realmente carece de competencia para responder.

El problema aparece cuando una institución que participó en una decisión emitió conceptos, formuló observaciones o produjo información decide remitir integralmente la petición a otra entidad sin responder aquello que corresponde a su propia actuación.

Esta situación fue objeto de especial seguimiento en asuntos relacionados con proyectos regionales y nacionales.

La metodología adoptada consistió en individualizar:

·        qué entidad participó;

·        qué dependencia intervino;

·        qué funcionario formuló determinada observación;

·        qué documento produjo;

·        qué cuestión quedó sin resolver.

A partir de ello, las preguntas dejaron de formularse genéricamente a una institución y comenzaron a dirigirse hacia su responsabilidad concreta dentro del procedimiento.

La finalidad es evitar el denominado “círculo de traslados”, en el cual el ciudadano conoce quién participó pero ninguna entidad asume materialmente la explicación de sus propias actuaciones.

 

4.9. Recursos de insistencia y control judicial del acceso

Cuando la entrega de información ha sido negada con fundamento en reserva, la estrategia de control se ha extendido hacia los mecanismos jurídicos previstos para discutir dicha decisión.

Ello ha implicado estudiar:

·        alcance de las reservas;

·        necesidad de motivación;

·        posibilidad de entregar información parcialmente;

·        elaboración de versiones públicas;

·        separación de información reservada y pública;

·        recursos de insistencia;

·        intervención judicial cuando corresponde.

Particular importancia adquiere el principio según el cual la existencia de alguna información reservada dentro de un documento o expediente no convierte automáticamente todo su contenido en secreto.

Cuando jurídicamente sea procedente, debe evaluarse la entrega de versiones públicas en las cuales se proteja únicamente el contenido legítimamente reservado y permanezca disponible el resto de la información.

Esta cuestión adquiere relevancia especial en proyectos de infraestructura, APP, estudios y procedimientos administrativos donde el interés empresarial puede coexistir con un evidente interés público y ambiental.

 

4.10. Una política de expediente ambiental abierto

La experiencia acumulada permite plantear una propuesta que trasciende los casos individuales.

Las autoridades ambientales deberían avanzar progresivamente hacia un sistema de expediente ambiental electrónico abierto, respetando naturalmente las reservas legales y la protección de datos que correspondan.

Ese sistema debería permitir consultar:

·        acto de inicio;

·        solicitante;

·        ubicación;

·        estudios presentados;

·        requerimientos;

·        conceptos técnicos;

·        decisiones;

·        visitas;

·        seguimiento;

·        sanciones;

·        modificaciones;

·        estado actual del trámite.

Una política semejante reduciría derechos de petición repetitivos, disminuiría cargas administrativas y permitiría que comunidades, universidades, veedurías y órganos de control accedieran a la misma información.

La transparencia activa puede ser más eficiente para la propia administración que responder individualmente decenas de solicitudes sobre documentos que podrían encontrarse permanentemente publicados.

 

4.11. Principales hallazgos

De las actuaciones desarrolladas pueden identificarse los siguientes hallazgos:

Primero. Publicidad formal y acceso efectivo no son necesariamente equivalentes.

Segundo. La participación ambiental requiere acceso previo a los documentos que sustentan las decisiones.

Tercero. Los expedientes extensos necesitan índices y organización documental que permitan verificar su integridad.

Cuarto. La digitalización reduce barreras económicas, territoriales y ambientales.

Quinto. El traslado por competencia no debe utilizarse para evitar responder por actuaciones propias.

Sexto. Las reservas deben interpretarse de manera específica y no convertirse automáticamente en secreto integral de documentos o expedientes.

Séptimo. La publicación activa de expedientes ambientales puede reducir conflictos, solicitudes repetidas y desconfianza institucional.

 

4.12. Agenda pendiente

El objetivo para la siguiente etapa debe ser promover ante CRQ, CARDER y CVC un estándar regional de transparencia que facilite:

expedientes electrónicos + índices públicos + buscadores documentales + acceso remoto + versiones públicas cuando corresponda + publicación de actos y conceptos técnicos + trazabilidad de modificaciones y seguimiento.

El resultado esperado no consiste únicamente en facilitar las investigaciones actualmente en curso.

Se trata de que cualquier ciudadano pueda ejercer en mejores condiciones el mismo derecho.

La información ambiental pertenece a la sociedad antes de convertirse en una herramienta de la administración. Cuando conocer un expediente exige una batalla administrativa, la transparencia ha dejado de funcionar como derecho y comienza a operar como privilegio.

 

5.                ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CURADURÍAS URBANAS Y DEFENSA DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES

5.1. El territorio se transforma licencia por licencia

Durante la primera etapa de gestión, el ordenamiento territorial fue identificado como uno de los escenarios en los cuales el POMCA debía adquirir mayor capacidad real de incidencia.

El seguimiento institucional incluyó expresamente POT, PBOT, EOT, infraestructura de servicios, gestión del riesgo, asentamientos y cumplimiento de las determinantes del POMCA.

La experiencia desarrollada posteriormente permitió avanzar un paso adicional.

Se comprendió que la transformación territorial no ocurre únicamente cuando un concejo municipal aprueba un nuevo POT.

También ocurre diariamente mediante:

·        licencias de urbanización;

·        licencias de construcción;

·        subdivisiones;

·        parcelaciones;

·        reconocimientos;

·        actuaciones administrativas;

·        incorporación de servicios públicos;

·        intervenciones sobre predios específicos.

En otras palabras:

el modelo territorial aprobado en un POT se materializa predio por predio y licencia por licencia.

Por esta razón, el control ambiental de la planificación debe extenderse necesariamente hacia las instituciones que aplican cotidianamente las normas urbanísticas.

 

5.2. De los POT a las curadurías urbanas

Esta reflexión llevó a profundizar, desde la veeduría ciudadana, una investigación sobre las curadurías urbanas de diferentes ciudades del Eje Cafetero y territorios relacionados.

La finalidad no consiste en sustituir a las entidades encargadas de vigilar formalmente a los curadores.

El propósito es analizar cómo se encuentran incorporando en su actividad cotidiana asuntos relacionados con:

·        determinantes ambientales;

·        rondas hídricas;

·        zonas de riesgo;

·        disponibilidad de servicios públicos;

·        cesiones;

·        compensaciones;

·        normas de ordenamiento;

·        protección del suelo;

·        antecedentes administrativos;

·        participación ciudadana.

La investigación permitió conectar dos mundos institucionales que con frecuencia son tratados por separado:

la planificación ambiental de la cuenca y el licenciamiento urbanístico.

 

5.3. El POMCA no termina donde comienza el perímetro urbano

Uno de los riesgos de la planificación fragmentada consiste en considerar el POMCA como un instrumento predominantemente rural o ecosistémico mientras que el POT se ocupa de la ciudad.

Esta separación resulta artificial.

Las ciudades:

·        captan agua de la cuenca;

·        descargan aguas residuales en ella;

·        impermeabilizan suelo;

·        modifican escorrentías;

·        generan residuos;

·        ocupan rondas;

·        demandan infraestructura;

·        expanden su huella territorial.

Por tanto, el desarrollo urbano forma parte integral de la gestión de cuenca.

El primer informe ya había propuesto expresamente realizar una revisión técnica de coherencia entre POT y POMCA y exigir capacidad hídrica y de servicios como condición previa a determinados desarrollos urbanísticos.

La segunda etapa profundizó esa propuesta mediante el análisis de los mecanismos concretos a través de los cuales el ordenamiento se convierte en ocupación física.

 

5.4. Rondas hídricas y retiros: la distancia que protege al agua

Uno de los asuntos especialmente sensibles corresponde a los retiros frente a quebradas, ríos y demás cuerpos de agua.

Estas franjas cumplen múltiples funciones:

·        protección de cauces;

·        amortiguación de inundaciones;

·        conservación de vegetación;

·        conectividad ecológica;

·        estabilización de márgenes;

·        reducción del riesgo;

·        mantenimiento del espacio ambiental necesario para el funcionamiento del sistema hídrico.

Por ello, los retiros no pueden entenderse simplemente como una restricción urbanística que disminuye el área edificable de un predio.

Constituyen infraestructura ambiental.

La investigación realizada sobre actuaciones urbanísticas permitió advertir la importancia de verificar permanentemente:

qué retiro se aplicó + con fundamento en qué norma + qué autoridad lo determinó + si existe ronda hídrica delimitada + si se respetaron las determinantes superiores + cómo se justificaron eventuales diferencias.

Esta línea deberá convertirse en un componente permanente del control territorial.

 

5.5. Disponibilidad de servicios públicos: el certificado no puede reemplazar la capacidad real

Otro asunto central corresponde a la disponibilidad de acueducto y alcantarillado.

Un desarrollo urbanístico puede cumplir formalmente con determinados requisitos y, simultáneamente, generar una presión adicional sobre sistemas que ya presentan limitaciones.

Por ello debe diferenciarse entre:

disponibilidad documental y capacidad material.

La verdadera pregunta no es solamente si una empresa emitió un certificado.

Debe establecerse también:

·        capacidad de la fuente abastecedora;

·        capacidad de la PTAP;

·        redes disponibles;

·        presión del sistema;

·        capacidad del alcantarillado;

·        existencia y funcionamiento de PTAR;

·        carga adicional generada;

·        efecto acumulativo de proyectos aprobados simultáneamente.

Este análisis conecta directamente con el capítulo anterior sobre seguridad hídrica.

Una ciudad no debería urbanizar más rápido de lo que puede abastecer, sanear y manejar ambientalmente.

 

5.6. La suma de pequeñas licencias puede producir un gran impacto

El sistema de licenciamiento tiende naturalmente a estudiar proyectos individualizados.

Cada solicitud corresponde a un predio, titular y proyecto específico.

Sin embargo, desde la perspectiva de cuenca interesa también el impacto acumulativo.

Diez desarrollos aparentemente pequeños pueden producir conjuntamente:

·        una demanda hídrica considerable;

·        mayor generación de aguas residuales;

·        incremento del tráfico;

·        impermeabilización de suelo;

·        pérdida de cobertura;

·        presión sobre infraestructura;

·        modificación de drenajes.

Por ello, la investigación sobre curadurías ha permitido formular una cuestión que trasciende el cumplimiento individual de cada licencia:

¿Quién está midiendo el efecto acumulativo de todas las licencias otorgadas dentro de una misma microcuenca, sector o sistema de servicios públicos?

Esta pregunta debe incorporarse progresivamente a la planificación regional.

 

5.7. Comisiones, consejos y mecanismos de vigilancia urbanística

Dentro del seguimiento se solicitó igualmente información relacionada con instancias institucionales que deberían contribuir al control y articulación de la planificación.

Entre ellas:

·        Consejos Territoriales de Planeación;

·        Comisiones de ordenamiento territorial;

·        Comisión de veeduría a curadurías urbanas;

·        Comités de control de servicios públicos y de estratificación;

·        sistemas de información territorial.

La finalidad fue establecer no solo su existencia formal sino:

·        composición;

·        funcionamiento;

·        actas;

·        periodicidad;

·        decisiones;

·        seguimiento;

·        participación ciudadana.

La experiencia muestra nuevamente una diferencia importante entre tener una instancia creada y tener una instancia funcionando efectivamente.

La gobernanza territorial depende de esta segunda condición.

 

5.8. Información geográfica y control ciudadano

El ordenamiento territorial contemporáneo depende cada vez más de información geográfica.

Por ello, una línea relevante de trabajo ha consistido en solicitar:

·        sistemas de información geográfica;

·        cartografía;

·        capas de amenaza;

·        tratamientos urbanísticos;

·        usos del suelo;

·        suelos de protección;

·        redes;

·        rondas;

·        licencias;

·        asentamientos.

La disponibilidad pública de esta información permitiría un cambio metodológico considerable.

En lugar de descubrir conflictos después de otorgada una licencia, podrían construirse sistemas de alerta temprana territorial.

Por ejemplo, identificar automáticamente proyectos localizados:

·        junto a cuerpos de agua;

·        dentro de zonas de amenaza;

·        próximos a suelos de protección;

·        en áreas con limitación de servicios;

·        sobre corredores ambientales.

Este tipo de herramientas permitiría que la participación ciudadana fuese preventiva y no únicamente reactiva.

 

5.9. Asentamientos humanos, riesgo y desigualdad territorial

El control urbanístico debe evitar, sin embargo, concentrarse exclusivamente en grandes proyectos inmobiliarios.

La cuenca presenta también asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad.

El primer informe documentó requerimientos relacionados con:

·        asentamientos en zonas de amenaza;

·        ocupaciones informales;

·        déficit habitacional;

·        condiciones de insalubridad;

·        predios fiscales y públicos susceptibles de utilizarse para reasentamiento o vivienda social.

Esta línea permanece plenamente vigente.

Existe una contradicción territorial que debe enfrentarse:

mientras algunos sectores urbanos discuten cómo habilitar más suelo para construcción, numerosas familias permanecen ubicadas en áreas donde movimientos en masa, inundaciones o avenidas torrenciales pueden comprometer su vida.

Por eso, la aplicación de las determinantes ambientales debe tener también una dimensión social.

Proteger una ronda hídrica y proteger a una familia que vive dentro de ella no son objetivos contrapuestos.

La verdadera planificación debe garantizar simultáneamente restauración ambiental y alternativas dignas de reasentamiento.

 

5.10. Gestión de suelo público para conservación y reasentamiento

Esta problemática conecta con otra línea desarrollada desde etapas anteriores: la identificación de bienes públicos, fiscales, incautados, extinguidos o provenientes de antiguos patrimonios institucionales que puedan contribuir a resolver necesidades ambientales y sociales.

El primer informe ya vinculaba gestión predial, bienes públicos y asentamientos vulnerables dentro de una estrategia común de planificación.

La segunda etapa reafirma esa necesidad.

Cuando existe población localizada en zonas de alto riesgo no mitigable o dentro de áreas cuya recuperación ambiental resulta indispensable, la administración requiere suelo disponible para ofrecer soluciones.

La gestión del riesgo no puede reducirse a ordenar desalojos.

Debe articularse con:

·        banco de tierras;

·        vivienda;

·        reasentamiento;

·        recuperación ambiental;

·        titulación cuando corresponda;

·        infraestructura;

·        planificación regional.

 

5.11. Expansión urbana y capacidad de carga territorial

La experiencia sobre agua, turismo y licenciamiento permite proponer un concepto transversal:

capacidad de carga territorial.

Tradicionalmente este término se utiliza con mayor frecuencia en espacios turísticos o ecosistemas sensibles.

Sin embargo, puede resultar igualmente útil para analizar ciudades.

Todo territorio tiene límites relacionados con:

agua + saneamiento + movilidad + residuos + riesgo + ecosistemas + infraestructura + disponibilidad de suelo.

Superar persistentemente alguno de estos límites termina trasladando costos a la sociedad.

Por ello, el crecimiento urbano debería evaluarse con metodologías que permitan determinar no solamente cuánto suelo puede construirse, sino cuánto crecimiento adicional puede soportar el sistema territorial.

 

5.12. Curadurías: independencia funcional no significa ausencia de control

La investigación desarrollada también permitió examinar el papel singular de las curadurías urbanas dentro del sistema administrativo colombiano.

Su especial régimen no elimina la necesidad de:

·        transparencia;

·        trazabilidad;

·        control;

·        acceso a información;

·        coherencia con POT;

·        observancia de determinantes ambientales;

·        cumplimiento de decisiones judiciales y administrativas.

Precisamente porque adoptan decisiones que materializan derechos de construcción y transformación del suelo, su actividad tiene un profundo efecto sobre el territorio.

Desde la perspectiva de la cuenca, interesa especialmente identificar si esas decisiones incorporan correctamente los condicionantes ambientales que provienen de instrumentos superiores.

 

5.13. Principales hallazgos

De esta línea de trabajo se desprenden los siguientes hallazgos:

Primero. La transformación territorial ocurre tanto mediante grandes reformas del POT como mediante decisiones cotidianas de licenciamiento.

Segundo. El POMCA y las determinantes ambientales deben materializarse efectivamente dentro de las decisiones urbanísticas.

Tercero. Rondas y retiros constituyen infraestructura ambiental, no simples restricciones al aprovechamiento privado del suelo.

Cuarto. Un certificado de servicios públicos no necesariamente demuestra por sí solo capacidad ambiental suficiente para soportar crecimiento adicional.

Quinto. El análisis individual de licencias puede ocultar impactos acumulativos significativos.

Sexto. Las instancias de participación y vigilancia territorial deben evaluarse por su funcionamiento efectivo y no únicamente por su existencia formal.

Séptimo. La información geográfica pública podría convertirse en una poderosa herramienta preventiva de control ciudadano.

Octavo. La defensa de determinantes ambientales debe articularse con soluciones sociales para familias asentadas en zonas de riesgo.

 

5.14. Agenda pendiente: construir un sistema de alerta temprana territorial

La siguiente etapa debería orientarse hacia un Sistema Ciudadano de Alertas sobre Ordenamiento y Cuenca, capaz de cruzar progresivamente:

POMCA + POT/PBOT/EOT + rondas hídricas + amenazas + suelos de protección + disponibilidad de servicios + licencias urbanísticas + grandes proyectos + capacidad hídrica.

Esto permitiría seleccionar anticipadamente los proyectos que requieren especial seguimiento.

La finalidad no sería bloquear indiscriminadamente el desarrollo urbano.

Sería exactamente la contraria:

evitar que el territorio autorice hoy proyectos cuyos costos ambientales, hídricos o sociales tendrá que pagar mañana.

Y este capítulo puede cerrar con una de las conclusiones más importantes de todo el proceso:

El ordenamiento territorial no consiste solamente en decidir dónde puede construirse. Consiste, ante todo, en determinar dónde no debe construirse, cuánto puede soportar cada sector y cuáles condiciones ambientales deben respetarse antes de transformar irreversiblemente el suelo. El POMCA solo será verdaderamente eficaz cuando estas reglas puedan reconocerse no solamente en sus mapas y documentos, sino en cada licencia, cada urbanización y cada decisión concreta sobre el territorio.

 

 

6.                INFRAESTRUCTURA VIAL, PEAJES, VALORIZACIÓN Y EFECTOS TERRITORIALES SOBRE LA CUENCA

6.1. La infraestructura vial también es un asunto de cuenca

Durante esta segunda etapa se profundizó una línea de trabajo que ya había sido identificada en el primer informe: el seguimiento a grandes proyectos de infraestructura por sus impactos territoriales, ambientales y sociales.

El informe inicial había incorporado expresamente la infraestructura vial crítica dentro de las fuentes potenciales de pasivos ambientales y había documentado actuaciones frente a Mintransporte y ANI sobre Autopistas del Café, estado de puentes e impactos ambientales de la concesión.

La experiencia posterior permitió ampliar el enfoque.

Las carreteras no deben evaluarse únicamente a partir de kilómetros construidos, tiempos de viaje, tránsito promedio o rentabilidad financiera. Una vía transforma físicamente el territorio por donde pasa y puede incidir sobre:

·        drenajes;

·        cauces;

·        nacimientos;

·        corredores ecológicos;

·        taludes;

·        coberturas vegetales;

·        movilidad local;

·        expansión urbana;

·        usos del suelo;

·        ocupación de áreas rurales;

·        actividades económicas.

Por ello, desde la perspectiva del POMCA, las grandes concesiones y corredores viales constituyen también decisiones de ordenamiento territorial.

Una carretera no solamente conecta dos puntos: reorganiza el territorio situado entre ellos.

 

6.2. Autopistas del Café: la reversión como oportunidad de auditoría territorial

Uno de los principales asuntos investigados ha sido la etapa final de la concesión Autopistas del Café.

La proximidad de la reversión obliga a formular una pregunta diferente a la que dominó durante años el debate regional.

Ya no basta con preguntar qué obras ejecutó la concesión.

Debe establecerse:

¿En qué condiciones físicas, funcionales y ambientales será devuelta a la Nación la infraestructura construida y operada durante décadas?

La reversión constituye una oportunidad excepcional para realizar una auditoría integral sobre:

·        estado de las vías;

·        puentes;

·        obras de drenaje;

·        estabilidad;

·        taludes;

·        señalización;

·        iluminación;

·        obras complementarias;

·        afectaciones no resueltas;

·        obligaciones ambientales;

·        predios;

·        infraestructura sustituida o suspendida;

·        compromisos contractuales pendientes.

El primer informe ya había dejado documentados requerimientos a Mintransporte para conocer el estado de puentes y a la ANI para estudiar impactos ambientales de Autopistas del Café y prevenir posibles pasivos en corredores biológicos.

La segunda etapa ha permitido profundizar esta vigilancia.

 

6.3. Las obras que desaparecieron del camino

El análisis de la concesión también ha buscado reconstruir el destino de obras que en diferentes momentos hicieron parte de los compromisos, estudios o expectativas regionales y posteriormente fueron modificadas, sustituidas, suspendidas o excluidas.

Esta reconstrucción es importante porque la valoración de una concesión no puede limitarse a comparar el estado actual con el contrato después de múltiples modificaciones.

También debe examinarse la trayectoria contractual.

Cuando durante décadas se producen modificaciones sucesivas, la ciudadanía necesita conocer:

·        qué se prometió originalmente;

·        qué se modificó;

·        por qué;

·        a cambio de qué;

·        qué obra sustituyó a otra;

·        cuánto costó;

·        qué obligación quedó pendiente.

La transparencia contractual se convierte así en memoria territorial.

 

6.4. Puentes y seguridad de la infraestructura antes de la reversión

Los puentes constituyen un componente especialmente sensible.

Su estado no solamente afecta la movilidad sino la seguridad de quienes utilizan diariamente el corredor.

Por ello se ha insistido en obtener información sobre:

·        inventario;

·        inspecciones;

·        calificación;

·        mantenimiento;

·        intervenciones pendientes;

·        estructuras que presentan deterioro;

·        cronograma de reparación;

·        condiciones en las cuales serán recibidas por el Estado.

La reversión no debería convertirse en un simple cambio de administrador.

Debe ser una entrega verificable de activos, acompañada por información pública suficiente para que la sociedad conozca qué recibe la Nación después de décadas de explotación de la infraestructura.

 

6.5. IP Conexión Centro: la discusión sobre el futuro de los peajes

La propuesta conocida como IP Conexión Centro llevó el debate hacia el futuro.

La investigación adelantada desde la veeduría examinó las dimensiones financieras y territoriales de una nueva iniciativa privada que habría prolongado durante décadas un modelo concesionado sobre corredores estratégicos del Eje Cafetero.

Las preguntas formuladas trascendieron la simple conveniencia contractual.

Se analizó:

·        monto de las inversiones;

·        duración prevista;

·        recaudos proyectados;

·        permanencia de estaciones de peaje;

·        obras propuestas;

·        obras realmente nuevas;

·        riesgos;

·        beneficios;

·        obligaciones del Estado;

·        impacto para las comunidades.

Este análisis permitió formular una cuestión central para la región:

Después de décadas pagando peajes, cualquier nueva concesión debe explicar con absoluta claridad qué infraestructura adicional recibirá el territorio y cuánto terminarán pagando los usuarios por ella.

El control ciudadano de una APP no puede comenzar después de firmado el contrato.

Debe realizarse desde su estructuración.

 

6.6. Peajes: una infraestructura nacional con impactos profundamente locales

Las estaciones de peaje producen una paradoja territorial.

Formalmente hacen parte de sistemas nacionales de financiación vial.

Pero sus efectos cotidianos recaen sobre comunidades locales que utilizan las carreteras para actividades completamente distintas a los viajes interregionales:

·        estudiar;

·        trabajar;

·        acceder a servicios médicos;

·        comercializar productos;

·        visitar predios;

·        conectar veredas;

·        desplazarse entre municipios vecinos.

Por ello, durante esta segunda etapa se profundizó la defensa de tarifas diferenciales para poblaciones particularmente afectadas.

Los análisis relacionados con Circasia, Filandia, Salento y áreas rurales de Armenia y municipios vecinos evidenciaron que la definición de beneficiarios no puede basarse exclusivamente en límites administrativos o distancias lineales.

Debe considerar la realidad funcional del territorio.

Una estación situada entre lugares que cotidianamente forman una misma red laboral, educativa, comercial o familiar puede generar una barrera económica interna.

 

6.7. El caso Circasia: una contradicción territorial reveladora

La situación de Circasia permitió sintetizar esa problemática mediante una contradicción particularmente clara.

En algunos escenarios, la cercanía del municipio respecto del corredor vial no parecía suficiente para otorgarle determinadas condiciones tarifarias favorables.

Sin embargo, en el proyecto de valorización nacional esa misma proximidad sí podía ser utilizada como argumento para considerarlo dentro de una zona beneficiada.

Este contraste permitió formular una pregunta de justicia territorial:

¿Cómo puede un municipio resultar demasiado distante para recibir un beneficio asociado a la vía y simultáneamente suficientemente cercano para pagar por sus supuestos beneficios?

La coherencia territorial exige utilizar criterios compatibles.

La distancia, accesibilidad y beneficio no deberían interpretarse de una forma cuando se cobra y de otra cuando se concede un alivio.

 

6.8. Valorización nacional: quién realmente recibe el beneficio

Uno de los asuntos de mayor intensidad durante esta segunda etapa fue el análisis del proyecto de contribución nacional de valorización asociado a obras del Eje Cafetero.

La investigación se concentró especialmente en la definición de la zona de influencia y en la relación entre las obras incluidas y los municipios sobre los cuales se pretendía distribuir el gravamen.

La discusión llevó a revisar:

·        paquete de obras;

·        justificación del beneficio;

·        delimitación territorial;

·        criterios de inclusión;

·        estado de ejecución;

·        conexión funcional entre proyectos;

·        documentos técnicos;

·        observaciones de las entidades nacionales;

·        contradicciones surgidas durante la estructuración.

La preocupación central surgió frente a la posibilidad de construir una gran área de influencia a partir de varios proyectos diferentes y tratarla como un corredor regional único.

Desde el control ciudadano se sostuvo la necesidad de identificar con precisión qué beneficio recibe cada predio o municipio de cada obra concreta.

La valorización no puede fundamentarse únicamente en la idea general de que toda infraestructura regional beneficia a toda la región.

El beneficio debe ser técnicamente demostrable.

 

6.9. Las contradicciones dentro del propio Estado

El análisis documental de la valorización permitió identificar otro elemento importante: las discusiones y observaciones formuladas durante la estructuración por funcionarios de distintas entidades del orden nacional.

Esto permitió pasar de una lectura exclusivamente externa del proyecto a una auditoría sobre la propia deliberación institucional.

Se identificaron preguntas, objeciones, advertencias y posiciones que no siempre parecían reflejarse de manera clara en el resultado final.

A partir de ello se formularon solicitudes dirigidas no solamente a la entidad expedidora, sino a diferentes organismos que participaron en la estructuración, con el propósito de establecer:

·        qué observación realizaron;

·        qué respuesta recibieron;

·        si quedó satisfecha;

·        cómo fue incorporada;

·        quién adoptó la decisión final.

Esta metodología resulta importante porque la participación de múltiples entidades no puede convertirse posteriormente en una causa de dilución de responsabilidad.

 

6.10. DNP, UPIT, INVÍAS y el deber de responder por la participación propia

Uno de los aprendizajes de esta investigación fue precisamente la necesidad de exigir respuestas individualizadas a las entidades que intervinieron.

Cuando una dependencia nacional participó técnicamente en un procedimiento, emitió conceptos, hizo preguntas o formuló observaciones, conserva la responsabilidad de explicar su propia actuación.

Por ello, frente a respuestas que se limitaban a trasladar peticiones hacia otra institución, se profundizó la exigencia de que cada entidad contestara aquello que correspondía a su grado de participación.

El objetivo no fue multiplicar comunicaciones.

Fue evitar un problema frecuente en la administración:

cuando todos participaron, pero al momento de rendir cuentas nadie parece ser responsable de explicar el resultado.

 

6.11. Estudios y diseños de La Paila–Calarcá

Dentro de la misma línea de infraestructura vial se adelantaron solicitudes relacionadas con los estudios y diseños del corredor La Paila–Calarcá.

El interés se concentró en obtener:

·        resultados;

·        productos contractuales;

·        alternativas evaluadas;

·        diseños;

·        estudios;

·        conclusiones;

·        pruebas de socialización.

El corredor tiene una relevancia particular porque atraviesa un espacio estratégico de conexión entre el valle geográfico y la cordillera y puede incidir tanto en movilidad regional como en dinámicas territoriales, productivas y ambientales.

El principio aplicado fue nuevamente sencillo:

los estudios financiados con recursos públicos deben convertirse en información útil para la sociedad y no permanecer únicamente como antecedentes internos de nuevas decisiones.

 

6.12. Infraestructura, expansión urbana y presión sobre el suelo

Existe además una relación estrecha entre construcción vial y transformación urbana.

Una nueva vía o una ampliación significativa puede:

·        aumentar valor del suelo;

·        inducir urbanización;

·        modificar localización de actividades;

·        generar corredores comerciales;

·        aumentar parcelaciones;

·        incrementar presión sobre áreas rurales.

Por esta razón, la evaluación ambiental de la infraestructura debería incorporar no solamente el efecto físico inmediato de la obra, sino también sus efectos inducidos sobre el ordenamiento territorial.

Esto conecta directamente este capítulo con el anterior.

Carretera, POT, licencia urbanística y disponibilidad hídrica no son procesos aislados.

Con frecuencia constituyen etapas sucesivas de una misma transformación territorial.

 

6.13. Principales hallazgos

El seguimiento permite sintetizar los siguientes hallazgos:

Primero. La infraestructura vial tiene efectos ambientales y territoriales que trascienden el derecho de vía.

Segundo. La reversión de Autopistas del Café constituye una oportunidad para realizar una auditoría integral de activos, obligaciones y posibles pasivos.

Tercero. Las modificaciones contractuales deben analizarse históricamente para establecer qué obras fueron transformadas, sustituidas o eliminadas.

Cuarto. Las nuevas APP deben examinarse desde su estructuración y no únicamente después de adjudicadas.

Quinto. Los peajes producen impactos locales que justifican criterios de equidad territorial.

Sexto. Los criterios utilizados para determinar beneficios tarifarios y beneficios de valorización deberían ser coherentes.

Séptimo. La contribución de valorización requiere demostrar individualmente la relación entre obra, zona de influencia y beneficio.

Octavo. Las observaciones realizadas por entidades públicas durante la estructuración de proyectos forman parte de la trazabilidad de la decisión y deben poder ser explicadas posteriormente.

 

6.14. Agenda pendiente

La siguiente etapa debería concentrarse en construir una matriz regional de infraestructura y territorio que permita cruzar:

proyecto + inversión + financiación + peajes + valorización + estado de ejecución + obligaciones pendientes + impactos ambientales + fuentes hídricas + municipios afectados + decisiones de ordenamiento inducidas.

Esto permitiría evaluar las grandes obras no como piezas independientes sino como componentes de una transformación territorial acumulativa.

La pregunta regional no debe ser únicamente cuántos kilómetros de carretera vamos a construir, sino qué territorio estamos construyendo alrededor de esas carreteras y quién asumirá sus costos ambientales, económicos y sociales durante las próximas décadas.

 

 

7.                TURISMO, CAPACIDAD DE CARGA Y DEFENSA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

7.1. El éxito turístico también puede convertirse en presión ambiental

El turismo constituye una de las principales actividades económicas de diferentes municipios de la cuenca.

Su crecimiento ha generado oportunidades de empleo, emprendimiento, inversión y reconocimiento territorial.

Sin embargo, la consolidación de destinos como Salento, el Valle de Cocora, Filandia, Quimbaya y otros municipios del Quindío y del Eje Cafetero plantea también preguntas ambientales que deben incorporarse a la planificación.

El asunto no consiste en oponerse al turismo.

Consiste en determinar cuánto turismo puede soportar un territorio sin deteriorar precisamente los valores naturales y culturales que atraen a sus visitantes.

La pregunta central es:

¿Dónde termina el crecimiento turístico sostenible y dónde comienza la sobrecarga territorial?

 

7.2. Capacidad de carga: mucho más que contar visitantes

Durante esta segunda etapa se profundizó el análisis de los estudios de capacidad de carga turística.

Una de las principales observaciones fue la necesidad de conocer no solamente los informes finales sino también los datos primarios utilizados para construirlos, especialmente registros relacionados con flujo vehicular y demanda efectiva.

La capacidad de carga no debería reducirse a establecer cuántas personas pueden ingresar físicamente a determinado sitio.

Un territorio turístico depende simultáneamente de varios sistemas:

·        agua;

·        alcantarillado;

·        saneamiento;

·        residuos;

·        vías;

·        parqueaderos;

·        espacio público;

·        ecosistemas;

·        seguridad;

·        vivienda;

·        paisaje.

Por ello, una cifra de visitantes carece de suficiente utilidad si no se contrasta con la capacidad real de esos sistemas.

 

7.3. La población flotante invisible

Una dificultad especialmente importante se presenta cuando la planificación utiliza únicamente cifras de población residente.

En municipios turísticos puede existir una diferencia considerable entre población censada y población efectiva durante fines de semana, temporadas vacacionales o eventos.

Miles de visitantes adicionales:

·        consumen agua;

·        generan aguas residuales;

·        producen residuos;

·        utilizan vías;

·        requieren estacionamiento;

·        ocupan espacio público;

·        generan demanda comercial.

Sin embargo, esa población puede desaparecer de muchas proyecciones oficiales después de regresar a su lugar de residencia.

Esta situación produce lo que podría denominarse una población ambientalmente presente pero estadísticamente ausente.

Por ello, los modelos de planificación deberían incorporar factores de población flotante y picos de demanda.

 

7.4. El Valle de Cocora como laboratorio territorial

El Valle de Cocora representa probablemente el ejemplo más visible.

Su atractivo paisajístico genera concentraciones significativas de visitantes y vehículos en períodos determinados.

La discusión sobre capacidad de carga debe analizar conjuntamente:

·        tránsito;

·        parqueaderos;

·        senderos;

·        erosión;

·        residuos;

·        agua;

·        saneamiento;

·        ocupación comercial;

·        presión sobre suelo rural;

·        protección del paisaje.

Un territorio puede experimentar deterioro progresivo incluso cuando cada establecimiento o actividad individual cumple formalmente determinados requisitos.

El problema nuevamente es acumulativo.

La suma de actividades legalmente autorizadas puede superar la capacidad ecológica total del lugar.

 

7.5. Filandia y la transformación acelerada de los municipios patrimoniales

Filandia constituye otro escenario relevante.

El crecimiento turístico genera simultáneamente:

·        valorización del suelo;

·        transformación comercial;

·        incremento de alojamientos;

·        expansión de restaurantes;

·        nuevas construcciones;

·        mayores demandas sobre agua y saneamiento;

·        presión vehicular.

Este proceso plantea un desafío adicional.

El turismo depende en buena medida de la conservación de la imagen urbana, el paisaje rural y la identidad cultural.

Si el crecimiento termina sustituyendo progresivamente esos atributos, el destino puede destruir aquello que sustentó inicialmente su atractivo.

La planificación turística debe proteger el territorio frente a su propio éxito.

 

7.6. Salento: agua, visitantes y capacidad institucional

En Salento, la discusión tiene una relación particularmente estrecha con la seguridad hídrica.

La demanda turística aumenta considerablemente en determinados períodos, mientras que la infraestructura de servicios debe responder tanto a residentes como a visitantes.

Por ello, cualquier análisis de capacidad turística debería incorporar:

oferta hídrica + demanda residencial + población flotante + consumo comercial + capacidad de PTAP + alcantarillado + tratamiento de aguas residuales + generación de residuos.

Si alguno de esos componentes se encuentra cerca de su límite, incrementar visitantes sin inversiones equivalentes puede deteriorar la calidad del servicio y aumentar presión ambiental.

 

7.7. Datos abiertos para conocer la verdadera presión turística

Una parte importante del trabajo desarrollado consistió en solicitar acceso a los datos utilizados en estudios de capacidad de carga, especialmente bases relacionadas con mediciones vehiculares.

La finalidad fue distinguir entre recibir un informe que presenta conclusiones y poder verificar cómo fueron construidas.

Los datos primarios permiten:

·        comparar temporadas;

·        identificar horas pico;

·        analizar crecimiento;

·        verificar metodologías;

·        construir escenarios;

·        contrastar conclusiones oficiales.

Esta solicitud guarda continuidad directa con la política de transparencia desarrollada en los capítulos anteriores.

Sin datos abiertos, el ciudadano puede leer un diagnóstico; con datos abiertos puede auditarlo.

 

7.8. Turismo y residuos sólidos

La relación entre turismo y residuos adquiere especial relevancia frente a la crisis regional analizada en los capítulos 2 y 3.

Los municipios turísticos pueden experimentar incrementos sustanciales de generación de residuos durante períodos de alta afluencia.

Por ello, los estudios de capacidad de carga deberían incorporar también:

·        generación promedio diaria;

·        incremento estacional;

·        capacidad de recolección;

·        aprovechamiento;

·        transporte;

·        disposición final.

Cada visitante adicional genera una pequeña demanda individual.

Multiplicada por cientos de miles de personas, esa demanda termina impactando la vida útil de infraestructuras regionales como Andalucía o La Glorita.

Así, el turismo de un municipio puede terminar teniendo efectos ambientales en otro territorio donde finalmente se disponen sus residuos.

Esta es, precisamente, una mirada de cuenca y de región.

 

7.9. Paisaje Cultural Cafetero: más que una marca turística

La defensa del Paisaje Cultural Cafetero constituye otra línea que atraviesa esta agenda.

El primer informe ya había incluido específicamente el seguimiento al aguacate Hass, al monocultivo en expansión y a los impactos acumulativos sobre el Paisaje Cultural Cafetero.

Durante esta segunda etapa se reforzó una consideración importante:

El Paisaje Cultural Cafetero no puede reducirse a una marca promocional.

Es una combinación de:

·        prácticas productivas;

·        arquitectura;

·        poblamiento;

·        fincas;

·        caminos;

·        cafetales;

·        guaduales;

·        bosques;

·        topografía;

·        relaciones sociales;

·        memoria.

Su protección exige analizar transformaciones que, individualmente, pueden parecer menores pero acumulativamente alteran su estructura.

 

7.10. Aguacate Hass y expansión de monocultivos

La expansión de cultivos agroindustriales, particularmente aguacate Hass, continúa requiriendo una evaluación preventiva.

La preocupación no debe plantearse como rechazo a un producto agrícola específico.

El asunto es el efecto territorial acumulado de cambios intensivos de uso del suelo.

Entre los componentes que deben analizarse se encuentran:

·        demanda de agua;

·        transformación de coberturas;

·        sustitución de sistemas productivos;

·        uso de agroquímicos;

·        erosión;

·        pendientes;

·        biodiversidad;

·        conectividad;

·        alteración del paisaje;

·        concentración productiva.

Una explotación individual puede cumplir todos los requisitos aplicables y, sin embargo, la expansión conjunta de muchas explotaciones puede transformar significativamente una subcuenca.

Nuevamente aparece el problema de los impactos acumulativos.

 

7.11. Capacidad de carga productiva

El concepto de capacidad de carga no debería utilizarse exclusivamente para turistas.

También puede aplicarse a las actividades productivas.

Una subcuenca posee límites asociados a:

·        disponibilidad de agua;

·        pendientes;

·        suelos;

·        conectividad ecológica;

·        capacidad de asimilación de contaminantes;

·        biodiversidad.

Por ello, resulta válido preguntar:

¿Cuántas hectáreas adicionales de determinado cultivo intensivo puede soportar una subcuenca antes de modificar significativamente su balance hídrico o su estructura ecológica?

La planificación agrícola futura debería avanzar hacia este tipo de preguntas.

 

7.12. Turismo rural, parcelación y cambio de uso del suelo

Existe además una relación creciente entre turismo y transformación inmobiliaria rural.

La construcción de:

·        alojamientos;

·        fincas turísticas;

·        cabañas;

·        restaurantes;

·        parcelaciones;

·        condominios campestres;

puede fragmentar progresivamente el suelo rural.

Este fenómeno requiere especial vigilancia porque produce impactos que no siempre son visibles en proyectos individuales:

·        nuevas vías;

·        pozos o captaciones;

·        vertimientos;

·        impermeabilización;

·        pérdida de suelo productivo;

·        aumento del valor de la tierra;

·        fragmentación de hábitats.

El turismo rural puede convertirse, si no existe planificación suficiente, en una forma indirecta de urbanización dispersa.

 

7.13. El paisaje como infraestructura económica

Existe una paradoja que debe incorporarse a la discusión regional sobre competitividad.

El paisaje genera valor económico.

Hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercio y bienes raíces se benefician directamente de la calidad paisajística del territorio.

Sin embargo, la conservación del recurso que produce ese valor no siempre recibe una inversión proporcional.

Por ello, una verdadera economía turística sostenible debería contribuir a:

·        conservar fuentes;

·        restaurar ecosistemas;

·        proteger caminos;

·        mantener paisaje;

·        financiar saneamiento;

·        reducir residuos;

·        recuperar áreas degradadas.

Si el paisaje produce renta, una parte de esa renta debería contribuir a conservar el paisaje.

 

7.14. Principales hallazgos

De esta línea de trabajo pueden sintetizarse los siguientes hallazgos:

Primero. La población residente no refleja adecuadamente la demanda real sobre servicios en municipios turísticos.

Segundo. La capacidad de carga debe incorporar agua, saneamiento, residuos, movilidad y ecosistemas, no solamente número de visitantes.

Tercero. Los datos primarios de los estudios resultan indispensables para verificar técnicamente sus conclusiones.

Cuarto. El crecimiento turístico genera impactos regionales, entre ellos una mayor presión sobre los sistemas de disposición final de residuos.

Quinto. El Paisaje Cultural Cafetero debe entenderse como sistema territorial vivo y no únicamente como producto de promoción turística.

Sexto. La expansión acumulativa de monocultivos requiere análisis a escala de subcuenca.

Séptimo. El turismo rural puede inducir procesos de parcelación y urbanización dispersa.

Octavo. La protección del paisaje constituye también una inversión económica porque preserva el activo que sostiene buena parte del turismo regional.

 

7.15. Agenda pendiente: medir los límites del territorio antes de superarlos

La siguiente etapa debería promover una metodología regional que permita integrar:

visitantes + vehículos + población flotante + consumo de agua + capacidad de saneamiento + residuos + suelo transformado + presión inmobiliaria + actividades productivas + estado de ecosistemas.

El propósito sería avanzar desde estudios sectoriales de capacidad de carga hacia una verdadera capacidad de carga territorial y ambiental.

Este enfoque permitiría conocer no solamente cuánto turismo puede soportar un destino, sino cuánto crecimiento general puede admitir una subcuenca sin comprometer sus valores naturales y culturales.

El turismo sostenible no se mide solamente por el número de visitantes que logra atraer un territorio, sino por su capacidad de recibirlos sin deteriorar el agua, el paisaje, la cultura y la calidad de vida de quienes permanecen allí cuando los turistas se marchan.

 

 

8.                AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO: INFRAESTRUCTURA, COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD AMBIENTAL

8.1. El debate regional no puede limitarse a grandes obras

Durante esta segunda etapa se amplió el seguimiento desde los problemas estrictamente ambientales hacia las agendas de desarrollo regional promovidas por gobiernos, gremios, cámaras de comercio, instancias de integración y actores económicos.

El primer informe ya había advertido la necesidad de contrastar los proyectos promovidos por distintos sectores con las necesidades reales de la cuenca y de garantizar que la planificación se fundamentara en evidencia técnica y sostenibilidad ambiental.

El análisis posterior permitió identificar una tendencia recurrente: cuando se discute el futuro competitivo del Eje Cafetero, buena parte de la conversación pública se concentra en infraestructura física de gran escala.

Se habla de:

·        nuevas carreteras;

·        dobles calzadas;

·        aeropuertos;

·        corredores logísticos;

·        ferrocarriles;

·        plataformas de carga;

·        teleféricos;

·        infraestructura turística.

Estas inversiones pueden ser necesarias y estratégicas.

El problema surge cuando reciben una prioridad considerablemente superior a otras infraestructuras menos visibles pero indispensables para la sostenibilidad regional:

agua potable, tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos, restauración de cuencas, gestión del riesgo y protección de ecosistemas.

De allí surge la pregunta central de este capítulo:

¿Puede considerarse competitivo un territorio cuya infraestructura económica crece más rápido que su infraestructura ambiental?

 

8.2. RAP Eje Cafetero y la necesidad de una agenda ambiental equivalente

El análisis de las propuestas regionales permitió revisar la manera en que se construyen las prioridades de integración del Eje Cafetero.

Una estrategia regional tiene especial valor precisamente porque puede abordar problemas que desbordan los límites departamentales.

La cuenca del río La Vieja – Tatayamba es un ejemplo evidente.

El agua conecta municipios de varios departamentos.

Los residuos atraviesan fronteras administrativas para ser dispuestos en rellenos regionales.

El turismo produce desplazamientos intermunicipales.

La infraestructura vial modifica corredores completos.

Por tanto, resulta razonable esperar que las instituciones de integración regional concedan a estos problemas una importancia equivalente a la infraestructura de transporte.

La agenda regional debería incluir, con el mismo nivel de prioridad:

·        seguridad hídrica;

·        saneamiento;

·        PTAR;

·        fuentes abastecedoras;

·        crisis regional de residuos;

·        restauración;

·        adaptación climática;

·        capacidad de carga territorial.

El desarrollo regional sostenible exige que estas inversiones dejen de aparecer como componentes accesorios de los grandes proyectos económicos.

 

8.3. El caso del Quindío: una agenda de grandes proyectos

El seguimiento a propuestas institucionales y gremiales del Quindío permitió identificar un amplio conjunto de iniciativas relacionadas con infraestructura y competitividad.

Entre ellas se han mencionado proyectos viales, mejoramiento de conexiones regionales, inversiones aeroportuarias, infraestructura turística, corredores logísticos y otras intervenciones.

Frente a ello se formuló una observación estructural:

¿Dónde se encuentra el paquete regional de inversiones de escala equivalente para garantizar agua, saneamiento y disposición de residuos durante las próximas décadas?

La pregunta no pretende enfrentar carreteras contra acueductos o aeropuertos contra PTAR.

Busca corregir una asimetría de planificación.

Si se proyectan inversiones multimillonarias para aumentar visitantes, población, actividad económica y transporte, debe calcularse simultáneamente cuánto costará soportar ambientalmente ese crecimiento.

 

8.4. Competencias territoriales y solicitudes a la Nación

El análisis también permitió examinar proyectos que autoridades territoriales presentan al Gobierno Nacional buscando financiación o cofinanciación.

Esta práctica puede resultar legítima dentro de esquemas de concurrencia y subsidiariedad.

Sin embargo, también obliga a preguntar cuál es la responsabilidad propia del departamento o municipio.

Cuando se solicitan recursos nacionales para:

·        infraestructura turística;

·        proyectos viales locales;

·        hospitales;

·        equipamientos;

·        programas tecnológicos;

·        obras cuya estructuración había sido anunciada previamente,

resulta pertinente establecer:

qué debía financiar la entidad territorial, cuánto presupuestó, qué ejecutó, qué quedó pendiente y por qué ahora requiere apoyo nacional.

La cofinanciación no debe convertirse en una fórmula para ocultar deficiencias de planeación local.

 

8.5. El laboratorio de una pregunta mayor: ¿quién paga los proyectos inconclusos?

Los proyectos que presentan retrasos, modificaciones presupuestales o requerimientos posteriores de cofinanciación permiten formular una cuestión que trasciende cada caso concreto.

Cuando una administración anuncia una obra con determinado costo y plazo y posteriormente requiere recursos adicionales, la ciudadanía debería poder reconstruir:

·        presupuesto inicial;

·        fuentes;

·        modificaciones;

·        avance;

·        contratos;

·        faltantes;

·        causas del incremento;

·        responsables de la planeación original.

Esta misma lógica aplica a infraestructura ambiental.

Una PTAR inconclusa, un relleno sin alternativa de cierre o una obra hidráulica aplazada producen también costos futuros.

Por ello, la planeación debe evaluarse no solamente por el número de proyectos anunciados sino por su capacidad real de culminación y sostenibilidad.

 

8.6. Gremios y fuerzas vivas: representar el desarrollo integral del territorio

El primer informe dedicó expresamente un capítulo a los gremios y fuerzas vivas de la cuenca.

La segunda etapa profundizó esa discusión.

Los gremios desempeñan una función legítima de representación de sectores económicos y promoción del desarrollo.

Pero en territorios ambientalmente sensibles, su liderazgo regional debería incorporar también asuntos que condicionan directamente la viabilidad futura de sus propias actividades.

Por ejemplo:

·        un hotel depende de agua;

·        una industria depende de agua y saneamiento;

·        una finca depende de suelo y disponibilidad hídrica;

·        el comercio depende de ciudades funcionales;

·        el turismo depende de paisaje y ecosistemas conservados.

Por ello, las agendas empresariales deberían incorporar con mayor fuerza inversiones en:

·        protección de cuencas;

·        saneamiento;

·        economía circular;

·        residuos;

·        restauración;

·        adaptación climática.

La sostenibilidad no debe ser únicamente un componente de responsabilidad social empresarial.

Debe convertirse en estrategia económica.

 

8.7. Cámara de Comercio y producción de información territorial

Dentro de esta línea se profundizó también la interlocución con las cámaras de comercio.

Su importancia no deriva únicamente del registro mercantil.

Estas entidades participan en estudios económicos, turismo, competitividad, promoción empresarial y análisis territorial.

Por ello, la información que producen puede resultar especialmente valiosa para comprender fenómenos como:

·        capacidad de carga turística;

·        tránsito;

·        crecimiento empresarial;

·        alojamiento;

·        actividad comercial;

·        presión sobre destinos turísticos.

La exigencia planteada fue que los estudios financiados o utilizados para orientar decisiones públicas permitan acceder no solamente a documentos finales sino, cuando jurídicamente corresponda, a los datos que sustentan sus conclusiones.

La gobernanza mejora cuando distintos sectores comparten información comparable.

 

8.8. “No existe competitividad sin agua”

La síntesis conceptual de esta línea de trabajo puede expresarse en una frase:

NO EXISTE COMPETITIVIDAD SIN AGUA

Una región puede mejorar sus vías y reducir tiempos de viaje.

Puede ampliar un aeropuerto.

Puede desarrollar plataformas logísticas.

Puede atraer inversión y visitantes.

Pero si simultáneamente disminuye la calidad del agua, agota sus rellenos sanitarios, retrasa sus PTAR o deteriora sus ecosistemas, la competitividad lograda será temporal y ambientalmente costosa.

El agua es también infraestructura económica.

Los bosques que regulan caudales son infraestructura.

Los suelos que infiltran agua son infraestructura.

Las zonas de protección que reducen inundaciones son infraestructura.

La naturaleza presta servicios esenciales cuyo costo solo se vuelve visible cuando comienzan a fallar.

 

8.9. Del listado de proyectos a la matriz de sostenibilidad

Una evolución necesaria de la planificación regional consiste en dejar de evaluar los proyectos exclusivamente mediante variables como inversión, empleo o kilómetros construidos.

Todo gran proyecto debería responder simultáneamente:

·        ¿Cuánta agua demanda?

·        ¿Cuántos residuos adicionales genera?

·        ¿Qué presión induce sobre el suelo?

·        ¿Qué infraestructura de saneamiento requiere?

·        ¿Qué emisiones genera?

·        ¿Qué ecosistemas afecta?

·        ¿Qué costos ambientales futuros produce?

Este enfoque no busca detener proyectos.

Busca evitar que las inversiones generen externalidades que posteriormente deban financiar las comunidades y las administraciones.

 

8.10. Principales hallazgos

De este seguimiento se desprenden varios hallazgos:

Primero. Las agendas regionales continúan otorgando alta visibilidad a la infraestructura física frente a la infraestructura ambiental.

Segundo. Los grandes proyectos económicos generan demandas adicionales de agua, saneamiento, movilidad y residuos que deben cuantificarse previamente.

Tercero. Las instituciones de integración regional tienen capacidad para abordar problemas ambientales que superan las fronteras departamentales.

Cuarto. La solicitud de recursos nacionales debe acompañarse de claridad sobre las responsabilidades y aportes propios de los gobiernos territoriales.

Quinto. Los gremios tienen un interés económico directo en la conservación de los bienes ambientales que sostienen las actividades productivas.

Sexto. La competitividad regional debería evaluarse mediante indicadores ambientales además de infraestructura e inversión.

 

8.11. Agenda pendiente

La siguiente etapa debería promover una Matriz Regional de Sostenibilidad de Proyectos Estratégicos, que para cada iniciativa permita identificar:

inversión + fuente de financiación + competencia institucional + impacto económico + demanda hídrica + saneamiento requerido + residuos generados + transformación del suelo + riesgos ambientales + medidas de compensación.

De esta manera sería posible pasar de una competencia por anunciar proyectos a una discusión más madura sobre qué proyectos puede realmente soportar el territorio.

La verdadera competitividad no consiste en construir más rápido que los territorios vecinos, sino en garantizar que el desarrollo económico pueda mantenerse durante décadas sin destruir los recursos que lo hacen posible.

 

9.                DEFENSA DE LA PARTICIPACIÓN, ACUERDO DE ESCAZÚ Y CONTROL A LAS INSTITUCIONES

9.1. Participar no es solamente ser invitado

La segunda etapa de gestión permitió profundizar uno de los asuntos centrales del primer informe: la diferencia entre participación formal y participación efectiva.

Desde el inicio se adoptó el Acuerdo de Escazú como marco práctico para orientar acceso a información, transparencia y participación. El primer informe había señalado expresamente que estos principios debían materializarse mediante herramientas operativas y no permanecer como formulaciones abstractas.

La experiencia posterior mostró que la simple existencia de reuniones, invitaciones o espacios consultivos no garantiza por sí misma una participación significativa.

Para participar efectivamente se necesitan, al menos:

·        información previa;

·        oportunidad;

·        condiciones materiales de acceso;

·        posibilidad de formular observaciones;

·        respuesta;

·        trazabilidad.

Por ello, durante esta segunda etapa se defendió una concepción más exigente:

participar significa tener condiciones reales para influir informadamente en una decisión.

 

9.2. Participación virtual e igualdad de acceso

Una situación especialmente relevante surgió alrededor de las solicitudes de participación virtual o híbrida en sesiones del Consejo.

La utilización de herramientas tecnológicas permite reducir barreras geográficas y facilitar que personas ubicadas en diferentes municipios de la cuenca puedan intervenir sin asumir permanentemente costos de traslado.

La experiencia acumulada durante los últimos años demostró además que las sesiones virtuales permiten:

·        deliberar;

·        escuchar presentaciones;

·        formular preguntas;

·        intervenir;

·        verificar quórum;

·        dejar registros.

Por ello, la virtualidad no debe entenderse necesariamente como una forma inferior de participación.

En determinadas circunstancias puede ser precisamente el mecanismo que garantiza igualdad material de acceso.

La gobernanza de una cuenca que comprende 21 municipios y tres departamentos necesita herramientas de participación compatibles con esa escala territorial. El primer informe ya registraba esta articulación multinivel entre municipios, CAR, entidades nacionales y organismos de control.

 

9.3. El caso de la sesión en CARDER

La problemática adquirió especial relevancia frente a la sesión ordinaria programada en instalaciones de CARDER.

Se había solicitado previamente que se habilitara modalidad virtual o híbrida y que los documentos destinados a discusión fueran entregados con anticipación.

La ausencia de una respuesta oportuna planteó nuevamente la diferencia entre convocar y garantizar participación.

Una agenda compleja no puede ser deliberada seriamente si los consejeros conocen los documentos únicamente durante la sesión.

La participación informada exige que los integrantes dispongan de tiempo razonable para:

·        leer;

·        verificar;

·        consultar antecedentes;

·        formular preguntas;

·        preparar posiciones.

Este principio debería consolidarse dentro del funcionamiento futuro del Consejo.

 

9.4. Documentos previos: condición de una deliberación seria

La entrega anticipada de documentos no constituye una formalidad administrativa menor.

Es una condición básica de calidad deliberativa.

Cuando una sesión debe examinar proyectos, informes, propuestas o decisiones institucionales, circular la información previamente:

·        mejora las preguntas;

·        reduce improvisación;

·        permite contrastar cifras;

·        evita discusiones superficiales;

·        fortalece la rendición de cuentas.

El objetivo no es multiplicar trámites para la Secretaría.

Es precisamente lo contrario: hacer que el tiempo de reunión sea utilizado para discutir y decidir, y no para descubrir por primera vez los documentos.

 

9.5. El Consejo como instancia participativa y no ceremonial

El primer informe definió el Consejo de Cuenca como instancia participativa, representativa y consultiva para la planificación y manejo de la cuenca y registró entre las funciones ejercidas la dirección estratégica, coordinación, gestión interinstitucional y representación institucional.

La siguiente etapa debe preservar esa naturaleza.

El Consejo no debería convertirse en un espacio destinado únicamente a escuchar informes de las autoridades ambientales.

Su valor está precisamente en incorporar otras perspectivas:

·        comunidades;

·        municipios;

·        organizaciones;

·        sectores productivos;

·        academia;

·        acueductos;

·        actores ciudadanos.

La diferencia entre una audiencia informativa y un Consejo de Cuenca radica en la capacidad del segundo para interrogar, recomendar, priorizar, hacer seguimiento y construir agenda propia.

 

9.6. CRQ, CARDER y CVC: una cuenca, tres autoridades ambientales

La existencia de tres corporaciones autónomas regionales dentro de una misma cuenca constituye simultáneamente una fortaleza institucional y un desafío de coordinación.

CRQ, CARDER y CVC ejercen competencias sobre territorios diferentes, pero el sistema hídrico es uno solo.

Un río no cambia su funcionamiento ambiental cuando atraviesa un límite departamental.

Por ello, una de las líneas permanentes ha consistido en exigir:

·        coordinación;

·        información comparable;

·        seguimiento conjunto;

·        trazabilidad;

·        funcionamiento de la Comisión Conjunta;

·        respuestas sobre la implementación del POMCA.

La cuenca necesita decisiones coherentes a lo largo de todo su recorrido.

 

9.7. Ministerio de Ambiente: acompañamiento y responsabilidad nacional

El primer informe documentó igualmente la interacción con el Ministerio de Ambiente y formuló críticas frente a las limitaciones encontradas en su acompañamiento a procesos de participación ambiental.

Durante esta segunda etapa se mantuvo la necesidad de reclamar un papel nacional más activo.

Los Consejos de Cuenca requieren:

·        orientación;

·        estándares comunes;

·        fortalecimiento;

·        mecanismos de apoyo;

·        seguimiento.

El reconocimiento legal de una instancia participativa pierde eficacia si su funcionamiento depende casi exclusivamente del esfuerzo voluntario de sus integrantes.

El propio primer informe había identificado la ausencia de una Secretaría funcional, actas pendientes, discontinuidad de sesiones y debilidades de soporte institucional.

Estos problemas siguen siendo una advertencia para el diseño nacional de la participación ambiental.

 

9.8. Organismos de control como mecanismo preventivo

La gestión desarrollada recurrió también a organismos de control cuando determinadas situaciones requerían acompañamiento, vigilancia preventiva o verificación institucional.

La intervención de:

·        Procuraduría;

·        Contralorías;

·        personerías;

no debería entenderse exclusivamente desde la perspectiva sancionatoria.

Su función preventiva puede resultar especialmente importante frente a riesgos ambientales.

Esperar a que un relleno colapse, una fuente se contamine o una obra genere un daño irreversible para activar el control significa llegar tarde.

La vigilancia ambiental debe privilegiar la prevención.

 

9.9. El derecho de petición como herramienta de auditoría ciudadana

Una de las transformaciones metodológicas más importantes del proceso consiste en haber dejado de utilizar el derecho de petición únicamente como instrumento para preguntar.

Se ha convertido progresivamente en una herramienta para auditar.

Las preguntas se estructuran después de revisar:

·        documentos;

·        contratos;

·        expedientes;

·        informes;

·        respuestas anteriores;

·        normas;

·        contradicciones.

Esto permite formular cuestionarios dirigidos hacia hechos verificables y responsabilidades concretas.

El primer informe ya destacaba que estas herramientas jurídicas permitieron transformar la participación en un mecanismo efectivo de exigibilidad y producir trazabilidad probatoria.

La segunda etapa consolidó ese modelo.

 

9.10. De preguntar a contrastar respuestas

Otro cambio importante consiste en no considerar una respuesta administrativa como el final de una investigación.

Las respuestas se comparan con:

·        documentos previos;

·        información de otras entidades;

·        normas;

·        expedientes;

·        cifras;

·        antecedentes.

Cuando aparecen inconsistencias se formulan nuevas preguntas.

Esto permite crear una cadena de trazabilidad:

pregunta → respuesta → contraste → hallazgo → nueva exigencia.

La participación ciudadana se convierte así en un proceso acumulativo de conocimiento.

 

9.11. Principales hallazgos

De esta línea pueden destacarse los siguientes hallazgos:

Primero. La convocatoria formal no garantiza participación efectiva.

Segundo. La participación necesita información previa y oportuna.

Tercero. La virtualidad puede ampliar significativamente la cobertura territorial del Consejo.

Cuarto. Las sesiones deben orientarse hacia deliberación y decisiones, no únicamente presentación de informes.

Quinto. La fragmentación institucional entre tres CAR exige mecanismos fuertes de coordinación.

Sexto. Los Consejos de Cuenca requieren mayor soporte institucional para cumplir adecuadamente su función.

Séptimo. El control preventivo resulta especialmente valioso en asuntos ambientales.

Octavo. Los derechos de petición pueden convertirse en instrumentos sofisticados de auditoría cuando se sustentan en información previamente analizada.

 

9.12. Agenda pendiente

La siguiente etapa debería promover un Protocolo de Participación Efectiva del Consejo de Cuenca, que incluya como mínimos:

convocatoria oportuna + documentación previa + posibilidad de participación híbrida + acceso a grabaciones + trazabilidad de preguntas + respuestas institucionales + seguimiento de compromisos.

De esta manera podría evaluarse cada sesión no solamente por su realización sino por sus resultados.

La participación ambiental no puede medirse contando asistentes. Debe medirse verificando cuánto pudieron conocer, preguntar, proponer e incidir quienes participaron.

 

10.          TATAYAMBA: DEL CONSEJO DE CUENCA A UNA RED PERMANENTE DE CONTROL TERRITORIAL

10.1. Una segunda etapa que trasciende una Presidencia

Esta segunda rendición de cuentas permite identificar una evolución significativa.

La gestión iniciada desde la Presidencia del Consejo no terminó con la presentación del informe de mayo.

Los asuntos identificados continuaron siendo objeto de seguimiento desde diferentes espacios:

Consejo de Cuenca, CISER, veeduría ciudadana y ejercicio individual de participación.

Cada uno tiene naturaleza, competencias y alcances jurídicos distintos.

Por ello, este documento ha procurado diferenciarlos.

Pero existe un elemento común:

todos se han utilizado para defender el mismo territorio y producir información sobre decisiones que afectan la cuenca.

Esto demuestra que la gobernanza ambiental puede trascender los períodos de representación formal.

 

10.2. De una agenda institucional a un sistema ciudadano de vigilancia

La experiencia acumulada muestra que los grandes problemas ambientales rara vez pueden investigarse desde una sola institución.

La crisis de residuos exige revisar:

·        autoridades ambientales;

·        operadores;

·        municipios;

·        autoridades sanitarias;

·        servicios públicos.

Una carretera exige examinar:

·        contratos;

·        ambiente;

·        ordenamiento;

·        peajes;

·        finanzas;

·        municipios.

Una urbanización exige analizar:

·        POT;

·        curaduría;

·        agua;

·        saneamiento;

·        riesgo;

·        rondas.

Por tanto, la principal capacidad construida durante este proceso quizá no sea un documento específico.

Es una metodología:

conectar información que institucionalmente se encuentra separada.

 

10.3. La cuenca como unidad de análisis

La administración pública está organizada mediante jurisdicciones.

La naturaleza no.

El agua atraviesa municipios.

Los residuos viajan entre departamentos.

Los turistas consumen recursos en un municipio y generan impactos que pueden terminar en otro.

Las vías modifican dinámicas regionales.

Los mercados agrícolas transforman subcuencas enteras.

La perspectiva de cuenca permite comprender estas relaciones.

El primer informe ya señalaba que la territorialización del Consejo había permitido articular actores municipales, autoridades ambientales y entidades nacionales y producir información directamente desde el territorio.

Esta segunda etapa amplía la lógica:

Tatayamba no es solamente una cuenca hidrográfica; es una escala adecuada para comprender muchas de las relaciones que la división administrativa fragmenta.

 

10.4. Tres escalas de actuación

La experiencia desarrollada puede organizarse en tres escalas complementarias.

Primera: institucional.

El Consejo de Cuenca permite deliberación, representación sectorial y seguimiento al POMCA.

Segunda: control social organizado.

CISER y la veeduría permiten desarrollar investigaciones, formular derechos de petición y realizar seguimiento independiente.

Tercera: ciudadanía individual.

Los mecanismos constitucionales permiten intervenir directamente en procedimientos, expedientes y decisiones públicas.

Ninguna de estas escalas sustituye a las demás.

Su fortaleza se encuentra precisamente en la complementariedad.

 

10.5. Del dato aislado al hallazgo

Una de las principales transformaciones de la metodología ha sido la manera de trabajar con información.

Un dato por sí solo puede significar poco.

Cuando se cruza con otros datos puede convertirse en hallazgo.

Por ejemplo:

ü  vida útil de Andalucía + capacidad de La Glorita + toneladas regionales = riesgo de contingencia.

ü  capacidad hídrica + crecimiento turístico + población flotante = presión sobre el abastecimiento.

ü  licencias + disponibilidad de servicios + PTAR = capacidad real de expansión urbana.

ü  peajes + zonas de influencia + valorización = coherencia territorial.

ü  RESPEL + lixiviados + ganado = interrogante toxicológico y sanitario.

Esta lógica de cruces constituye uno de los principales aprendizajes del proceso.

 

10.6. De la denuncia a la evidencia

El control ciudadano gana legitimidad cuando abandona afirmaciones generales y construye preguntas sobre hechos verificables.

Por ello, esta segunda etapa buscó profundizar una metodología basada en:

ü  expedientes;

ü  documentos;

ü  cifras;

ü  mapas;

ü  conceptos;

ü  respuestas oficiales;

ü  normas.

La finalidad es poder diferenciar siempre entre:

hecho comprobado, indicio, interrogante, riesgo y conclusión.

Esta distinción resulta especialmente importante en asuntos ambientales donde la incertidumbre científica puede ser considerable.

La función de una veeduría no es reemplazar al laboratorio, la autoridad ambiental o el juez.

Es exigir que cada uno cumpla su responsabilidad y pueda demostrar técnicamente sus decisiones.

 

10.7. La prevención como principio rector

Otra característica transversal del trabajo ha sido intentar actuar antes del daño.

ü  Antes de que se agote un relleno.

ü  Antes de que revierta una concesión.

ü  Antes de que se otorgue una licencia.

ü  Antes de que desaparezca capacidad hídrica.

ü  Antes de que un impacto acumulativo resulte irreversible.

Esta perspectiva es coherente con el propósito del POMCA.

La planificación ambiental existe precisamente para no esperar a que los conflictos se materialicen.

Un control ciudadano verdaderamente ambiental debe ser, ante todo, preventivo.

 

10.8. Tatayamba como identidad territorial

El primer informe incorporó la recuperación del nombre Tatayamba como componente de memoria biocultural y herramienta de identidad, pedagogía ambiental y justicia histórica.

Durante esta segunda etapa ese concepto adquirió un significado adicional.

Nombrar el río de otra manera también obliga a mirarlo de otra manera.

Tatayamba puede convertirse progresivamente en una referencia territorial que permita a las comunidades reconocerse como habitantes de un mismo sistema ambiental más allá de sus municipios.

Quien vive en Armenia, Pereira, Cartago, Salento, Filandia, Circasia, Montenegro o cualquiera de los municipios vinculados a esta red hidrográfica participa de procesos ecológicos interdependientes.

La identidad de cuenca puede contribuir a superar la fragmentación institucional.

 

10.9. El ciudadano como productor de conocimiento público

La experiencia adelantada demuestra también una transformación en el papel del ciudadano.

Tradicionalmente la información pública fluía casi exclusivamente en una dirección:

Estado → ciudadano.

El modelo desarrollado introduce un circuito diferente:

Estado → ciudadano → análisis → contraste → nuevo conocimiento → Estado y sociedad.

Cuando una veeduría cruza información de diferentes entidades, identifica una contradicción y la devuelve al sistema institucional mediante una pregunta sustentada, está produciendo conocimiento público.

Este proceso puede mejorar la calidad de las decisiones.

 

10.10. La memoria documental como patrimonio del proceso

Otro resultado importante consiste en la construcción progresiva de un archivo ciudadano compuesto por:

·        derechos de petición;

·        respuestas;

·        expedientes;

·        estudios;

·        mapas;

·        informes;

·        registros;

·        conceptos;

·        decisiones.

La conservación y organización de esta información tiene valor más allá de cada investigación particular.

Permite que futuros integrantes del Consejo, investigadores, periodistas, organizaciones y comunidades puedan reconstruir antecedentes sin comenzar nuevamente desde cero.

El primer informe ya había resaltado la producción y organización de información estratégica como uno de los resultados estructurales de la gestión.

Esta segunda etapa profundiza esa vocación de memoria institucional y ciudadana.

 

10.11. Los diez asuntos como un solo sistema

Los capítulos anteriores pueden parecer diversos:

·        agua;

·        rellenos sanitarios;

·        RESPEL;

·        transparencia;

·        urbanismo;

·        carreteras;

·        turismo;

·        competitividad;

·        participación.

Pero todos se encuentran conectados.

El crecimiento económico aumenta consumo de agua.

El turismo aumenta residuos.

Las vías inducen urbanización.

La urbanización aumenta vertimientos.

Los residuos pueden afectar agua.

La falta de información impide prevenir esos impactos.

Y sin participación ciudadana resulta más difícil exigir correcciones.

La gran conclusión de esta segunda rendición es que la cuenca funciona como un sistema, mientras buena parte de la administración pública continúa gestionándola por sectores separados.

Cerrar esa brecha constituye el principal desafío de la gobernanza ambiental.

 

10.12. Principales resultados de esta segunda etapa

Más allá del número de comunicaciones producidas, pueden identificarse varios resultados estructurales:

Primero. Se dio continuidad a los asuntos críticos identificados durante la Presidencia.

Segundo. Se profundizó el seguimiento a la crisis regional de residuos.

Tercero. Se amplió la investigación hacia riesgos sanitarios, toxicológicos e hidrogeológicos.

Cuarto. Se fortaleció el acceso ciudadano a expedientes y documentos.

Quinto. Se vinculó el licenciamiento urbanístico con las determinantes del POMCA.

Sexto. Se incorporaron las concesiones viales, peajes y valorización dentro del análisis territorial.

Séptimo. Se relacionó la capacidad turística con agua, saneamiento y residuos.

Octavo. Se cuestionó la separación entre competitividad económica y seguridad ambiental.

Noveno. Se profundizó la aplicación práctica de Escazú.

Décimo. Se consolidó una metodología ciudadana basada en información, contraste institucional y prevención.

 

10.13. Hacia una agenda permanente de control de la cuenca

El siguiente desafío consiste en convertir este conjunto de investigaciones en un sistema continuo de seguimiento.

La agenda futura puede organizarse alrededor de cinco grandes observatorios ciudadanos:

Observatorio del Agua: calidad, oferta, concesiones, saneamiento y vertimientos.

Observatorio de Residuos y Pasivos Ambientales: rellenos, lixiviados, cierre y posclausura.

Observatorio Territorial: POT, licencias, rondas, servicios y riesgo.

Observatorio de Infraestructura: concesiones, grandes obras, peajes, valorización e impactos.

Observatorio de Transparencia y Participación: expedientes, información pública, Escazú y cumplimiento institucional.

Estos instrumentos no necesitan comenzar como grandes estructuras administrativas.

Pueden construirse progresivamente a partir de la información que ya se viene recopilando.

 

11.          CONCLUSIONES GENERALES

Una agenda ambiental para defender el territorio, anticipar sus límites y construir gobernanza real

Esta segunda parte de la rendición de cuentas permite mirar en conjunto asuntos que, vistos separadamente, podrían parecer distintos: agua potable, PTAR, rellenos sanitarios, lixiviados, residuos peligrosos, pastoreo bovino, curadurías urbanas, rondas hídricas, turismo, grandes carreteras, peajes, valorización, competitividad regional, acceso a expedientes y participación ciudadana. Sin embargo, el principal aprendizaje de este proceso es precisamente el contrario: todos forman parte de un mismo sistema territorial y ambiental.

La cuenca del río La Vieja – Tatayamba funciona como una unidad ecológica mientras buena parte de la administración pública continúa actuando por sectores, municipios, contratos, competencias y expedientes separados. Una decisión urbanística modifica la demanda de agua; una vía induce nuevos usos del suelo; el turismo incrementa residuos y aguas residuales; una actividad productiva presiona una fuente abastecedora; un relleno sanitario puede comprometer aguas superficiales o subterráneas; y una mala decisión adoptada hoy puede convertirse en un pasivo ambiental que varias generaciones tendrán que asumir.

Por ello, quizá la principal lucha desarrollada durante este período ha consistido en volver a conectar aquello que institucionalmente aparece fragmentado.

El primer informe ya había establecido que la gestión debía fundarse en transparencia activa, gobernanza territorial, control ambiental, articulación multinivel y defensa de la memoria biocultural. También identificó expresamente los rellenos sanitarios, vertimientos, concesiones de agua, infraestructura vial, cambios de uso del suelo, monocultivos, asentamientos y rondas hídricas como asuntos que requerían seguimiento permanente. Esta segunda etapa demuestra que varias de esas alertas evolucionaron hacia investigaciones concretas y propuestas de carácter regional.

 

1. El agua debe convertirse en el límite y punto de partida de toda planificación

La primera gran conclusión es también la más importante:

NO EXISTE COMPETITIVIDAD SIN AGUA

La seguridad hídrica no puede continuar tratándose como un componente ambiental adicional dentro de los planes de desarrollo.

Debe ser la condición previa para decidir cuánto puede crecer un municipio, cuántos visitantes puede recibir, qué actividades productivas puede soportar y qué nuevas urbanizaciones pueden autorizarse.

Nuestra propuesta es avanzar hacia una radiografía hídrica integral de la cuenca, organizada por municipios y subcuencas, que permita cruzar:

oferta hídrica + concesiones + consumo + calidad + IRCA + fuentes abastecedoras + PTAP + PTAR + PSMV + vertimientos + población residente + población flotante + actividades productivas + riesgo climático.

El primer informe ya había identificado la crisis de calidad y disponibilidad del agua como prioridad máxima de la agenda. La siguiente etapa debe convertir esa prioridad en un verdadero sistema regional de información y decisión.

La pregunta fundamental debe ser:

¿Cuánto crecimiento adicional puede soportar cada territorio sin comprometer el agua de las generaciones presentes y futuras?

 

2. Ningún municipio puede resolver aisladamente la crisis regional de residuos

La situación de Andalucía y La Glorita confirmó otro principio fundamental: los residuos se generan localmente, pero sus impactos son regionales.

El agotamiento de un relleno no puede resolverse simplemente trasladando residuos hacia otro sitio cuya vida útil también es limitada.

Esa estrategia únicamente aplaza y desplaza la crisis.

El primer informe ya había advertido expresamente que la situación de ambos rellenos podía conducir a una emergencia sanitaria regional y había propuesto una sesión extraordinaria destinada a conocer capacidad, vida útil, riesgos hídricos y planes de contingencia.

Nuestra propuesta es avanzar hacia una estrategia regional de transición de residuos sólidos, en la cual pueda conocerse anticipadamente:

qué capacidad queda + cuánto residuo se genera + dónde será dispuesto + qué alternativas existen + cuándo entrarán en operación + qué costos tendrán + quién asumirá clausura y posclausura + cómo se reducirá la cantidad enviada a enterramiento.

La solución no puede ser únicamente construir nuevos vasos.

Debe reducirse estructuralmente la dependencia regional de la disposición final mediante aprovechamiento, separación, recuperación, economía circular y disminución progresiva de residuos enterrados.

 

3. Los rellenos deben evaluarse también como posibles pasivos ambientales

La investigación sobre La Glorita mostró que la discusión no puede limitarse a cuántos años de capacidad le quedan.

Un relleno sanitario continúa produciendo obligaciones durante décadas después de dejar de recibir residuos.

Lixiviados, gases, estabilidad, coberturas, drenajes, aguas superficiales y subterráneas requieren seguimiento prolongado.

Por ello proponemos construir un inventario regional de pasivos ambientales actuales y potenciales, comenzando por los principales sitios de disposición final.

Cada relleno debería contar con una trazabilidad pública que permita conocer:

historia operativa + permisos + modificaciones + monitoreos + incumplimientos + sanciones + obligaciones de cierre + garantías financieras + costos de posclausura.

La gestión ambiental no puede terminar el día que llega el último camión.

 

4. RESPEL y sustancias peligrosas exigen trazabilidad hasta su origen

La investigación sobre posibles residuos peligrosos permitió identificar una debilidad adicional: cuando aparece un RESPEL dentro de residuos ordinarios, el problema no termina al separarlo.

Debe establecerse:

quién lo generó + quién lo transportó + cómo ingresó + qué control falló + si el hecho fue aislado o recurrente.

Nuestra propuesta consiste en fortalecer la trazabilidad regional de residuos peligrosos, cruzando información entre generadores, transportadores, operadores y autoridades ambientales.

La finalidad no es producir estadísticas aisladas, sino identificar fallas sistémicas.

 

5. El principio de precaución debe convertirse en método cotidiano de gestión

El caso del pastoreo bovino dentro de áreas del relleno mostró la importancia de una aproximación preventiva.

No se trata de afirmar sin pruebas que existió contaminación.

Tampoco de presumir inocuidad simplemente porque no se ha demostrado daño.

La obligación pública consiste en evaluar científicamente la exposición y documentar las condiciones de seguridad.

Esta metodología debería aplicarse transversalmente:

cuando exista incertidumbre razonable y posibilidad de afectación significativa, la ausencia de certeza no puede justificar la inacción.

Nuestra lucha ha sido precisamente exigir que las autoridades expliquen:

qué saben, qué estudiaron, qué riesgos descartaron, con qué evidencia y qué medidas adoptaron frente a aquello que aún desconocen.

 

6. La información ambiental debe ser abierta, digital y verdaderamente utilizable

Otra de las grandes luchas de este período ha sido la defensa del acceso integral a los expedientes.

La transparencia no puede reducirse a afirmar que un expediente está “disponible para consulta”.

Un ciudadano debe poder conocerlo en condiciones razonables.

Proponemos que CRQ, CARDER y CVC avancen hacia un estándar común de expediente ambiental electrónico, con:

índice documental + archivos digitales + buscadores + acceso remoto + actos administrativos + conceptos técnicos + seguimiento + versiones públicas cuando exista información parcialmente reservada.

El primer informe ya planteaba el acceso a la información y la transparencia como elementos centrales de la aplicación práctica de Escazú.

Nuestra experiencia posterior permite formular un principio aún más claro:

NO EXISTE PARTICIPACIÓN EFECTIVA SOBRE UN EXPEDIENTE DESCONOCIDO.

 

7. El derecho de petición debe evolucionar hacia auditoría ciudadana

Durante este proceso el derecho de petición dejó progresivamente de utilizarse como un simple instrumento para preguntar.

Se convirtió en una metodología de auditoría.

La secuencia utilizada ha sido:

documento → pregunta → respuesta → contraste → contradicción → nueva pregunta → hallazgo.

El primer informe ya registraba cómo el uso sistemático de herramientas jurídicas permitió transformar la participación en exigibilidad y construir trazabilidad probatoria.

La gran propuesta consiste en consolidar ese modelo dentro de las veedurías y organizaciones sociales de la cuenca.

El control ciudadano gana legitimidad cuando sustituye la denuncia genérica por preguntas técnicamente sustentadas.

 

8. El POMCA debe dejar de ser un documento paralelo a las decisiones urbanísticas

Otra lucha fundamental ha sido relacionar la planificación de cuenca con las decisiones cotidianas de ordenamiento territorial.

El territorio no cambia únicamente cuando se aprueba un POT.

Cambia diariamente mediante licencias, parcelaciones, urbanizaciones, subdivisiones y reconocimientos.

Nuestra propuesta es crear un Sistema Ciudadano de Alertas Territoriales que cruce:

POMCA + POT/PBOT/EOT + rondas hídricas + suelos de protección + amenazas + servicios públicos + licencias urbanísticas + grandes proyectos.

El primer informe ya planteaba la necesidad de revisar la coherencia POT–POMCA y vincular el desarrollo urbano con la capacidad hídrica y de servicios.

La conclusión ahora es más concreta:

el POMCA solo será efectivo cuando pueda verse reflejado en cada licencia que transforma el territorio.

 

9. Las rondas hídricas deben ser entendidas como infraestructura ambiental

La defensa de retiros, rondas y suelos de protección ha sido otra constante.

Estas áreas no son “suelo perdido” para urbanizar.

Cumplen funciones que posteriormente tendrían que ser reemplazadas mediante costosas obras:

regulan inundaciones, permiten infiltración, protegen cauces, estabilizan márgenes y conservan conectividad ecológica.

Por ello defendemos una política regional que reconozca las rondas como infraestructura natural estratégica.

Su protección debe tener el mismo nivel de importancia que una vía, un puente o un colector.

 

10. La disponibilidad de servicios debe medirse por capacidad real y no solamente por certificados

Una nueva urbanización puede contar con un documento formal de disponibilidad y, simultáneamente, incorporarse a un sistema hídrico o sanitario cercano a su límite.

Por ello proponemos diferenciar:

disponibilidad jurídica de capacidad material.

Antes de autorizar grandes desarrollos deberían analizarse conjuntamente:

fuente abastecedora + capacidad de PTAP + redes + alcantarillado + PTAR + carga acumulativa existente.

Una ciudad no puede crecer indefinidamente mediante la suma de certificados individuales si nadie mide el efecto acumulado.

 

11. La capacidad de carga debe convertirse en un concepto territorial

El trabajo sobre Salento, Filandia, Cocora y otros destinos turísticos permitió ampliar el concepto tradicional de capacidad de carga.

No basta con contar visitantes.

Debe medirse:

agua + saneamiento + residuos + movilidad + ecosistemas + población flotante + infraestructura.

La misma metodología puede aplicarse al crecimiento urbano y productivo.

Nuestra propuesta es avanzar hacia una verdadera capacidad de carga territorial, capaz de responder cuánto turismo, cuánta urbanización o cuánta actividad productiva adicional puede soportar una subcuenca.

 

12. El Paisaje Cultural Cafetero debe protegerse como sistema vivo

Otra lucha transversal ha sido evitar que el Paisaje Cultural Cafetero termine reducido a una marca turística.

El paisaje es producto de relaciones históricas entre agricultura, vivienda, caminos, ecosistemas, arquitectura y comunidades.

La expansión de monocultivos, urbanización rural, parcelaciones y turismo intensivo puede alterar progresivamente esos atributos.

Nuestra propuesta consiste en evaluar los impactos acumulativos de estas transformaciones y no únicamente sus efectos predio por predio.

El primer informe ya había incorporado expresamente el seguimiento al aguacate Hass y a la expansión agroindustrial como asunto preventivo de protección del paisaje.

 

13. Las grandes carreteras deben evaluarse como transformadoras del territorio

Autopistas del Café, nuevos corredores, APP, peajes, valorización y proyectos como La Paila–Calarcá demostraron que una carretera es mucho más que una obra de transporte.

Modifica:

usos del suelo, valor de predios, urbanización, comercio, movilidad, drenajes y corredores ecológicos.

Nuestra propuesta consiste en desarrollar una Matriz Regional de Infraestructura y Territorio que permita conocer para cada proyecto:

inversión + financiación + peajes + valorización + obras + impactos ambientales + fuentes hídricas + municipios afectados + obligaciones pendientes + transformaciones inducidas.

La discusión vial no puede seguir confinada a la ingeniería financiera.

 

14. La reversión de las concesiones debe convertirse en auditoría pública

La terminación de Autopistas del Café representa una oportunidad histórica.

Después de décadas de concesión, la sociedad tiene derecho a conocer exactamente qué recibe la Nación.

La reversión debería incluir una auditoría pública sobre:

vías + puentes + drenajes + taludes + predios + obras pendientes + obligaciones ambientales + pasivos.

El primer informe ya había iniciado requerimientos sobre estado de puentes e impactos ambientales de la concesión.

La propuesta es que ninguna reversión futura se reduzca a una entrega administrativa de activos.

Debe existir una verdadera rendición de cuentas territorial.

 

15. Peajes y valorización deben respetar la coherencia y la justicia territorial

El seguimiento sobre Circasia y otros municipios permitió revelar una cuestión elemental.

Los criterios utilizados para determinar quién recibe beneficios y quién debe pagar deberían ser coherentes.

No es aceptable que un territorio sea considerado distante para obtener un beneficio tarifario y cercano para efectos de imponerle valorización.

Nuestra lucha ha sido defender un criterio sencillo:

el beneficio debe demostrarse, no presumirse.

Las zonas de influencia deben sustentarse técnica y territorialmente.

 

16. Toda entidad que participó en una decisión debe responder por su propia actuación

Las investigaciones sobre valorización mostraron cómo distintas instituciones participaron, formularon observaciones o plantearon interrogantes y posteriormente algunas respuestas podían limitarse a traslados por competencia.

Por ello se consolidó otra regla de control ciudadano:

QUIEN PARTICIPA, RESPONDE POR SU PARTICIPACIÓN.

DNP, UPIT, INVÍAS o cualquier otra entidad no deberían poder desprenderse de preguntas relacionadas con conceptos, observaciones o documentos producidos por sus propios funcionarios.

Esta regla fortalece la responsabilidad institucional y evita que la participación colectiva termine diluyendo la rendición de cuentas.

 

17. El desarrollo regional necesita una agenda ambiental del mismo tamaño que su agenda de infraestructura

Quizá una de las críticas más importantes desarrolladas durante este período se dirige a la manera como la región define sus prioridades.

Existe gran capacidad para estructurar y promover proyectos de:

carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, plataformas logísticas y turismo.

Nuestra pregunta ha sido persistente:

¿Dónde están los proyectos regionales de escala equivalente para agua, saneamiento, residuos y restauración?

La propuesta no consiste en sustituir infraestructura económica por ambiental.

Consiste en planificarlas simultáneamente.

·        Una carretera genera crecimiento.

·        Ese crecimiento demanda agua.

·        Produce aguas residuales.

·        Genera residuos.

·        Consume suelo.

La inversión ambiental necesaria para soportar ese crecimiento debería hacer parte del mismo cálculo desde el comienzo.

 

18. Los gremios también deben asumir responsabilidad por la sostenibilidad del territorio

Las cámaras de comercio, gremios y organizaciones económicas tienen un papel decisivo en las agendas regionales.

Nuestra propuesta consiste en avanzar desde una sostenibilidad entendida como responsabilidad social hacia una sostenibilidad incorporada a las decisiones de competitividad.

·        El turismo depende del paisaje.

·        La agricultura depende del agua.

·        La industria depende del saneamiento.

·        El comercio depende de ciudades funcionales.

Proteger estos recursos no es solamente una obligación ambiental.

Es defender la infraestructura básica de la economía regional.

 

19. Los Consejos de Cuenca necesitan dejar de depender del voluntarismo

El primer informe documentó dificultades relacionadas con Secretaría, actas, continuidad de sesiones y respaldo administrativo.

Esta experiencia demuestra la necesidad de fortalecer institucionalmente los Consejos de Cuenca.

Proponemos un estándar mínimo nacional y regional que garantice:

Secretaría funcional + archivo + documentación previa + sesiones híbridas + trazabilidad de compromisos + acceso público a información + seguimiento.

Un Consejo sin soporte puede existir jurídicamente y ser débil materialmente.

Si se pretende una verdadera gobernanza participativa, deben existir medios para ejercerla.

 

20. Escazú debe medirse por resultados y no por discursos

El Acuerdo de Escazú ha atravesado toda esta gestión.

Pero nuestra propuesta es evitar que termine convertido en una referencia ceremonial.

Escazú debe medirse preguntando:

·        ¿puede el ciudadano obtener el expediente?

·        ¿puede participar antes de la decisión?

·        ¿recibe información comprensible?

·        ¿puede hacerlo virtualmente cuando sea necesario?

·        ¿se responden sus observaciones?

·        ¿puede conocer quién tomó la decisión y por qué?

El oficio que acompañó la primera rendición insistía precisamente en que la información debía llegar a la ciudadanía y la participación convertirse en práctica efectiva.

Ese sigue siendo uno de nuestros principales compromisos.

 

HACIA CINCO GRANDES OBSERVATORIOS CIUDADANOS DE TATAYAMBA

Las investigaciones adelantadas permiten proponer que esta experiencia no termine como una colección de documentos.

Podría evolucionar hacia cinco líneas permanentes de vigilancia:

Observatorio del Agua, para oferta, calidad, concesiones, saneamiento y vertimientos.

Observatorio de Residuos y Pasivos Ambientales, para rellenos, RESPEL, lixiviados, clausura y posclausura.

Observatorio del Territorio, para POT, licencias, rondas, riesgo y capacidad de servicios.

Observatorio de Infraestructura y Competitividad, para carreteras, concesiones, valorización, grandes proyectos e impactos inducidos.

Observatorio de Transparencia y Participación, para expedientes, derecho de petición, Escazú y cumplimiento institucional.

No necesitan comenzar como nuevas burocracias.

Buena parte de la información necesaria ya ha comenzado a construirse mediante las actuaciones descritas en este informe.

12.          CONCLUSIÓN: NUESTRA GRAN LUCHA ES QUE EL TERRITORIO TENGA LÍMITES ANTES DE QUE LOS DESCUBRAMOS POR EL DAÑO

Después de revisar todo el trabajo adelantado, existe una idea que conecta cada una de estas luchas.

Durante demasiado tiempo, gran parte de la planificación territorial ha funcionado bajo una lógica reactiva.

·        Descubrimos que falta agua cuando aparecen dificultades de abastecimiento.

·        Que falta capacidad de relleno cuando el vaso está por llenarse.

·        Que una PTAR es insuficiente después de urbanizar.

·        Que una vía induce ocupación después de construido el corredor.

·        Que un destino turístico está saturado cuando el ecosistema ya muestra deterioro.

·        Que existe riesgo cuando las familias ya habitan la zona amenazada.

Nuestra principal propuesta es cambiar esa lógica.

Planificar significa reconocer los límites antes de superarlos.

Ese ha sido el sentido común de buena parte de las actuaciones desarrolladas desde el Consejo de Cuenca, CISER, la veeduría ciudadana y el ejercicio individual del control social.

No se trata de impedir el desarrollo.

Se trata de impedir que llamemos desarrollo a decisiones que simplemente trasladan costos ambientales hacia el futuro.

Defender Tatayamba significa entonces defender una forma distinta de decidir.

·        Que antes de autorizar una urbanización se pregunte por el agua.

·        Que antes de promocionar nuevos visitantes se mida la capacidad de carga.

·        Que antes de cerrar un relleno exista una alternativa.

·        Que antes de construir una carretera se comprendan sus efectos territoriales.

·        Que antes de imponer valorización pueda demostrarse el beneficio.

·        Que antes de intervenir un ecosistema exista información.

·        Y que antes de tomar una decisión que puede afectar a miles de ciudadanos, estos tengan una oportunidad real de conocerla y participar.

Ese es probablemente el mayor resultado de esta etapa:

haber demostrado que el control ciudadano puede pasar de reaccionar frente al daño a intentar anticiparlo.

El río Tatayamba nos recuerda diariamente que los límites políticos son artificiales frente al funcionamiento de la naturaleza.

El agua que nace en un municipio abastece otro.

Los residuos producidos en una ciudad terminan en otra.

Las carreteras construidas en un departamento transforman toda la región.

Las decisiones urbanísticas tomadas sobre una quebrada pueden sentirse kilómetros aguas abajo.

Por ello, nuestra gran lucha ambiental por el territorio puede resumirse finalmente en cinco palabras:

AGUA, INFORMACIÓN, PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN Y TERRITORIO.

Agua, porque sin ella ninguna economía ni comunidad puede sobrevivir.

Información, porque sin evidencia no existe control serio.

Prevención, porque cuando el daño ambiental se materializa muchas veces ya es demasiado tarde.

Participación, porque las decisiones sobre el territorio no pueden pertenecer únicamente a los despachos que las autorizan.

Y territorio, porque finalmente todas estas discusiones ocurren sobre un mismo espacio físico, limitado y compartido.

Tatayamba no necesita que la defendamos solamente cuando aparezca una emergencia. Necesita que aprendamos a leer sus límites antes de producirla. Esa es la esencia de nuestra rendición de cuentas y también la agenda que proponemos para los años que vienen.

 

Cordialmente,

 

 

LUIS ALBERTO VARGAS BALLEN

Presidente
Consejo de Cuenca del POMCA del río La Vieja – TATAYAMBA
Cel. 314 210 5325

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[1] Nación Quimbaya, Territorio Burila, Cuenca del Río Tatayamba, julio de 2026