LAS FALSAS ENTREGAS DE VIVIENDA DEL FONDO MILAGRO. NO MÁS SHOWS CON LAS NECESIDADES DE LOS DAMNIFICADOS.

Circasia Tierra de Hombres Libres, Montañas del Territorio Burila, cuenca del Río Tatayamba, noviembre 12 de 2026

Oficio 2026-88

 

 

Señores:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – Despacho del Ministro

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – Despacho del Ministro (Jaime Andrés Beltrán Martínez)

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX (Vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Milagro)

FONDO MILAGRO – Gerencia General (Jaime Andrés Uribe Tamayo)

CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – CAMACOL NACIONAL Y AGENCIA QUINDÍO – Presidencia / Dirección Ejecutiva

CONSTRUCTORA CAMÚ S.A.S. (y/o empresas constructoras vinculadas a los proyectos entregados, como el proyecto Cavanná)

 

Con copia e intervención preventiva y fiscal a:

  • CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – Despacho del Contralor General / Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico / Gerencia Departamental Colegiada del Quindío
  • PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública

 

 

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON FINES DE CONTROL SOCIAL Y AUDITORÍA CIUDADANA sobre la adquisición, contratación, pago y entrega de viviendas en Armenia, Quindío, en el marco de la reconstrucción por el sismo del 10 de agosto de 2026.

SOLICITUD DE APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL POR POSIBLE HECHO CUMPLIDO Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA INSTITUCIONAL.

 

 

La Veeduría Cívica Armenia y Quindío en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, reglamentado por la Ley 1755 de 2015, y en desarrollo de los derechos de acceso a la información pública y control ciudadano establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la Ley 850 de 2003, acudo respetuosamente ante sus despachos con el fin de solicitar información detallada, soportes documentales y explicaciones jurídicas, financieras y técnicas sobre el estado de la reconstrucción de vivienda y respecto a los recientes anuncios y actos protocolarios de entrega de viviendas a familias damnificadas en la ciudad de Armenia, Quindío.[1]

I.                   ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS FÁCTICOS (Denuncia de Simulación de Entregas)

  1. Tras el sismo del 10 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional creó el Fondo Milagro mediante el Decreto 1379 de septiembre 09 de 2026, administrado por Fiducoldex[2] para gestionar recursos de reconstrucción.
  2. Falta de Planificación: el Fondo Milagro administrado por Fiducoldex) carece de un plan estructurado y de rendición de cuentas pública que haya sido debidamente publicado y anunciado al universo de ciudadanos residentes en las zonas afectadas.
  3. Montaje Mediático: El 11 de noviembre de 2026 funcionarios nacionales y locales realizaron actos públicos en Armenia anunciando la supuesta entrega de las primeras (ocho o diez) viviendas[3] (en proyectos como Cavanná de Constructora Camú S.A.S., inmuebles que no habrían sido pagados ni adquiridos formalmente por el Estado, sino exhibidos como un acto publicitario y show mediático para tapar la incapacidad gubernamental para adelantar una debida y oportuna gestión.
  4. Existen denuncias ciudadanas y aún de alcaldes y congresistas[4] sobre la falta de ejecución real, demoras contractuales, topes de costos elevados y opacidad con constructores privados. Se busca determinar si estas entregas cumplen con la legalidad o configuran un hecho cumplido sin respaldo presupuestal previo.
  5. Cifras de Ejecución: De los $624.656 millones asignados al Fondo Milagro, solo se ha ejecutado el 1,2 % ($7.440 millones) en demoliciones y consultorías.
  6. Conflicto de Intereses: Se evidencia un presunto conflicto al coincidir la representación legal de Constructores Camú S.A.S. con la presidencia de la junta directiva de Camacol Quindío, la cual debe ser investigada y resuelta

II.                 RESUMEN DE INCONSISTENCIAS ENTRE EL DISCURSO OFICIAL Y LA REALIDAD CONTRACTUAL

Contraste en las entregas de vivienda: Mientras el Ministerio de Vivienda anunció[5] ceremonias de entrega de llaves y nuevas viviendas a familias damnificadas en Armenia, las versiones de constructores y denuncias de control político[6] señalan que se trató de meros actos de exhibición o asignaciones simbólicas sin títulos de propiedad ni contratos perfeccionados.

Baja ejecución presupuestal: De acuerdo con los datos expuestos en el Congreso por la representante Cathy Juvinao, de los $624.656 millones disponibles para el fondo, solo se ha contratado un 1.2 % ($7.440 millones) enfocado exclusivamente en demoliciones y consultorías, sin reportar contratos de construcción o adquisición de vivienda nueva.

Patrón de actos sin respaldo jurídico ("hechos cumplidos"): Se documentan antecedentes donde eventos públicos y demoliciones se iniciaron formalmente antes de que se expidieran los manuales de contratación o los soportes jurídicos del Fondo Milagro[7].

Opacidad en la fiducia: La entidad fiduciaria encargada de administrar los recursos (Fiducoldex) ha presentado reservas de información sobre la gestión administrativa y los salarios de sus directivos, dificultando la veeduría ciudadana sobre el uso real del presupuesto asignado[8].

Requisitos Legales Previos. Toda entrega formal de vivienda con recursos públicos (como se evidencia en los reportajes de prensa adjuntos) requiere obligatoriamente al menos: contar con CDP y RP vigentes, estudios previos, avalúos, contrato legalizado, censo verificado en el Registro Único de Damnificados (RUD), actos administrativos y cartas de asignación de los subsidios, escrituras públicas o títulos de tenencia legítimos, y actas de entrega perfeccionadas.

Estos elementos configuran presuntas irregularidades en la simulación de actos administrativos y entregas definitivas que deberán ser auditadas, verificadas y sancionadas por los organismos de control competentes.

III.               PETICIONES ESPECÍFICAS A LAS ENTIDADES PÚBLICAS (DOCUMENTACIÓN PARA AUDITORÍA CIUDADANA)

Se solicita, en el término de 10 días hábiles (Ley 1755 de 2015), copia de los siguientes documentos:

  1. Plan de acción, presupuestos y metas del Fondo Milagro - Fiducoldex.
  2. Copias de los CDP, RP y giros previos a las entregas de viviendas del 11 de noviembre de 2026, y certificaciones de entrega a los beneficiarios presentados.
  3. Selección y Contratación: Estudios previos, avalúos, análisis del mercado y cotizaciones / ofertas de Camú y constructoras en Armenia; justificación de la elección de Constructora Camú S.A.S., términos de referencia y modalidad contractual; y convenios o actas de participación de miembros de Camacol Quindío.
  4. Contratos y Pagos: Minutas contractuales con Fondo Milagro/Fiducoldex, Minvivienda y Camú; desglose de precios por unidad, área y subsidios; certificados de tradición y títulos de los inmuebles y órdenes de giro expedidos por Fiducoldex y Minhacienda[9].
  5. Estado Jurídico: Certificados de Tradición y Libertad; escrituras públicas o figura jurídica de entrega (comodato, tenencia); licencias de construcción, disponibilidad de servicios públicos y certificados de habitabilidad.
  6. Beneficiarios: Criterios de priorización de las familias y resultados de verificación en el Registro Único de Damnificados (RUD), calificación en el Sisben IV y puntajes de NBI. Actos de asignación de los subsidios, actas de entrega de las viviendas.

IV.              REQUERIMIENTOS A LOS PRIVADOS (CAMACOL QUINDÍO Y CONSTRUCTORA CAMÚ S.A.S.)

  1. Aclarar si los apartamentos exhibidos el 11 de noviembre de 2026 fueron enajenados a las entidades responsables de la reconstrucción, precios pagados, forma de pago pactada, actas de entrega a los beneficiarios mostrados en publicaciones oficiales, o si es una mera tenencia / comodato.
  2. Remitir los convenios o acuerdos con el Gobierno Nacional / Fondo Milagro, ofertas, promesas de compraventa y otros.
  3. Certificar el periodo directivo cruzado, adjuntar actas de junta con declaración de impedimentos y detallar la igualdad de condiciones de Camu SAS frente a otros constructores del Quindío afiliados o no al gremio Camucol.

V.                 SOLICITUD EXPRESA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En ejercicio del derecho de petición y el deber ciudadano de velar por la moralidad administrativa (artículo 277 de la Constitución Política y Ley 1952 de 2019), se solicita a la Contraloría General de la República / Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico / Gerencia Departamental Colegiada del Quindío, iniciar Actuación Especial de Fiscalización al Minvivienda, Fondo Milagro y Fiducoldex, revisión de posibles hechos cumplidos, detrimento patrimonial y posibles sobrecostos en VIS/VIP.

  1. Control Fiscal: Iniciar indagación preliminar sobre los recursos del Fondo Milagro, Fiducoldex y Minvivienda en Quindío.
  2. Hecho Cumplido: Auditar si hubo entregas sin selección objetiva, sin manuales vigentes o con sobrecostos VIS/VIP, o adquisiciones “de boca” sin el lleno de los documentos contractuales legales.
  3. Responsabilidad: Evaluar responsabilidades de directivos de Fiducoldex y Fondo Milagro por omisión de requisitos legales.

VI.              SOLICITUD EXPRESA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En ejercicio del derecho de petición y el deber ciudadano de velar por la moralidad administrativa (artículo 277 de la Constitución Política y Ley 1952 de 2019), se solicita a la Procuraduría General de la Nación (Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y Regional del Quindío) adelantar de forma inmediata indagación disciplinaria por presunta simulación de entregas, investigar el conflicto de intereses gremial y requerir el cese de obstrucción a la información en Fiducoldex y Fondo Milagro.:

  1. Apertura de Indagación Previa Disciplinaria: Investigar al Ministro de Vivienda, al Gerente del Fondo Milagro y demás funcionarios participantes en los actos del 11 de noviembre de 2026 en Armenia, por presunta simulación de entregas definitivas de vivienda y publicidad engañosa institucional que vulneraría los principios de moralidad y eficacia (artículo 209 de la Constitución).
  2. Investigación por Irregularidades Contractuales: Indagar el compromiso de recursos y anuncios de entrega de bienes sin cumplir los requisitos de selección objetiva, ni disponibilidad presupuestal, verificando el bajo nivel de ejecución frente a los actos de intervención realizados en Armenia.
  3. Control por Opacidad en la Fiducia: Requerir a Fiducoldex y a la Gerencia del Fondo para que cesen las negativas de acceso a información pública (vulnerando la Ley 1712 de 2014), específicamente sobre la planta de personal y los soportes de los beneficios habitacionales anunciados.
  4. Vigilancia Preventiva en Asignaciones: Ejercer función preventiva en los convenios con gremios (Camacol Quindío) y constructoras en el Quindío para asegurar la transparencia y objetividad en la priorización de los beneficiarios del Registro Único de Damnificados (RUD).

VII.            FUNDAMENTOS DE DERECHO Y ADVERTENCIA SOBRE RESERVA LEGAL

  • Normativa: Artículos 23, 74 y 209 de la Constitución Política; Ley 1755 de 2015; y Ley 1712 de 2014 sobre máxima publicidad de patrimonios autónomos como Fiducoldex y Fondo Milagro.
  • Inoponibilidad de reserva: Conforme a la jurisprudencia constitucional (C-274 de 2013, T-487 de 2017) y la Ley 1755, no es oponible la reserva comercial o bancaria sobre recursos públicos.

VIII.          NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y LOS PARTICULARES INTERVINIENTES

Las entregas de viviendas y actos promocionales realizados por directivos del Fondo Milagro, el Ministerio de Vivienda, Fiducoldex, Camacol Quindío y Constructora Camú S.A.S. sin surtir selección objetiva ni respaldos presupuestales configuran transgresiones normativas, destacando:

  1. Constitución Política de Colombia: Infracción del artículo 209 (principios de la función administrativa), artículos 345 y 346 (prohibición de erogaciones sin presupuesto previo y CDP/RP) y el artículo 6 (responsabilidad por infracción y omisión).
  2. Normativa Presupuestal y Contratación Pública: Incumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996, artículos 71 y 89 sobre "hechos cumplidos"), la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 (artículos 24, 25, 41 y el régimen del patrimonio autónomo en el artículo 13), al omitir la selección objetiva, estudios previos y requisitos de perfeccionamiento contractual.
  3. Transparencia y Protección al Consumidor: Vulneración de la Ley 1712 de 2014 (publicidad y acceso a la información) y la Ley 1480 de 2011 (prohibición de información o publicidad engañosa hacia la población damnificada).

IX.              IMPLICACIONES PENALES, FISCALES, DISCIPLINARIAS Y ÉTICAS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARTICULARES

La participación en actos protocolarios carentes de sustento jurídico genera responsabilidades concurrentes:

  1. Implicaciones Penales (Código Penal - Ley 599 de 2000): Posibles tipificaciones por contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410), interés indebido en la celebración de contratos (art. 409), prevaricato por acción u omisión (arts. 413-414), falsedad en documentos públicos o privados (arts. 286 y 289) y peculado por aplicación oficial diferente (art. 399).
  2. Implicaciones Fiscales (Ley 610 de 2000 y Decreto Ley 403 de 2020): Gestión fiscal antieconómica y detrimento patrimonial que obligan al resarcimiento solidario con patrimonio propio y la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales.
  3. Implicaciones Disciplinarias (Código General Disciplinario - Ley 1952 de 2019): Faltas gravísimas para servidores y particulares que administran recursos públicos (artículos 54 a 57, 69 y 70), acarreando destitución e inhabilidades generales de 10 a 20 años.
  4. Implicaciones Éticas, Gremiales y de Competencia: Transgresión a la ética pública, revictimización de los afectados y posibles conflictos de interés o prácticas restrictivas de la competencia investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (Ley 1340 de 2009).

X.                 REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE CESE INMEDIATO DE ACTOS MEDIÁTICOS Y ADVERTENCIA DE ACCIONES LEGALES CONCURRENTES

Con fundamento en las normas presuntamente vulneradas y en las graves implicaciones penales, fiscales, disciplinarias, administrativas y éticas expuestas en los capítulos precedentes, desde la Veeduría Cívica Armenia y Quindío formulamos los siguientes requerimientos perentorios esperando su acatamiento:

A.        Requerimiento especial a funcionarios públicos y directivos del Patrimonio Autónomo

Se requiere de manera perentoria al Presidente y su esposa, al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Gerente del Fondo Milagro, a directivos de Fiducoldex, del Ministerio de Hacienda y a sus subordinados, abstenerse de realizar actos protocolarios, entregas simbólicas o ruedas de prensa sobre viviendas que carezcan de contratos perfeccionados, CDP, RP y títulos jurídicos válidos, así como de instrumentalizar la vulnerabilidad de las familias damnificadas por el sismo del 10 de agosto de 2026 con fines propagandísticos y de ocultamiento de las falencias gubernamentales para presentar un show mediático de supuesto avance.

B.        Requerimiento especial a particulares (Gremios y Constructoras)

Se insta a los directivos de Camacol, a las Constructoras y otros gremios (así como a firmas participantes) a cesar la práctica de facilitar unidades habitacionales sin respaldo contractual para montajes institucionales, shows mediáticos, puestas en escena, así como a eliminar comunicados o piezas publicitarias que induzcan a error a la ciudadanía sobre la legalidad de dichas adjudicaciones.

C.       Advertencia formal de denuncia y activación de acciones judiciales

Se advierte a los destinatarios que este requerimiento constituye constancia previa.

De persistir en los actos mediáticos o la simulación de entregas, la Veeduría interpondrá de inmediato acciones ante las autoridades competentes, que incluyen:

  1. Fiscalía General de la Nación: Denuncia penal por contratos sin requisitos legales, prevaricato o falsedad documental.
  2. Contraloría General de la República: Denuncia fiscal y solicitud de responsabilidad patrimonial.
  3. Procuraduría General de la Nación: Queja disciplinaria por infracción a deberes funcionales.
  4. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Denuncia por publicidad e información engañosa al consumidor (Ley 1480 de 2011) y colusión.
  5. Acciones Constitucionales: Tutelas y Acciones Populares en defensa de la moralidad administrativa y los derechos de los damnificados.

XI.              NOTIFICACIONES

Solicito remitir las respuestas y comunicaciones al correo: veeduriaarmeniayquindio@gmail.com

Atentamente,

LUIS ALBERTO VARGAS BALLÉN
Ciudadano y veedor ambiental y urbano
Miembro del Consejo de Cuenca del río La Vieja Tatayamba



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